En campaña por el NO: Sobre la excesiva concentración del poder.

José Gabriel Barrenechea.

Allá por los primeros meses del ya muy remoto 2008, poco después de prometernos aquel famoso vasito de leche en Camagüey, un Raúl Castro que recién asumía la presidencia del Consejo de Estado se declaró favorable a que en Cuba solo alguien como Fidel Castro detentara la cantidad de poderes que reunió aquel en sus manos hasta el 31 de julio de 2006.

Al respecto de la magnitud de esos poderes, y de la interpretación que a los mismos le daba el régimen, resulta oportuno recordar lo escrito en Comentarios a la Constitución Socialista, por el “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista” (según lo define la nota del editor en la contraportada de ese libro), profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución (93 de la actual) es un justo homenaje a su persona.”

En resumen: Fidel Castro reunía en sus manos poderes omnímodos, y esto se explicaba en que era él para los cubanos algo así como Napoleón para los franceses.

Parecía, por tanto, augurarse de aquella declaración del por entonces flamante General Presidente, alguien que ni en broma cabía comparar con Bonaparte, que Raúl Castro estaba por disminuir los muchos poderes del cargo gubernamental y estatal que acababa de asumir; definidos por la Constitución en su extenso artículo 93, y que lo convertían en algo así como en un monarca asiático. Y que muy probablemente lo haría, especularon algunos, mediante la separación en cargos diferentes de las atribuciones del Presidente del Consejo de Estado, exactamente entre él (presidente) y un hipotético futuro Presidente del Consejo de Ministros (primer ministro).

Sin embargo,  más allá de aquella ostentosa declaración de que Fidel era Fidel (obvio) y nadie más llegaría nunca a su altura, Raúl Castro no hizo nada al respecto, y así, durante los diez años en que detentó el poder se cuidó de retener en sus manos la misma suma de poderes que habían estado en las de su hermano.

Cabe preguntarse a estas alturas, cuando ya ha dejado el cargo y desde su aún no abandonado trono partidista promueve un proceso de Reforma Constitucional, si ahora sí estará por tomar las medidas necesarias para que en Cuba de ahora en adelante nadie disfrute de los poderes omnímodos de Fidel… y de él.

En este sentido:

¿Se le disminuirán los poderes al Presidente del Consejo de Estado en el anteproyecto de Reforma Constitucional que se cocina, ahora que al que detenta el poder (Díaz-Canel) no cabe igualarlo en “méritos” a un Fidel Castro (¡Herejía!), méritos que en alguna medida y con mucha imaginación podrían reconocerle a un Raúl Castro (por herencia del carisma a través de la sangre)? ¿Se le disminuirán a ese cargo las excesivas atribuciones,  ahora que el artículo 93 no puede ser considerado “un justo homenaje  a su persona”, o sea, a la persona de Díaz-Canel, ya que ello equivaldría a renunciar al principio central e indiscutible del régimen de considerar a Fidel Castro como un caso excepcional? ¿Se creará el cargo de primer ministro? ¿O se renunciará a los poderes del presidente que generan interferencias con los, en teoría, superiores de la Asamblea Nacional?

Personalmente, creo que no; sobre todo tras ver en mi televisor las sesiones de la Asamblea Nacional del pasado sábado, en que más que consensuar entre los diputados los miembros de las comisiones en que se divide la misma, bochornosamente lo que hicieron fue aprobar por unanimidad unas listas evidentemente preparadas de antemano por el Consejo de Estado.

Si dudas en el próximo texto de la Constitución de la República el Presidente del Consejo de Estado seguirá tan poderoso como hasta ahora. A pesar de que a partir de este 19 de abril quien lo ocupe no tiene, ni tendrá, el carisma que justificaba, al menos desde la visión carismática que de sí mismo tiene el régimen, tal acumulación de poder en las manos del fundador del estado castrista.

Por lo tanto, solo en la hueca palabrería del discurso político post-castrista, Fidel, el fundador del régimen, se mantendrá como un caso excepcional. Y por lo mismo, aunque tal vez sin hacer exhibición pública y explícita del título de Comandante en Jefe, todos los que vengan de ahora en adelante seguirán desempeñando “la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas”, determinando “su organización general”, y presidiendo “el Consejo de Defensa Nacional” (artículo 93, incisos g y h). O lo que es lo mismo, serán indiscutiblemente los Comandantes en Jefe de las instituciones armadas cubanas.

