El relajo del Registro de Electores en Cuba.

1.

Tras las pasadas elecciones de noviembre el Registro de Electores fue reajustado a la baja. Se le quitaron casi 300 mil electores y con ello el por ciento de participación mejoró del 86 al 89.

Tres meses después, para estas elecciones del 11 de marzo, sospechosamente el Registro había recuperado esos casi 300 mil electores.

Luego, cuando pasa ese domingo 11 de marzo, y el por ciento de participación baja hasta el histórico 82%, se reajusta por tercera vez el Registro y una vez más los casi 300 mil electores se desvanecen.

¿A qué obedece este quita y pon? ¿A deficiencias en la elaboración del Registro, o a una burda maniobra para hacer más presentables los porcentajes de asistencia a urnas?

Recordemos que en Cuba el gobierno presume de la unidad monolítica del pueblo en apoyo a esa entelequia: La Revolución.  O sea, el pueblo en el discurso auto-legitimador del régimen castrista le es absolutamente incondicional a esa cúpula y los muchos lodos anexos que dejó atrás una Revolución que en todo caso no sobrevivió más allá de 1968. O por lo menos que le es absolutamente incondicional en un 98%, o un 95%, pero nunca en un 82%.

2.

Los últimos datos del Registro de Electores, presentados este domingo 18, rebajan el número de electores a 8 639 989 votantes.

Sin embargo, ese número de electores no resulta creíble.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en abril del 2014 éramos en Cuba 11 224 190 residentes permanentes, número que no ha variado significativamente de entonces acá.

De ellos 2 033 549 tenían menos de 16 años cumplidos, la edad a partir de la cual se puede ejercer el derecho al sufragio activo, y 9 190 641 tenían 16 o más.

Por tanto, si al número de ciudadanos cubanos con edad suficiente para votar le restamos el presentado este domingo por la Comisión Electoral Nacional, obtendremos la cifra de 550 652 individuos que aunque con más de 16 no aparecen sin embargo en el Registro. Un número considerable, que equivale al 6% de las personas en Cuba mayores de edad y con derecho al voto.

O sea, 1 cubano en edad de votar, de cada 17, o poco menos, no está incluido en el Registro.

Pero en Cuba solo quedan incapacitados del derecho al sufragio activo los privados de libertad, que si creemos al propio gobierno no llegan a 91 906, o sea, menos del 1% de la ciudadanía que por su edad debería tener ese derecho; y los incapacitados mentales. En este caso solo los casos severos, ya que aquí es bien conocido votan hasta los mayores de 100 años, por lo cual el conjunto de los declarados incapacitados mentales si acaso adicionarían un 2% a nuestro cálculo.

Falta por tanto algo más de un 3%. Más o menos los 300 mil que constantemente son adicionados y restados al Registro.

3.

En todo caso, ¿qué explica esos continuos errores en la conformación del Registro, que sube y baja continuamente, en cifras significativas y casi de un mes para otro?: Una de dos, o que los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) ya no funcionan nada bien, o que ha habido manipulación, intencionada, valga la redundancia, del Registro.

El caso es que en Cuba todos debemos tener una dirección, la cual va incluida en el carnet de identidad obligatorio, e imprescindible para casi cada gestión, desde subir a un ómnibus nacional hasta comprar ciertas medicinas. Esa dirección a su vez debe estar registrada por el CDR en que usted vive, pertenezca usted o no a dicha organización. Y es precisamente en base a ese Libro de Registro de Direcciones de cada CDR que se elabora el Registro de Electores.

O sea, en Cuba existe un muy bien montado sistema de control, para determinar el número de votantes, y su ubicación, que solo podría fallar en caso de que la organización encargada de hacerlo funcionar, el CDR, hubiese dejado de marchar como debiera…

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Almagro y las instrucciones de las Boletas electorales

Este 11 de marzo los electores cubanos se enfrentarán a dos boletas: Una en verde, con la lista de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, y otra en blanco con la de los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial que corresponda.

Ambas boletas incluyen un número de “Instrucciones para votar”, las cuales son:

  1. El elector tiene derecho a votar por uno, por varios o por todos los candidatos.
  2. Si desea votar por todos los candidatos escribe una X en el círculo que aparece en el encabezamiento de la boleta.
  3. Si desea votar solamente por uno o varios candidatos y no por todos los de la lista, escribe una X dentro del cuadro situado a la derecha del nombre y apellidos del candidato o candidatos que seleccione.
  4. Serán elegidos todos los que obtengan más de la mitad de los votos válidos.

