Elecciones en Cuba.


José Gabriel Barrenechea.

En lo que aquí nos ocupa, el sistema electoral hoy vigente en Cuba, no es necesario entrar en comparaciones con aquel o este otro, y en particular con el norteamericano, para conseguir valorarlo. Un más productivo método consiste en observar si cumple con las funciones para las que esos mismos dirigentes y sus intérpretes insisten se lo diseñó. Porque un sistema electoral no es una divinidad o un tótem, sino tan solo un mecanismo que nos sirve para algo. En este caso, según admiten nuestros mismos gobernantes y sus publicistas, permitir que el soberano, o sea, el conjunto de todos los ciudadanos a los que no se les han retirado sus derechos políticos, pueda elegir a sus mandatarios.

Y para valorar a cabalidad ese cumplimiento o no de nuestro sistema electoral con la función para la que supuestamente se lo diseñó, nada mejor que comprobar si este permite que representantes de corrientes de pensamiento diferentes de las de quienes ahora detentan el poder, lleguen a ocuparlo por la vía electoral. Porque es evidente que nada demostrará con más claridad esa soberanía real de los ciudadanos, que la constatación de que estos tienen la potestad de desplazar del poder, electoralmente, a corrientes de pensamiento con las que la mayoría no coincide.

Las trabas para el acceso al poder de esas corrientes de pensamiento diferente comienzan ya con las restricciones a la libertad de reunión. Porque en Cuba se permite la reunión, ello es innegable, pero siempre dentro de organizaciones de masas y sociales que no difieran de la visión particular del gobierno sobre el asunto que ha dado lugar a la asociación (artículo 54 de la Constitución de la República vigente); excepción hecha, por motivos evidentes, de las organizaciones religiosas.

La reunión en organizaciones políticas otras que el Partido Comunista de más está decirse que se encuentra absolutamente prohibida.

En específico en la primera etapa de nuestro proceso electoral, en que los electores en asambleas públicas en sus barrios nominan a sus candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AAMM del PP), una de las trabas, la más evidente, se encuentra en que estos tienen la libertad de elegir no entre propuestas de gobierno, sino que, como enfáticamente establece el artículo 171 de la Ley Electoral: el “elector solo tomará en cuenta, para determinar a favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo”. Lo que es evidente que en cualquier selección debe ser tomado en cuenta por este, pero que de ninguna manera puede ser lo único a valorar. Constituye, digamos así, el fondo que debe considerar para prever en lo posible si el programa que se le presenta, que es en un final lo que le importa, no es más que un embeleco, una cortina de humo para treparse en el poder.

Al afirmarse que de esa manera se ha liberado al proceso electoral cubano de “toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería”, de hecho no se está más que presentando a todo pensamiento diferente, que solo tendrá su particular programa para individualizarse y en consecuencia visibilizarse ante el elector, como una expresión de esas lacras. En consecuencia, las normas y principios éticos en que se basa el proceso electoral cubano solo le dejan al elector la posibilidad de elegir entre individuos incondicionales al actual gobierno. Cualquiera que recorra la Isla de una punta a la otra, leyendo la única propaganda electoral permitida en el país: las biografías de los nominados, podrá comprobarlo. Con igual machaconería se repite en todas estas propagandas electorales,desde una punta de la Isla hasta la otra,el mismo glosario de pertenencias a organizaciones estatales o paraestatales, de monásticos sacrificios por el bien de la Causa, de absoluta incondicionalidad a los dictados, caprichos o perretas de los Líderes Indiscutibles.

En la segunda etapa, esta limitación “ética”, unida a la más arriba mencionada limitación a la libertad de reunión, pasan a un segundo plano. De que no llegue a existir ni la más remota posibilidad de que alguien consiga integrarse al gobierno, a pesar de su pública postura de no concordancia total y absoluta con el mismo, o de que alguien llegue a apartarlo e imponer en su lugar su propia línea de pensamiento, se ocupan las Comisiones de Candidaturas.