Este punto, como el de la presencia o no de una definición explícita de qué se entiende por socialismo, es vital para cualquier ciudadano que pretenda decidir racional, y libremente, cómo votará en el Referendo. En definitiva para decidir en base a un estudio profundo del texto del anteproyecto de Constitución: Si es él de los que está por mantener concentrado el poder político, votará afirmativamente, sí en cambio está por aumentar la participación ciudadana en la vida política del país, votará NO.

Y es que resulta claro que muy poco de empoderamiento real de la ciudadanía podrá haber allí donde el poder político sigue monopolizado, como hasta ahora, en las manos de un individuo: el Presidente del Consejo de Estado. Un individuo que, presumiblemente cuando Raúl Castro se retire de la vida política, acaparará de nuevo en sus manos el cargo de Primer Secretario del PCC (por cierto, legislar sobre una posible separación de esas funciones, sí corresponde a la forma de ver el derecho constitucional por los castristas).

Solo una separación de poderes, entre un presidente y un primer ministro, además de la renuncia por ambos de aquellas atribuciones que crean interferencias con las del órgano supremo del poder del estado, la Asamblea Nacional, traerá algún avance democratizador por esta dirección. Lo demás no pasará de más de lo mismo.

Por tanto, ciudadano, en ese caso de que todo siga igualito en el cuartico: Di que NO, que NO, el día del Referendo.

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Discurso del Método para distinguir de entrada si lo de la Reforma Constitucional no pasa de otra maraña castrista más.

José Gabriel Barrenechea.

miguel-diaz-canelEn Los Principios de la Filosofía Descartes nos dice que ha advertido que los filósofos, al tratar de explicar cosas que son en sí manifiestas, no han hecho más que oscurecerlas. Se refiere, claro, a aquellos filósofos escolásticos que antes de sumergirse en el estudio de la realidad, al intentar definir cosas tan inasibles y por tanto inefables como la vida, o actos como el sentir o el pensar, se enredan de manera inevitable en tal maraña de razones y devaneos lógicos que no los conducen a nada práctico.

Sostiene Descartes que hay verdades tan evidentes para todos, como la de que si se piensa es porque se existe, que no se necesita para admitirlas de sentarse a reflexionar antes sobre qué es pensar o existir. Que basta el tener una mente despierta y que antes haya admitido ponerlo todo en duda para que puedan ser claramente comprendidas.

Pero si bien el iniciador de la filosofía moderna tiene aquí razón, debemos señalar, sobre todo al dirigirnos a una audiencia cubana, que esto es solo absolutamente verdadero en asuntos tan impenetrables como los metafísicos. Por el contrario, en el caso de los políticos, muy concretos y hasta prosaicos, es vital siempre partir de definir el tema de lo que se discute, y por sobre todo qué se entiende por los principales conceptos enredados en la discusión. Tengo la certeza de que si tal hiciéramos, los cubanos muy pronto terminaríamos por darnos cuenta de que lo que solemos hacer en nuestras discusiones de esquina no es más que gritarnos los unos a los otros… en la defensa de exactamente lo mismo que sostiene nuestro contrincante.

Lo de definir, imprescindible en nuestras habituales discusiones entre ecobios, aseres y moninas, lo es más en nuestra política. Sobre todo en la política que hagamos de ahora en adelante, y más que nada en la relacionada con la prometida próxima Reforma Constitucional.

Si recordamos en la actual Constitución, en su artículo 3, se establece que “El socialismo… es irrevocable…” Algo que puede ser plenamente aceptable para quien esto escribe, solo sí en la futura Reforma se deja muy claro qué es el tal socialismo ese que es irrevocable, y a él le conviene lo definido.