Es evidente que por su redacción las instrucciones tienden a condicionar determinadas acciones en el elector. En este caso a ratificar a los candidatos, sea de manera total o parcial.

Pero es mucho más que un mero asunto de condicionamiento. La redacción de las instrucciones responde en última esencia a los mecanismos propios del proceso electoral cubano.

Llama la atención que el no votar por ninguno de los candidatos no sea un derecho del elector. Puede votar por uno, algunos, o todos los de la lista, pero no por ninguno.

O sea, el elector puede realmente dejar su boleta en blanco. Lo que ocurre es que este voto en blanco no es considerado como válido.

Expliquémonos con un poco más en detalle: En cada boleta (blanca o verde), al elector se le presenta una lista, no de candidatos que compiten entre sí por un asiento legislativo, sino una lista de candidatos en que cada uno de ellos espera ser ratificado por el electorado en el asiento legislativo correspondiente.

No compiten entre sí, solo plebiscitan sus candidaturas.

Mas en todo plebiscito o referendo, la propuesta que se somete al electorado debe incluir dos posibles respuestas: Se la acepta, o se la rechaza. En nuestro caso se la acepta, como nos explican las instrucciones 2 y 3, al marcar en el círculo destinado al voto unido, o en cualquiera de los cuadros situados a la derecha del nombre y los apellidos del candidato individual.

Lo significativo es, sin embargo, que no hay cuadros ni círculos para oponerse de manera completa o parcial a la lista de candidatos propuesta.

Se puede, ya lo hemos admitido más arriba, dejar la boleta en blanco. Pero como establece de manera implícita la Ley Electoral, y ratifican también implícitamente las instrucciones, tales boletas no son consideradas válidas:

El artículo 112 de la Ley establece que una de las primeras acciones al concluir la jornada electoral es “separar las boletas votadas de las que fueron depositadas en blanco”. Agrega el siguiente, el 113, que una vez realizada dicha separación, el Presidente de la Mesa, en voz alta, lee el número de orden o el nombre del candidato, o los candidatos, por los que se ha votado en cada una de las boletas válidas.

En este sentido no se entiende para qué primero separar las boletas votadas de las dejadas en blanco si más tarde ambas fueran a contabilizarse juntas. Tampoco tendría sentido, de contabilizárselas juntas, que en el artículo 113 se nos aclare que el Presidente de la Mesa lee el nombre del candidato, o los candidatos, que han obtenido el favor del elector en cada boleta, cuando en algunas de ellas no podría leer ningún nombre, al haber sido dejadas en blanco.

Pero si nos quedaba alguna duda acerca de la no validez del voto en blanco en nuestro proceso electoral, el artículo 116 de la Ley viene a dejárnoslo claro: Al concluir el escrutinio, cuando el Presidente de la Mesa le hace entrega de las boletas a la Comisión Electoral de Circunscripción, estás deberán ir en “paquetes separados… las votadas válidas, las votadas en blanco (votadas, sí, pero no válidas), las anuladas, las no utilizadas, las devueltas…”

Claramente las válidas no incluyen ni a las anuladas, ni a las no utilizadas, ni a las en blanco. Y salta a la vista por qué quienes redactaron la Ley Electoral prefirieron no definir nunca de manera explícita cuál es el voto válido: Al en un referendo limitar las posibilidades del elector a votar afirmativamente de manera total y parcial, pero negativamente solo parcial, condicionaron la posibilidad del mismo para realmente poder decidir con su voto.

Con ello se hace prácticamente imposible que cualquiera de las dos listas que se le presentaran al elector en su boleta pueda ser derrotada. Incluso el que solo uno de los candidatos no alcance a resultar ratificado es ya bastante poco probable. A menos que el mayor número posible de electores se pusiera de acuerdo en votar solo por uno de los candidatos y dejar en blanco las casillas de los demás (Voto Selectivo).

Pero hasta esto tiene un limitado margen de posibilidades. Por ejemplo, supongamos que en una circunscripción con dos candidatos en lista un 40% del electorado no participara, o anulara, o dejara en blanco. Supongamos además que un 40% comprometido con el régimen votara unido, y que el restante 20% le entregara su voto solo a uno de los candidatos (preferiblemente el que hubiera sido ratificado por las urnas en las elecciones para delegados municipales). En ese caso ambos candidatos saldrían electos.

Uno por el 100% del voto válido, y el otro por el 66,6%.

Lo incuestionable es que Almagro tiene toda la razón: el sistema electoral cubano no está concebido para permitirle a la ciudadanía el ejercicio soberano de la participación política mediante la elección de sus representantes. Por el contrario, su función es evitarlo mediante mecanismos electorales engañosos, a la vez que mediante el mismo se tiende una cortina de aparente democracia sobre la real naturaleza dictatorial de régimen.

