Propuesta de Transición a la Democracia para la Isla de Cuba: (publicado en «Cuadernos de Pensamiento Plural» No.2)


José Gabriel Barrenechea.

Fundamentación:
La Revolución que triunfó en Cuba en enero de 1959, con fines de saneamiento moral de una administración pública que aún arrastraba la mala herencia colonial española; redistributivos y por consiguiente de mejoramiento social; de sustitución del modelo económico basado en la exportación de ingentes cantidades de azúcar moreno; y por último, de reivindicación de la posición nacional en el tejido del poder mundial, ante el perturbador peso que significaban los EE.UU. a la vista misma de nuestras costas, envuelta ella misma en la atmósfera de una época en que los movimientos revolucionarios tendían a menospreciar el estado de derecho y los métodos de representación parlamentaria, no terminó en consecuencia de reinstaurar el marco legal dentro del que debían de haberse llevado a efecto esos fines: la Constitución de 1940.
Esta violación de lo que constituía un reclamo general de la sociedad cubana, y a pesar de la pronta aprobación de medidas que como las rebajas de precios y alquileres, de reforma urbana y agraria, incondicionalizarón con el gobierno revolucionario a amplios sectores, le ganó sin embargo la oposición abierta de otros, no solo “oligárquicos”, sino también y fundamentalmente entre las nutridas clases medias, significativas partes del potente movimiento obrero cubano, las juventudes católicas y el campesinado, sobre todo el villareño.
En la consiguiente y consecuente Guerra Civil, los contrarios en disputa terminaron aliándose a cada uno de los superpoderes enfrentados en la Guerra Fría a que las circunstancias, más que las preferencias ideológicas, los acercaron. Alianzas que los llevaron a su vez a extremar sus posiciones iniciales hasta límites insospechados.
Así, pronto se perdió el tino en el bando antigubernamental, y al ser el más desprotegido, el que no tenía el control del estado y la economía, debió en buena medida subordinarse a los dictados de los órganos de inteligencia norteamericanos, al mismo tiempo que continuaba con los métodos terroristas y de golpe de mano que habían caracterizado la lucha antibatistiana en las ciudades.
Lo mismo por su parte sucedió en el bando contrario, el revolucionario, que aunque por su posesión del estado y la economía, y por los 9550 kilómetros que separan a La Habana de Moscú, pudo durante sus primeros diez años mantener la independencia, a partir de 1970 debió renunciar a buena parte de su política exterior independiente, y adoptar en lo interno el modo de organización económico, legal y hasta cultural y social de los países del bloque soviético. Todo ello para obtener y luego conservar lo logrado el 23 de diciembre de 1972, en medio del escenario de caos económico que habían dejado el Embargo norteamericano y los experimentos socio-económicos de transición acelerada al comunismo de la década anterior.
Hoy, no obstante, a 22 años de la desaparición de la URSS y del fin de la Guerra Fría; con los más jóvenes actores de los acontecimientos de 1959 ya septuagenarios; con unos EE.UU. que ya no son el superpoder incontrastable que eran más acá del “telón de acero” en aquella fecha, sino el más poderoso estado de un mundo que camina con rapidez hacia la multipolaridad, incluso al interior del mismo continente americano; y con una economía que ha cortado casi todos sus lazos de dependencia con dicha nación, excepto en el alimentario, se impone una rectificación de las políticas de menosprecio del parlamentarismo y lo constitucional, que llevaron a la fractura nacional, y posterior abismalización de la misma.
¿Y a quién corresponde dar ese paso sino al bando que a la larga terminó siendo el dueño absoluto del territorio nacional?
Propuesta:
Fundamentado en todo lo anterior, se propone a continuación el cronograma de una transición no al Capitalismo, sino a los objetivos iniciales de la Revolución. Una transición que podría iniciarse mañana mismo y que requeriría un plazo de dos años, de ponerse en práctica.
I-Un año de periodo para la completa vuelta a la Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959, en un cronograma claro en que la parte dogmática de la misma sea restablecida a lo máximo en 6 meses, y la orgánica en 11.