El Sistema Electoral Cubano choca de lleno, en esta segunda etapa, con los problemas que genera de la imposibilidad de hacer campañas, o de armar agrupaciones políticas. Porque si bien en el sistema de elección de delegados de barrio el elector vota por alguien que conoce, de quien está en capacidad de conocer “sus condiciones personales, su prestigio… su capacidad para servir al pueblo”, esto ya no ocurre al nivel de la elección de un diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (AN del PP), o de un delegado a cualquiera de las quince Asambleas Provinciales del Poder Popular (AAPP del PP), en que se implican cuando menos cinco mil electores y por lo general varias decenas de miles (ver capítulo V, del Título I, de la Ley Electoral). Cómo resulta imposible el congeniar por los mismos ciudadanos, a la manera que en la etapa anterior, una candidatura entre tal cantidad de personas, pertenecientes a decenas de barrios aislados, las Comisiones de Candidaturas aparecen para, como su nombre lo indica, preparar las propuestas de candidaturas requeridas para cubrir los cupos legislativos a nivel provincial o nacional.

Observemos, no obstante, que al crear dichas Comisiones no se soluciona el problema para el que fueron creadas, más bien se lo pasa a otro nivel, y se crea de paso un círculo vicioso teórico.

Aclaremos antes de continuar que las Comisiones las integran representantes de: La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Que las preside un representante de la CTC, y que dichos representantes no son electos por las bases de dichas organizaciones, sino designados por sus dirigencias respectivas a nivel de municipio, provincia o país.

Esto último resulta significativo. Porque si como hemos dicho las Comisiones tienen como pretendida función salvar al proceso electoral cuando los electores se cuentan por decenas de miles, mediante la creación de un órgano postulante para dichos niveles ya no dé barrio, a la larga lo que hacen en verdad es trasladar el problema hacia la propia elección de dichas Comisiones, o más claramente, hacia la de las dirigencias de las organizaciones respectivas que las designan.O sea, dentro de cada una de las 6 organizaciones citadas, debería existir el mismo problema que en el proceso electoral, y la misma necesidad de Comisiones, ahora de segundo orden.

Me explico usando a los CDR, la más plural de las 6 organizaciones citadas, tan plural que de hecho engloba en sus filas a un número de personas algo mayor que el de electores (se accede a los CDR a los 14 años, la edad mínima para ejercer el voto es sin embargo de 16). Preguntémonos, ¿cómo pueden elegir directamente los cederistas de los barrios a sus representantes municipales o provinciales o nacionales?, o sea, a los encargados a su vez de seleccionar a sus representantes en las Comisiones de esos mismos niveles.

Esto es evidentemente imposible, aun en pequeños municipios. Una asamblea de delegados de barrios,en que cada uno tenga derecho a un voto, pero con las omnipresentes restricciones a la asociación política de los mismos alrededor de un programa de gobierno, no puede ser la solución porque en ese caso las propuestas serían incontables, y luego elegir a alguien que obtenga la mitad más uno necesaria para legitimarlo resultará en la práctica imposible. Solo queda crear a su vez otro nuevo órgano postulante: una nueva Comisión de Candidatura, de segundo nivel, que se ocupe de elaborar una lista de candidatos a dirigentes del CDR al nivel respectivo.

En la realidad el círculo vicioso no se da por la muy sencilla razón de que las Comisiones no son más que tapaderas. Es la cúspide del estado y del partido la que coopta a sus candidatos a diputados a la AN del PP; es dicha cúspide y la de las provincias respectivas quienes consensuan las candidaturas de Delegados a las AAPP del PP. Candidaturas todas que luego se le presentarán en referendo a los votantes.

Porque dejemos claro que no puede hablarse de elección, cuando en la boleta que recibe el ciudadano para ejercer su derecho al voto, ¡solo aparece un candidato por puesto legislativo a ser ocupado! Pero incluso no cabe tampoco catalogar al proceso de referendo, si se sabe que en el mismo solo se reconocen como válidas las boletas que el elector ha marcado por al menos uno de los candidatos, y por el contrario se declaran nulas las que hayan sido dejadas en blanco.

Al invalidar las boletas en blanco el proceso deja de ser un referendo para convertirse en farsa abierta. Porque resulta imposible que sea derrotada una propuesta en que, a la hora de votar,  solo son tenidas en cuenta las boletas en que se ha votado por el candidato único a una curul legislativa.

No en balde, desde que el sistema fuera adoptado en 1993, nunca se ha dado el caso de un solo candidato a diputado, o delegado a las AAPP del PP, que no haya resultado finalmente electo. ¡Y hablamos de 5 elecciones, con más de 600 diputados y casi 1000 delegados puestos a consideración de los electores en cada una!

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