¿Elegiremos en Cuba, este 11 de marzo, a quienes eligen al Presidente?

En Cuba los ciudadanos no elegimos directamente al Presidente. Pero, ¿acaso elegimos a aquellos que de modo indirecto lo eligen a él: los Diputados a la Asamblea Nacional?

La respuesta es no.

Los cubanos solo ratificamos, y de manera muy condicionada, la lista de candidaturas que las Comisiones de Candidatura y las Asambleas Municipales del Poder Popular (AAMM) nos presentan el día de las elecciones (este 11 de marzo).

Tras un nada claro proceso, las Comisiones de Candidaturas presentan para cada municipio, o distrito donde lo haya, una lista integrada por no menos del doble de los Diputados que le corresponda elegir a cada municipio o distrito. En dicha lista los Delegados a las Asamblea Municipal no deben exceder de un cincuenta por ciento del total (art 87).

Dicha lista es entonces, y solo entonces, sometida a la Asamblea Municipal correspondiente, la cual escogerá de entre ella a un número igual de candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional que el que le corresponda a cada municipio, o distrito, donde lo haya. Con la expresa condición, instituida en el artículo 93 de la Ley Electoral, de que nuevamente solo hasta un 50% de los Diputados podrán ser nominados entre los Delegados a la Asamblea Municipal.

Medida esta última que, por el hecho de que algunos municipios y distritos tienen designado un número impar de candidatos a dicha asamblea, obliga en ellos, para no exceder el referido 50%, a dejar la proporción por debajo de ese porciento.

Así, en el caso de 3 nominados solo uno podrá provenir de la legítima 1ª etapa del Proceso Electoral Cubano, ya que si se hubieran escogido dos corresponderían al 66,66%, lo que conlleva a su vez que la representación legal en este caso solo pueda ser del 33,3% (en el caso de 5 candidatos, del 40%). Lo que en consecuencia conlleva a que nuestra Asamblea Nacional nunca llegue a tener entre sus integrantes una mitad de individuos electos durante la etapa de nominación directa en los barrios, sino siempre un poco menos (esta vez poco menos de un 47%).

Esta lista de candidatos escogidos por la Asamblea Municipal es la que finalmente se somete a referendo entre la ciudadanía con derechos electorales en el municipio; o distrito, donde lo haya. Y decimos referendo y no elección porque resulta evidente que con un solo candidato por plaza nuestro votante solo podrá aprobar, o desaprobar, y no escoger entre opciones diferentes.

Pero quizás sería mejor ni tan siquiera hablar de referendo. Y es que en todo referendo en que se juegue limpio se dan siempre dos opciones válidas: aprobar, o desaprobar. Si la suma total de votos desaprobatorios supera a los aprobatorios se considera a esa primera opción la vencedora, y a la propuesta llevada a referendo rechazada. O sea, de esta forma quien pone a referendo juega limpio, ya que deja abierta la opción de perderlo, al aceptar como voto válido el voto desaprobatorio.

Mas en el “referendo” en que las Asambleas Municipales cubanas exponen a sus votantes sus propuestas de candidaturas a Diputados a la Asamblea Nacional, no se le deja abierto más que un mínimo resquicio a la opción perdedora. Lo que ocurre al dejarle a los votantes una única posibilidad válida de voto, la de marcar con una “x”, y convertir a la otra, la de dejar en blanco (ya que no hay ninguna casilla para oponerse a la propuesta), o voto por completo contrario a la propuesta, en voto no válido.

Que el voto en blanco es considerado no válido, lo demuestra una rápida lectura del artículo 116 de la Ley Electoral, en especial en el siguiente fragmento: “…así como, en paquetes separados y debidamente sellados y rotulados, las boletas válidas, las votadas en blanco, las anuladas, las no utilizadas…”, o una más detenida de los artículos 113 y 114. En estos artículos se establece, de manera nebulosa no obstante, que para el acto del escrutinio público se separan en un primer momento las boletas en blanco de las que aparecen votadas, y que es del cómputo solo de estas últimas, tras separar las que anule la Mesa del Colegio Electoral por no conseguir determinar la voluntad del votante, que se obtiene la votación obtenida por cada uno de los candidatos.

Es en definitiva tan evidente el escamoteo del voto en blanco, que en nuestra Ley Electoral el legislador no se atreve, como en cualquier otra, a hacer explícito en un solo artículo cuál es para ella el voto válido. En su lugar “da a entender” cuál es el voto válido de manera implícita y disgregada en varios artículos del Título VI, Capítulo I, sección tercera (para entender cuál es el voto válido hay que hacer una interpretación de varios artículos).

