Teatrología Electoral Cubana V.


José Gabriel Barrenechea.

En todo referéndum en que se juegue limpio se dan siempre dos opciones válidas: aprobar o desaprobar. Si la suma total de votos desaprobatorios supera a los aprobatorios, o como en otros sistemas electorales, si el número de votos desaprobatorios supera la mitad del total de votos emitidos, se considera a esta opción la vencedora, y a la propuesta llevada a referéndum rechazada. O sea, de esta forma quien pone a referéndum juega limpio, ya que deja abierta la opción de perderlo, al aceptar como voto válido el voto desaprobatorio.

Mas en el “referéndum” en que las AAMM del PP cubanas exponen a sus votantes sus propuestas de candidaturas a Delegados a las AAPP del PP, y de Diputados a la AN del PP, no se le deja abierto más que un parcial resquicio a dicha opción. Lo que ocurre al dejarle a los votantes una única posibilidad válida, la de marcar con una “x”, y convertir a la otra, la de dejar en blanco (ya que no hay ninguna casilla para oponerse a la propuesta), o voto por completo contrario a la propuesta, en voto no válido.

La trampa está en que aunque solo existe un candidato por plaza, sin embargo los electores son siempre convocados a votar por varios miembros de la asamblea legislativa en cuestión. O sea, la boleta del elector siempre contiene el nombre de más de un candidato a ser ratificado. De este modo se logra darle la impresión al que mira el proceso desde la distancia de que se selecciona (y en un número considerable de casos se logra lo mismo con el propio elector, perdido en un sistema electoral harto complejo), cuando en realidad cada uno de los que está en la boleta no compite con los otros, sino que solo espera ser ratificado en su plaza legislativa. Pero sobre todo, de esta manera se complejiza todo el proceso para que el escamoteo del voto contrario a la propuesta, como válido, no sea notado.

En fin, que se trata de esconder el hecho de que, como las boletas válidas son solo aquellas en que se haya votado por todos los nominados, o por alguno, la propuesta total nunca se podrá considerar por completo derrotada, dándose, eso sí, la poco probable situación (y nunca dada, por cierto) de que alguno de los singulares nominados obtenga menos del 50 % de los votos admitidos como válidos.

Tan particular mecanismo electoral permitiría, por ejemplo, los siguientes disparates (o mejor, fraudes): Que en un municipio en que hayan dos candidatos en boleta se diera como resultado el 100% del voto válido, sin haberse faltado a la más escrupulosa verdad, si el 80% del electorado decidiera votar en blanco por oponerse a la propuesta completa, o al sistema político mismo, pero el restante 20 % votara por todos los candidatos (voto unido); que en un municipio semejante donde hubiera un particular rechazo por uno de los dos candidatos, si un 30 % de electorado, muy comprometido con las campañas del gobierno, se decidiera por el voto unido, y un 29 % lo hiciera solo por el otro candidato, mientras el 41 % restante dejara en blanco, nuestro impopular hombre saldría electo con más del 50 % del voto válido, pero en verdad con solo el 30 % del voto popular.

¿Pero qué ocurriría en el muy improbable caso de que alguno de los candidatos no consiguiera obtener la mayoría simple de las boletas válidas?

Quizás en ningún otro lugar se pueda percibir con más claridad la absoluta intención de los detentadores presentes del Poder de no dejar ningún cabo suelto, o camino por el que cualquiera llegue a desplazarlos de allí, que en lo legislado para este caso.

El artículo 125 establece que en el supuesto de que “queden plazas vacantes por cualquier causa, se concede al Consejo de Estado las facultades siguientes: a) dejar la plaza vacante hasta las próximas elecciones generales, b) asignar a la AAMM del PP, constituida en Colegio Electoral, la función de elegir Delegado a la AP o al Diputado a la AN del PP, c) convocar nuevas elecciones”.

O sea, que en primer lugar no es obligatorio consultar de nuevo a unos electores tan reacios, y en segundo que la absoluta potestad de determinar si se les consulta o no, si se dejan las plazas vacías o no, no depende del máximo órgano electoral, la Comisión Electoral Nacional, sino del Poder Ejecutivo. ¡Y esto a pesar que por su propio mecanismo de designación dicha Comisión depende por completo del Consejo de Estado, y por tanto debía ser absolutamente confiable!

Que el voto en blanco es considerado no válido, lo demuestra una rápida lectura del artículo 116 de la Ley Electoral, en especial en el siguiente fragmento: “…así como, en paquetes separados y debidamente sellados y rotulados, las boletas válidas, las votadas en blanco, las anuladas, las no utilizadas…”, o una más detenida de los artículos 113 y 114. En estos artículos se establece, de manera nebulosa no obstante, que para el acto del escrutinio público se separan en un primer momento las boletas en blanco de las que aparecen votadas, y que es del cómputo de estas últimas, tras separar las que anule la Mesa del Colegio Electoral por no conseguir determinar la voluntad del votante, que se obtiene la votación obtenida por cada uno de los candidatos.

Es en definitiva tan evidente el escamoteo del voto en blanco, que en nuestra Ley Electoral el legislador no se atreve, como en cualquier otra, a hacer explícito en un solo artículo cuál es para ella el voto válido, dejando su definición implícitamente camuflada en varios artículos del Título VI, Capítulo I, sección tercera.

El proceso electoral entra tras dicho teatro en su último acto, cuando dentro de un término no mayor de 15 o 45 días a partir del momento de la casi segura sanción positiva de sus candidatos por los electores, se constituyen respectivamente las AAPP del PP y la AN del PP.

Aquí se da de nuevo la interferencia de las Comisiones de Candidaturas en la elección de las autoridades de estas dos asambleas, con nuevos proyecto de candidaturas. En el de la AN del PP es significativo que por tan poco democrático procedimiento resulten propuestos no solo su Presidente, Vicepresidente o Secretario, sino también el Consejo de Estado en pleno, desde el menos poderoso de sus miembros hasta su Presidente. Y sostenemos que por tan poco democrático procedimiento, ya que aunque a los Diputados les es dado impugnar a uno o a varios de los integrantes de un proyecto de candidatura (no todo el proyecto, no obstante), solo pueden hacerlo de modo público y a mano alzada; lo que en el particular contexto político cubano implicaría para el que se arriesgara a tal un suicidio ya no solo político, sino social, económico y en general de todo tipo.Ley Electoral - 2 Ley electoral - 3

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