En las primeras reuniones del Consejo de Ministros, este deberá decretar con fuerza de ley constitucional lo siguiente:
1-Que todas las tierras obtenidas por particulares merced a la Primera Ley de Reforma Agraria (La Segunda solo estatalizó) se declaran inembargables.
2-Que todas las propiedades urbanas obtenidas merced a la Ley de Reforma Urbana, o a disposiciones semejantes posteriores, se declaran inembargables.
3-Que todas las propiedades expropiadas de 1959 hasta la fecha, en las que hoy día se brinde por el Estado, o por sus pseudo ong’s, un servicio de interés social, se declaran inembargables hasta la culminación del periodo de Transición.
4-Que toda la legislación laboral, o social establecida desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha, y vigente al momento de comienzo de la Transición se declara inderogable hasta su culminación.
5-Que en la República queda prohibido a perpetuidad el monopolio (entendido este como el control de más del 50 % de cualquier actividad económica o comercial), excepto el estatal en actividades en que el interés público dicte la necesidad de establecerlo, pero siempre sometido a la más absoluta fiscalización pública.
Además, a más tardar a los 9 meses el Consejo de Ministros deberá reinstaurar lo legislado en materia electoral por la referida Ley Fundamental, a la vez que la ley electoral vigente al atardecer del domingo 9 de marzo de 1952, tras haber realizado por comisiones designadas al efecto las modificaciones a las mismas que se requieran (por ejemplo, al presente es imposible constituir el Tribunal Supremo Electoral a la manera que establece la Ley Fundamental).
A más tardar a los 10 meses el Consejo de Ministros deberá votar los presupuestos del próximo año, apartando un porciento del mismo para la realización de elecciones.
A más tardar a los 10 meses y medio el Consejo de Ministros deberá aprobar una exhaustiva ley de financiamiento de los partidos políticos, y a su vez la creación de una comisión compuesta por dos relevantes figuras nacionales, y una extranjera, todas de probada honestidad, que controlarán tanto los fondos estatales, como la procedencia de los no estatales, destinados a dicha financiación (esta comisión deberá constituirse a más tardar a los 12 meses.)
II-Al cabo de un año, y en virtud de la Ley Fundamental vigente, el Consejo de Ministros permitirá que comience el proceso de inscripción de los partidos políticos.
En esta misma fecha el Consejo de Ministros deberá aprobar una ley en que se definan las cuotas de espacio o tiempo equitativos, de que podrán disfrutar dichos partidos en los medios públicos; excluyendo solamente de la obligación de distribución a los medios escritos que desde 5 años antes hayan funcionado declaradamente como órganos del PCC o de la UJC.
Dicha ley permitirá además la creación y difusión por los partidos de medios escritos propios. Sujeto su financiamiento a la supervisión de la comisión referida más arriba.
III-Al cabo de un año y seis meses, se llamará a reorganización de los partidos políticos.
IV-A los 2 años, se efectuarán elecciones generales para designar las autoridades que la Constitución del 40 estatuye.
Un día antes de la cesión de poderes a las nuevas autoridades electas el Consejo de Ministros deberá declarar la restitución plena de la Constitución del 40, con las modificaciones imprescindibles referidas a la actual división política administrativa, y las cinco leyes que, como anexos, fueron aprobadas al inicio del proceso de transición.
El Congreso, una vez electo, deberá inmediatamente después, y antes de cumplir cualquiera de sus demás deberes legislativos, reunirse para proponer las reformas mayores, sean específicas, parciales o integrales, que crean necesarias; proceso que deberá regirse escrupulosamente por lo legislado en los artículos 285 y 286 de aquella Constitución.
En esta variante, por tanto, el Congreso recién electo funciona más que nada como una Asamblea Constituyente. Así, en caso de que la reforma por el propuesta llegará a ser integral, implicaría casi seguramente la elección de nuevas autoridades, y por tanto su propia disgregación tras las consecuentes elecciones para elegirlas. Mas esto no se limitaría a las autoridades legislativas, sino también a todas las demás, desde las ejecutivas nacionales hasta la totalidad de las municipales y provinciales.

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