Para ocultar el escamoteo del voto en blanco, y por lo tanto la sustracción casi completa del derecho del elector a elegir a sus Diputados a la Asamblea Nacional, se echa mano de una argucia jurídica: La de que aunque solo existe un candidato por plaza, sin embargo los electores son siempre convocados a votar por una lista. O sea, la boleta del elector siempre contiene el nombre de más de un candidato a ser ratificado en su plaza en la Asamblea Nacional. A la vez que a dicha boleta se le agrega una casilla circular, en su parte superior, en que el si el elector simplemente desea ratificar la propuesta completa que se le ha presentado puede hacer una cruz: el llamado Voto Unido.

Esta pluralización de las candidaturas sometidas al elector, que por tanto siempre se verá representado por más de un Diputado (en Encrucijada por dos, en Placetas por tres), sirve como hemos dicho para hacer menos evidente el escamoteo del voto en blanco. Y es que habría sido el colmo que en una boleta con un solo candidato a ratificar, o no, este último voto fuera declarado no válido.

En una situación semejante salta a la vista que nunca ningún candidato obtendría menos del 100 % del voto válido (a menos que absolutamente nadie marque sus boletas, en cuyo único caso el voto válido sería del 0%).

No obstante debe aclararse que al pluralizar las candidaturas a ser ratificadas o no por el elector, al tiempo que se mantienen como válidas solo las boletas en que se haya votado por todos los candidatos, o por alguno, no se eliminan totalmente las fuertes distorsiones que provoca el escamoteo del voto en blanco. En realidad, aunque con más de uno por boleta se abren algunas puertas a la derrota de la propuesta, parcial o completa, es tan baja la probabilidad de que ello ocurra que resulta en definitiva despreciable.

Así, el sistema cubano de ratificación de los candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional, acarrea el “milagro” de que solo en un caso muy extraordinario la propuesta completa pueda ser derrota. Lo cual ocurrirá, al menos para el caso de dos candidatos por boleta, si ninguno de los votantes se decide por ejercer el voto unido y en su lugar dividen de manera exacta sus votos entre los presentes en la boleta, 50 y 50.

De hecho el más probable resultado de que solo fuera derrotado uno, o algunos de los candidatos, al obtener menos del 50 % de los votos admitidos como válidos, tiene aun tan pocas probabilidades de ocurrir que en 5 elecciones generales, y con poco más de 3 000 puestos legislativos a aprobar en ellas, nunca se ha dado.

Para que se entienda en concreto: En el caso de una boleta que solo contenga dos candidatos a ser ratificados, uno de ellos será rechazado solo si la suma de los electores que han votado únicamente por el otro candidato es igual o mayor que la suma del voto unido y los que únicamente hayan votado por él. Algo que solo se conseguiría si el mayor número posible de electores se pusieran de acuerdo, no hicieran uso de la casilla del voto unido y en su lugar seleccionaran un solo candidato, negándose a marcar en la casilla del otro. Por ejemplo, al seleccionar al candidato que integra su AM del PP, y al negarse de paso a votar por el que no pertenece a ella.

El Voto Selectivo, un voto castigo a todo el sistema político-económico.

Tal mecanismo electoral, asentado sobre el escamoteo del voto en blanco, permitiría el disparate siguiente: Imaginemos un municipio o distrito con 35 000 electores registrados, en que hayan dos candidatos en boleta. En el mismo podría darse como resultado el 100% del voto válido, sin faltarse a la más estricta legalidad, si es que el electorado en pleno, menos un solo elector, decidiera votar en blanco por oponerse a la propuesta completa. Bastaría con que ese único elector votara por todos los candidatos, al hacer uso del voto unido.

¿Pero qué ocurriría en el caso muy improbable de que alguno de los candidatos no consiguiera obtener la mayoría simple de las boletas válidas?

Quizás en ningún otro lugar de nuestra ley Electoral se pueda percibir con más claridad el absoluto propósito de no dejar ningún cabo suelto, que en lo legislado para este caso.

El artículo 125 establece que en el supuesto de que “queden plazas vacantes por cualquier causa, se concede al Consejo de Estado las facultades siguientes: a) dejar la plaza vacante hasta las próximas elecciones generales, b) asignar a la AAMM del PP, constituida en Colegio Electoral, la función de elegir Delegado a la AP o al Diputado a la AN del PP, c) convocar nuevas elecciones”.