Parto de admitir, por cierto, que los proponentes de la Reforma no han hecho la interpretación literal de lo que señala el tercer párrafo de ese artículo 3, ya que de haber interpretado al pie de la letra lo que allí se dice les habría quedado claro que la Constitución en su conjunto es irreformable, o que los cambios que pueden hacérsele resultan tan insignificantes, que quizás solo quepan los de redacción. Cambios que en todo caso no alteren “…el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad nueva y justa…”

O sea, que en la Constitución actual si existe ya una interpretación de qué es el socialismo, y es muy simple: Es lo que hay, que ha más que “probado” y “demostrado” “su capacidad de transformar al país y crear una sociedad justa y nueva”.

El socialismo cubano es lo que hay, y san se acabó.

Resulta evidente que de ser esa la interpretación que hacen quienes ahora nos proponen una Reforma Constitucional, ya de entrada nos descubren que lo que piensan proponernos en ella no pasa de meros acomodos sin trascendencia.

Por lo tanto un primer medidor claro de si con la Reforma no se nos está cogiendo pa’ sus cosas, como hasta ahora han solido hacer los castristas en estos temas electorales, es si en la propuesta de Reforma aparece o no una explícita definición de qué es ese socialismo que los cubanos aceptamos como irrevocable. Si no aparece es simple y llanamente que se admite la interpretación implícita que nos dejó la Reforma de Fidel, o sea, que socialismo es lo que hay, y por lo tanto ya sin necesidad de cansarse la vista en continuar en la lectura del texto de la propuesta de Reforma podremos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no hay en ella cambios de alguna trascendencia. Solo palabrería vana y quizás hasta mucho enredo jurídico, como en la Reforma de 1992, en que en apariencias se democratizó un poquito el estado cubano, y en la realidad se concentró más el poder en las manos del Presidente del Consejo de Estado; ese Monarca nuestro.

Cambio fraudeLo primero, por tanto, cuando se publique el texto de la propuesta de Reforma es buscar la definición de Socialismo en ella, y si no aparece pues no hay porque seguir la lectura. Y a menos que usted sea de los que cree que lo que hay está muy bien, que Cuba es hoy por hoy una sociedad “tan nueva y justa” que no amerita mejoras, no le queda otra opción que votar NO en el Referendo en que se nos someterá la tal Reforma.

Por lo menos si es usted una persona, no un esclavo, que hace siempre lo que sus mercedes los Amitos buenos esperan haga.

Izquierda y derecha en Cuba: discursos y realidades.

Pedro Campos.

(Tomado del blog Primero Cuba.)

Los conceptos izquierda y derecha aparecieron específicamente en la votación realizada por la Asamblea Nacional Constituyente, surgida de la Revolución Francesa en 1789, cuando se discutía si se incluía en la Constitución el veto del rey a las leyes aprobadas por la futura Asamblea Legislativa.

Los diputados que estaban a favor del veto —de hecho, el mantenimiento del poder absoluto del monarca— se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Los que estaban en contra, y por tanto a favor de la soberanía de la Asamblea sobre la autoridad real, se situaron a la izquierda.

Así, tales nociones quedaron asociadas a las luchas a favor o en contra de los derechos civiles y políticos de las mayorías, de la igualdad ante la ley, de la democracia, de la soberanía popular o la centralización del poder.

Por eso, el término derecha ha sido apropiado para calificar a los gobiernos dictatoriales que han suprimido el Estado de derecho, los derechos ciudadanos, las elecciones y procesos democráticos, las constituciones democráticas, los parlamentos y han gobernado por leyes impuestas sin aprobación popular.

En la actualidad, en la mayoría de los países, más y menos desarrollados, la distinción entre izquierda y derecha se hace transparente por las grandes diferencias sociales y económicas y por el control del poder político por las minorías de los grandes intereses capitalistas.

Cada cual puede acomodar esos criterios tradicionales a la situación en Cuba, como bien le parezca, para identificar dónde están la izquierda y la derecha.

Desde mi punto de vista, en nuestro país las diferencias tienden a nublarse por el discurso revolucionario y antiimperialista del poder y el hecho real de que la Constitución vigente fue aprobada por una amplia mayoría del pueblo. Pero habría que recordar que eso fue hace casi 40 años y en otras condiciones nacionales e internacionales.

Además, la aplicación práctica de esa Constitución ha resultado en una alta concentración del poder político y económico en manos de una elite tradicional, sin alternancia, resistente a cambios verdaderamente democráticos en el sistema político cubano.