O sea, que en primer lugar no es obligatorio consultar de nuevo a unos electores tan reacios, y en segundo que la absoluta potestad de determinar si se les consulta o no, si se dejan las plazas vacías o no, no depende del máximo órgano electoral, la Comisión Electoral Nacional, sino del Poder Ejecutivo (este por lo tanto se abroga el poder de decidir en última instancia sobre la elección de quienes tienen la función de elegirlo).

Se niega CNE a presentar al público resultados electorales.

hackeados

A más de tres semanas de las recientes elecciones a una Asamblea Constituyente en Venezuela, universalmente denunciadas por ilegales y fraudulentas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país aún sigue sin publicar los resultados de las mismas. Retraso en entregarle los resultados a la opinión pública mundial y a la ciudadanía venezolana, que resulta por completo indefendible si tenemos en cuenta que la dicha Asamblea ya estaba en funciones solo 4 días después del 30 de julio.

Ante tal asunción acelerada de funciones es evidente que el Consejo Nacional Electoral de una u otra forma habría incurrido en una grave falta, que suponemos infrinja lo estatuido legalmente para procesos eleccionarios en ese país: O al permitirle a la Asamblea asumir funciones sin haberse terminado de validar los resultados electorales, o al simplemente decidir no hacer públicos los resultados, y por tanto auditables por cualquier ciudadano o simple internauta, lo que a no puede responder a otra razón que a un posible fraude electoral.

En todo caso que a 20 días de asumir la Asamblea Constituyente sigamos sin saber cuántos de quienes se presentaron a los sitios de votación anularon o dejaron sus boletas en blanco, o qué por ciento de su padrón electoral obtuvo cada uno de los candidatos, territoriales o sectoriales, no puede más que echar una densa sombra de dudas sobre la legitimidad de todo el proceso de la Constituyente.

Y es que el gobierno bolivariano y sus instituciones correspondientes parecen creer que a la opinión pública y la ciudadanía deberá bastarnos con sus repetidas lamentaciones de estar sometidos a una campaña, por parte de la derecha y la gran prensa internacional, con el fin de tergiversar la realidad venezolana, para dar por sentado que no hubo manipulación de los resultados electorales. O sea, que si es usted de izquierdas, o simplemente no es un manipulado por los grandes conglomerados mediáticos internacionales, no puede más que dar por santo y bueno cuánto digan Nicolás Maduro o Delcy Rodríguez al respecto.

Singular modo de pensar, pero que sin embargo no pocos asumen acríticamente. Porque al parecer para un sector de izquierdas si CNN o BBC nos manipulan la realidad, Telesur no cae en eso, compañeros.

Lo cierto es que con los datos electorales sería relativamente fácil, dada la cantidad de recursos estadísticos con que se cuenta hoy, entender lo sucedido detrás del proceso electoral constituyente venezolano. Por ejemplo, conoceríamos cuántos constituyentes alcanzaron a recibir el 33 % de apoyo electoral, algo que no parecen haber logrado muchos; o podríamos identificar si hubo alguna triquiñuela al manipular los padrones territorial y sectorial, de modo que ahora muchos de los supuestos 8 millones de votante simplemente se hayan conseguido al convertir votos en votantes. Tengamos en cuenta que en estas elecciones no se cumplió con el principio de un hombre, un voto, y que por tanto mientras a algunos solo les correspondió el voto territorial otros contaron además con el sectorial. O sea, que quizás en algunos colegios la ancianita que votó por su representante sectorial jubilado haya terminado convertida en alguien muy diferente de ella misma, pero al momento de votar por su representante territorial.

En todo caso nos atrevemos a vaticinar que a los resultados de este último proceso comicial venezolano les ocurrirá como al anterior. Porque resulta también muy significativo que al buscar en el sitio oficial del CNE los resultados de la anterior elección para la Asamblea Nacional Venezolana, solo obtengamos en una ventana la respuesta de página no encontrada.

Carácter Monárquico de la Constitución de 1976.

José Gabriel Barrenechea.

¿Por qué afirmo que, a pesar de la superficial y aparente semejanza entre ambas, la Constitución Cubana de 1976 es otra cosa bien distinta que la Soviética de 1977?

Si la segunda define en teoría un régimen parlamentario, y en la realidad el gobierno consensuado de una elite de funcionarios, la nuestra, por su parte, más que uno presidencialista, prefigura uno monárquico. Si en la soviética en su artículo 121 se definen las atribuciones del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, y en el 131 los límites de las atribuciones del Consejo de Ministros, en cambio falta ese larguísimo, semejante al 91 de la nuestra del 76, o el aun un tanto más largo 93 de la de 1992, en que se establecen con claridad los muchos poderes del equivalente cubano del Presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Es así que uno no se explica (bueno, en verdad uno si se lo explica…) que alguien tan agudo como el relevante jurista cubano, Julio Fernández Bulté, escriba en su ensayo “El proceso de institucionalización en Cuba” que, “la Constitución de 1976 nos aproximó, funcional y estructuralmente, a los países socialistas de Europa del Este y nos separó en cierta medida de nuestras tradiciones presidencialistas”. Porque en la realidad, más que en la teoría, y no “en cierta medida”, sino en una inusitada, la Constitución de marras fue más que presidencialista, monárquica, y ni tan siquiera a la manera de la Inglaterra del siglo XVIII, sino a la de la Francia de 1700, bajo el Rey Sol.

En este sentido resulta sumamente locuaz el siguiente fragmento tomado del libro “Comentarios a la Constitución Socialista”,del “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista”, profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución es un justo homenaje a su persona.”

Solo la aceptación desprejuiciada de este carácter monárquico de nuestra Ley de Leyes, nos ayudará a comprender por qué, según lo expresa el catedrático Walter Mondelo en “Constitución, regla de reconocimiento y valores jurídicos en el derecho cubano”, nuestra Carta Magna no ha podido consolidarse como el patrón de la constitucionalidad y la legalidad. En definitiva por qué la misma no es “usada regularmente como criterio para identificar el derecho válido y para fundamentar el deber de obediencia a sus normas”.

Apartándonos de divagaciones kelsenianas o hartianas, concebidas para no tener que ver lo evidente, sin perder prestigio académico de paso, el hecho de que aún se debata “si los decretos-leyes (del Consejo de Estado) tienen igual jerarquía que la ley, cuando la Constitución faculta únicamente a la Asamblea Nacional a promulgar leyes y, además, a revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado si se oponen a la ley o a la Constitución”, el que por otra parte en casi 38 años la Asamblea Nacional no haya nunca ejercido su derecho a “decidir acerca de la constitucionalidad de (los) decretos-leyes”, o “revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado”, solo se comprende a cabalidad si aceptamos que dicha constitución se ha hecho a la medida del imperante carismático, Fidel Castro.

Y es que en esencia dicha Constitución no consiste más que en una reescritura de las constituciones socialistas de corte soviético, redactada por los seguidores más próximos del líder carismático y bajo su directa supervisión, con el fin de obtener los beneficios de la pertenencia al CAME sin a la vez verse obligados a desprenderse de las particulares formas que ha terminado asumiendo el poder en la Cuba revolucionaria. De este modo todo lo que no este escrito allí para legitimar dicho poder carismático, o que pueda entrar en contradicción con el mismo, ha sido expurgado cuidadosamente de todo valor real.Como por ejemplo la grandilocuente declaración que es en sí el artículo 69 de la versión de 1992, que establece que “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo”.

Tal declaración carece de la más absoluta realidad, si comprendemos no solo que reuniéndose a lo sumo una semana al año es imposible ejercer semejante poder, sino también que por el actual sistema electoral, que impide el surgimiento de otras figuras políticas de alcance nacional independientes de las previamente existentes, la Asamblea se encontrará siempre, y por completo, en manos de poderes anteriores a su elección: el imperante carismático, y a quienes este tenga a bien designar para sucederle.

En defensa del pago semanal.

José Raimundo Andreu.

 El 23 de mayo de 1940 el autor presentó una Enmienda Adicional al artículo 72 del Dictamen (el anteproyecto de la Constitución). Su texto era el que sigue: “Los jornaleros percibirán su salario en plazo no mayor de una semana”. A continuación publico fragmentos de sus palabras de defensa, y que indudablemente influyeron en el que la Enmienda resultara aceptada de modo íntegro, y en que pasara a formar parte del artículo 64 de la Constitución definitiva:

Señor Presidente y señores Delegados:

Una Constitución debe recoger siempre en sus prescripciones el estado de necesidad de los pueblos en el momento en que se redacte. Por eso, el Convencional que habla ha sometido a la consideración de esta Asamblea la Enmienda a que se acaba de dar lectura, que recoge un estado de necesidad de las clases trabajadoras de nuestro país.

El trabajo, indudablemente, tiene como fin esencial el mantenimiento, la subsistencia de las personas que le realizan, y este trabajo tiene como retribución directa el salario.

El salario, entre sus condiciones sustanciales, debe tener la de ser inmediato y efectivo, porque tendiendo, como debe tender, al mantenimiento de la vida del que lo realiza, es innecesario justificar la necesidad de obtener la retribución del trabajo efectivamente después de cumplido.