Echada a un lado la fraseología del poder y sus medios, al trasladar aquellos  conceptos a la realidad cubana de hoy día, encontraríamos la izquierda en los que luchan a favor de la descentralización, la democratización y socialización del poder político y económico, y porque se respeten los derechos políticos, civiles, económicos y sociales de todos los cubanos.

En fin, por cambios que  favorezcan a las mayorías marginadas o limitadas en su participación en la política y la economía, por el alto nivel de centralización y monopolización de las mismas.

Hoy, en Cuba, la derecha, en términos políticos heredados de la Revolución Francesa, estaría claramente representada en quienes se aferran al poder político y económico centralizado y monopolizado por la elite que se considera ella misma única heredera de la revolución popular y democrática de 1959.

Una minoría que excluye de las decisiones de todo tipo a las grandes mayorías del pueblo cubano, en nombre de un “socialismo” que ha encubierto un capitalismo monopolista de Estado administrado por esa elite y del “marxismo-leninismo”, reconocido disfraz  del neo estalinismo.

Si a eso le agregamos las políticas económicas de corte neoliberal aplicadas por el Gobierno como el cierre de empresas y fábricas, la racionalización de miles de empleos, el estímulo a la explotación asalariada por privados y la apertura amplia al capital internacional, en quien cifra las esperanzas para salir de la crisis, marginando y limitando las posibilidades de las fuerzas productivas de los propios cubanos, entonces ya no quedarían dudas.

Pero, para evitar confusiones, habría que hablar de una Nueva Derecha Cubana en el poder y no confundirla con la vieja derecha desplazada del control de la nación, por la revolución política de 1959, asentada desde entonces en EEUU que, tampoco, representaba ni defendía ayer, ni hoy representa ni defiende, los intereses de las mayorías excluidas de participar en el poder político y económico, interesada solo en recuperarlo para sí.

De manera que cuando se habla de la Nueva Derecha Cubana en el poder, se está haciendo honor a aquella noción política de la Revolución Francesa, pues al final de cuentas no es el discurso lo que califica si una perspectiva política es de izquierda o derecha, sino la posición respecto a los derechos políticos y civiles de las mayorías, a la soberanía popular.

Hoy en Cuba una izquierda, diversa —que iría desde anarquistas y socialistas de distintas corrientes, hasta demócratas y liberales—, demanda la democratización del poder político y económico y  la liberación de la economía de los controles monopólicos estatales, a fin de que se respeten los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los cubanos y puedan florecer las llamadas —por los estatalistas— formas “no estatales” de producción.

Se trata de un lenguaje revolucionario en sus esencias, sin la fraseología “izquierdista” de la Nueva Derecha en el poder que, por mucho camuflaje, se identifica con la elite minoritaria que todo decide, poseedora del poder político y económico, el cual no está dispuesto a compartir con las mayorías.

Y, aunque parezca paradójico, encontramos defendiendo posiciones de izquierda, como son los derechos civiles y políticos de las mayorías desposeídas y explotadas, a grupos que el Gobierno “socialista” califica de “contrarrevolucionarios al servicio del imperialismo”

Es la dialéctica de la historia, de la lucha que se desata cuando sectores minoritarios se apropian del poder y tratan de excluir a otros, mayoritarios o no.

Para solucionar las contradicciones sociales sin grandes conflictos, el poder político y económico debe estar compartido entre todos los ciudadanos, quienes deben decidir en referendos y procesos renovados las leyes que a todos atañen, elegir democráticamente por el voto directo y secreto los cargos públicos en alternancia, aprobar y controlar los presupuestos participativos y administrar directamente sus negocios en forma individual o colectiva, lo cual debe quedar claramente establecido en la ley de leyes, la Constitución.

A fin de promover el diálogo inclusivo de todos los cubanos que nos ayude a salir del actual laberinto y encontrar ese camino, esa Amplia Izquierda Cubana debería echar a un lado sus otras diferencias y tratar de coordinar sus proyectos y acciones pacíficas y democráticas.

El relajo del Registro de Electores en Cuba.

1.

Tras las pasadas elecciones de noviembre el Registro de Electores fue reajustado a la baja. Se le quitaron casi 300 mil electores y con ello el por ciento de participación mejoró del 86 al 89.