La situación económica, estrecha y dura que la economía nacional viene sufriendo en los últimos años, ha impuesto la necesidad, sin entrar en las razones que pudieran ser causales para los patronos, de salarios bajos, de salarios tan ínfimos que nos sorprendemos diariamente de que con ellos pueda mantenerse familias numerosas, con pequeñuelos al abrigo de los padres, en bohíos y casas en que todo es necesidad, en que todo es hambre, de pan, de auxilios, de servicios, y ese salario mínimo se ve, por las condiciones de inseguridad, por su insuficiencia y retardo en recibirse, disminuido en su valor real, de manera tal que cuando un trabajador tiene como salario 80 centavos, en realidad no son 80 centavos, porque esa cantidad nominal se ve mermada por el medio económico estrecho en que el trabajador se desenvuelve, se reduce a cantidades mucho menores porque no disponiendo de crédito el trabajador tiene necesariamente que depender de comercios dependientes del patrono o de la empresa donde trabaja, donde su jornal de 80 centavos en precio de venta de mercancías se ve reducido a un valor real de 50 centavos, de manera tal que en el momento de estrechez económica de nuestro país, en los momentos de intensas dificultades por que atraviesan las clases proletarias cubanas, vemos reducidos los jornales mínimos señalados por la Ley, a cantidades mucho menores haciendo insostenible la supervivencia de quien con su trabajo, viene a ser el órgano fundamental de la economía nacional, que es el trabajador.

Por estas razones, para asegurar el pago del salario, producto del esfuerzo del trabajador, y por las necesidades que he apuntado, en la época de penuria económica que confronta nuestro pueblo, pido a la Convención que apruebe la Enmienda presentada.

Vía Cubana al Socialismo.