Tres meses después, para estas elecciones del 11 de marzo, sospechosamente el Registro había recuperado esos casi 300 mil electores.

Luego, cuando pasa ese domingo 11 de marzo, y el por ciento de participación baja hasta el histórico 82%, se reajusta por tercera vez el Registro y una vez más los casi 300 mil electores se desvanecen.

¿A qué obedece este quita y pon? ¿A deficiencias en la elaboración del Registro, o a una burda maniobra para hacer más presentables los porcentajes de asistencia a urnas?

Recordemos que en Cuba el gobierno presume de la unidad monolítica del pueblo en apoyo a esa entelequia: La Revolución.  O sea, el pueblo en el discurso auto-legitimador del régimen castrista le es absolutamente incondicional a esa cúpula y los muchos lodos anexos que dejó atrás una Revolución que en todo caso no sobrevivió más allá de 1968. O por lo menos que le es absolutamente incondicional en un 98%, o un 95%, pero nunca en un 82%.

2.

Los últimos datos del Registro de Electores, presentados este domingo 18, rebajan el número de electores a 8 639 989 votantes.

Sin embargo, ese número de electores no resulta creíble.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en abril del 2014 éramos en Cuba 11 224 190 residentes permanentes, número que no ha variado significativamente de entonces acá.

De ellos 2 033 549 tenían menos de 16 años cumplidos, la edad a partir de la cual se puede ejercer el derecho al sufragio activo, y 9 190 641 tenían 16 o más.

Por tanto, si al número de ciudadanos cubanos con edad suficiente para votar le restamos el presentado este domingo por la Comisión Electoral Nacional, obtendremos la cifra de 550 652 individuos que aunque con más de 16 no aparecen sin embargo en el Registro. Un número considerable, que equivale al 6% de las personas en Cuba mayores de edad y con derecho al voto.

O sea, 1 cubano en edad de votar, de cada 17, o poco menos, no está incluido en el Registro.

Pero en Cuba solo quedan incapacitados del derecho al sufragio activo los privados de libertad, que si creemos al propio gobierno no llegan a 91 906, o sea, menos del 1% de la ciudadanía que por su edad debería tener ese derecho; y los incapacitados mentales. En este caso solo los casos severos, ya que aquí es bien conocido votan hasta los mayores de 100 años, por lo cual el conjunto de los declarados incapacitados mentales si acaso adicionarían un 2% a nuestro cálculo.

Falta por tanto algo más de un 3%. Más o menos los 300 mil que constantemente son adicionados y restados al Registro.

3.

En todo caso, ¿qué explica esos continuos errores en la conformación del Registro, que sube y baja continuamente, en cifras significativas y casi de un mes para otro?: Una de dos, o que los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) ya no funcionan nada bien, o que ha habido manipulación, intencionada, valga la redundancia, del Registro.

El caso es que en Cuba todos debemos tener una dirección, la cual va incluida en el carnet de identidad obligatorio, e imprescindible para casi cada gestión, desde subir a un ómnibus nacional hasta comprar ciertas medicinas. Esa dirección a su vez debe estar registrada por el CDR en que usted vive, pertenezca usted o no a dicha organización. Y es precisamente en base a ese Libro de Registro de Direcciones de cada CDR que se elabora el Registro de Electores.

O sea, en Cuba existe un muy bien montado sistema de control, para determinar el número de votantes, y su ubicación, que solo podría fallar en caso de que la organización encargada de hacerlo funcionar, el CDR, hubiese dejado de marchar como debiera…

Almagro y las instrucciones de las Boletas electorales

Este 11 de marzo los electores cubanos se enfrentarán a dos boletas: Una en verde, con la lista de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, y otra en blanco con la de los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial que corresponda.

Ambas boletas incluyen un número de “Instrucciones para votar”, las cuales son:

  1. El elector tiene derecho a votar por uno, por varios o por todos los candidatos.
  2. Si desea votar por todos los candidatos escribe una X en el círculo que aparece en el encabezamiento de la boleta.
  3. Si desea votar solamente por uno o varios candidatos y no por todos los de la lista, escribe una X dentro del cuadro situado a la derecha del nombre y apellidos del candidato o candidatos que seleccione.
  4. Serán elegidos todos los que obtengan más de la mitad de los votos válidos.