José Gabriel Barrenechea.
Ante la evidencia de que el socialismo soviético más que una superación del capitalismo ha sido un retroceso, ya en la década de los cincuentas otros movimientos comunistas se embarcan en la búsqueda de nuevos caminos. A la Yugoslavia de Tito, que ya desde el mismo fin de la guerra ensaya el socialismo construido por comunistas más avanzado, le siguen una década después el intento húngaro de restablecer la República de los Consejos de 1919 en octubre de 1956, y el “Gran Salto Adelante” maoísta, el caso más retrógrado.
El tiro de arrancada lo ha dado el PCUS, cuando en su XX congreso y de labios de su primer secretario, Nikita Jrushov, se atreviera a criticar todo su desempeño anterior y admitir que se han cometido graves errores (la burocratización de la sociedad y de la economía soviética). Y al hacerlo ha vuelto a dejar, por lo menos entreabierta, la puerta a la búsqueda de una sociedad postcapitalista; puerta que tras Lenin y su supuesta genialidad había quedado cerrada con siete pestillos, y defendida por los muchachos de la NKVD.
La Revolución Cubana, que en sus orígenes tiene por sobre todo un impulso nacionalista de reconformación hemisférica, evoluciona con rapidez hacia la órbita del único socialismo construido por comunistas que por entonces posee cierto arraigo en la Isla: el socialismo soviético. Muy pronto, no obstante, surgen los desencuentros entre la revolución cubana, nada dada por su naturaleza intrínseca nacionalista a que se la trate como satélite, y la jerarquía del Kremlin. Esto favorecerá durante los sesentas el clima necesario para que se perfile una “vía cubana hacia el socialismo”. La elaboración de la cual, en vista de la sospecha que ahora se cierne sobre los miembros del viejo partido, quedará en manos de un sector joven que se ha educado políticamente en la revolución, pero que por otra parte no ha perdido la tradicional comunicación de nuestras vanguardias con el pensamiento occidental más avanzado, por lo que a la inquietud por la burocratización, superponen la suya propia por la falta de libertad evidente tras los telones de acero o de bambú.
La más acabada expresión teórica de esa vía, a nuestro entender, será una serie de editoriales de Granma, recopilados más tarde en la revista Bohemia bajo el título de “La Lucha contra el Burocratismo: Tarea Decisiva”, en los que en principio se ensaya explicar el automático proceso de burocratización que opera al triunfo del socialismo. Una explicación no exactamente marxista por su particular concepción de las clases sociales, y si más cercana a la visión weberiana de las mismas, la cual no trataremos tanto por razones de espacio, como porque para este trabajo lo que en realidad nos interesa es la solución que se propone al hecho de que “…mientras permanezca el Estado como institución y mientras la organización administrativa y política no sea, plenamente, de tipo comunista, existirá el peligro de que se vaya formando una capa especial de ciudadanos en el seno del aparato burocrático, administrativo y de dirección”; o sea, la mencionada vía cubana.
Y esa solución, según el editorialista, pasa en definitiva por: “…el desarrollo de un hombre nuevo, con una conciencia y una actitud nuevas ante la vida…”
O sea, el desarrollo de un individuo que esté constantemente concentrado en la edificación del comunismo, dispuesto a la “entrega total a la causa revolucionaria”, a “actos de valor y sacrificio excepcionales por ella” y que perpetúe “en la vida cotidiana esa actitud heroica”. Un revolucionario a tiempo completo, un Tábano de la conocida novela romántica, en fin, una mujer o un hombre que no viva en lo rutinario, sino en lo trascendente: un asceta revolucionario.
Mas la autodisciplina, la continúa vigilancia de sí mismo, de sus acciones y hasta de sus pensamientos que todo ascetismo implica, genera un esfuerzo psíquico descomunal, asumible solo por unos pocos individuos. Así la diferencia natural de aptitudes estira hasta los extremos a la sociedad, desfigurando lo que en esencia era un remarcable intento igualitarista. Mientras los ascetas sienten la gracia revolucionaria en su interior, alcanzada gracias a haber cumplido, por propia voluntad, con determinadas normas y principios que a su vez han aceptado solo tras someterlos a su particular criterio, los demás, las inmensas mayorías, o no pueden, o están demasiado apegados a lo mundano como para convertirse ellos mismos en ascetas. Imbuidos en lo cotidiano, carecen muchas veces no solo de la cultura o de la inteligencia necesarios para aspirar a tener un criterio en realidad propio, sino aun hasta de tiempo para buscar en base a él, cuando lo poseen, las normas y los principios que les permitan disciplinar sus vidas, en el camino de autoperfeccionamiento que es todo ascetismo. En consecuencia esas normas y principios los tomaran de fuera, ya hechos; de una entidad en cuyo criterio, voluntad e intenciones creerán por fe. Y en esta particular sociedad de revolucionarios latinos, fundada sobre el valor central trascendentalización, el elegido será un hermano y no un dogma: el hermano que tenga el carisma para hacerlos sentirse a ellos también, de cuando en cuando, trascendentes, suprahistóricos.
Algunas veces un charlatán, es cierto, pero casi siempre uno de los ascetas, opción sobre la que de ahora en adelante continúa nuestro análisis.
Con semejante y mayoritaria relación basada en la fe dentro de la sociedad igualitaria de los revolucionarios, es evidente que pronto ocurrirá un desequilibrio de poder entre los ascetas a favor del elegido. Más temprano que tarde, independientemente de si es un charlatán o no, la fe mayoritaria fija en él lo ensoberbecen. Si todos lo siguen, si todos se abandonan a su criterio, no pueden caber dudas de su monopolio de la verdad. Solo él sabe lo que debe hacerse; solo él tiene la claridad; solo él conoce el camino correcto. Es su deber en consecuencia concentrar en sus manos el poder para evitar el error; incluso en los más nimios detalles. Pronto cualquier norma o principio asumido por otro criterio que no sea el suyo pone en peligro la magna obra que la mayoría de los revolucionarios han echado sobre sus hombros; un desafío malintencionado o en el mejor de los casos miope, que no puede permitirse “ni por un tantico así”. Y en el rechazo de tales “autosuficiencias” de los demás ascetas las mayorías no solo apoyan al elegido por su fe en él: para ellas la independencia de criterio de aquellas es además una humillación, un molesto recordatorio de su falta de él, o de voluntad para obrar a su dictado.
Ha llegado entonces la hora en que Saturno, la Revolución, devora a sus más verdaderos hijos, los ascetas revolucionarios, para quienes en el nuevo escenario van quedando solo dos opciones: o abandonar el ascetismo y convertirse al revolucionarismo por fe; o no transigir, lo que significa la excomunión o el sacrificio.
Al final, lo que podría pensarse como una solución democrática a la manifiesta falta de libertad del socialismo soviético, una unión de hombres nuevos iguales entre sí, se convierte, debido a la naturaleza humana, de la que las grandes mayorías atrapadas en sus urgencias no pueden escapar, en el imperio de uno solo: el imperante carismático. En un socialismo en el que las grandes mayorías no ejercen el poder real no porque se los impida la burocracia elevada a la categoría de nueva clase explotadora, sino por algo peor: porque simplemente ni se creen capaces, ni lo hayan necesario al compararse con el perfecto objeto de su fe, de su fidelidad.