Es evidente que por su redacción las instrucciones tienden a condicionar determinadas acciones en el elector. En este caso a ratificar a los candidatos, sea de manera total o parcial.

Pero es mucho más que un mero asunto de condicionamiento. La redacción de las instrucciones responde en última esencia a los mecanismos propios del proceso electoral cubano.

Llama la atención que el no votar por ninguno de los candidatos no sea un derecho del elector. Puede votar por uno, algunos, o todos los de la lista, pero no por ninguno.

O sea, el elector puede realmente dejar su boleta en blanco. Lo que ocurre es que este voto en blanco no es considerado como válido.

Expliquémonos con un poco más en detalle: En cada boleta (blanca o verde), al elector se le presenta una lista, no de candidatos que compiten entre sí por un asiento legislativo, sino una lista de candidatos en que cada uno de ellos espera ser ratificado por el electorado en el asiento legislativo correspondiente.

No compiten entre sí, solo plebiscitan sus candidaturas.

Mas en todo plebiscito o referendo, la propuesta que se somete al electorado debe incluir dos posibles respuestas: Se la acepta, o se la rechaza. En nuestro caso se la acepta, como nos explican las instrucciones 2 y 3, al marcar en el círculo destinado al voto unido, o en cualquiera de los cuadros situados a la derecha del nombre y los apellidos del candidato individual.

Lo significativo es, sin embargo, que no hay cuadros ni círculos para oponerse de manera completa o parcial a la lista de candidatos propuesta.

Se puede, ya lo hemos admitido más arriba, dejar la boleta en blanco. Pero como establece de manera implícita la Ley Electoral, y ratifican también implícitamente las instrucciones, tales boletas no son consideradas válidas:

El artículo 112 de la Ley establece que una de las primeras acciones al concluir la jornada electoral es “separar las boletas votadas de las que fueron depositadas en blanco”. Agrega el siguiente, el 113, que una vez realizada dicha separación, el Presidente de la Mesa, en voz alta, lee el número de orden o el nombre del candidato, o los candidatos, por los que se ha votado en cada una de las boletas válidas.

En este sentido no se entiende para qué primero separar las boletas votadas de las dejadas en blanco si más tarde ambas fueran a contabilizarse juntas. Tampoco tendría sentido, de contabilizárselas juntas, que en el artículo 113 se nos aclare que el Presidente de la Mesa lee el nombre del candidato, o los candidatos, que han obtenido el favor del elector en cada boleta, cuando en algunas de ellas no podría leer ningún nombre, al haber sido dejadas en blanco.

Pero si nos quedaba alguna duda acerca de la no validez del voto en blanco en nuestro proceso electoral, el artículo 116 de la Ley viene a dejárnoslo claro: Al concluir el escrutinio, cuando el Presidente de la Mesa le hace entrega de las boletas a la Comisión Electoral de Circunscripción, estás deberán ir en “paquetes separados… las votadas válidas, las votadas en blanco (votadas, sí, pero no válidas), las anuladas, las no utilizadas, las devueltas…”

Claramente las válidas no incluyen ni a las anuladas, ni a las no utilizadas, ni a las en blanco. Y salta a la vista por qué quienes redactaron la Ley Electoral prefirieron no definir nunca de manera explícita cuál es el voto válido: Al en un referendo limitar las posibilidades del elector a votar afirmativamente de manera total y parcial, pero negativamente solo parcial, condicionaron la posibilidad del mismo para realmente poder decidir con su voto.

Con ello se hace prácticamente imposible que cualquiera de las dos listas que se le presentaran al elector en su boleta pueda ser derrotada. Incluso el que solo uno de los candidatos no alcance a resultar ratificado es ya bastante poco probable. A menos que el mayor número posible de electores se pusiera de acuerdo en votar solo por uno de los candidatos y dejar en blanco las casillas de los demás (Voto Selectivo).

Pero hasta esto tiene un limitado margen de posibilidades. Por ejemplo, supongamos que en una circunscripción con dos candidatos en lista un 40% del electorado no participara, o anulara, o dejara en blanco. Supongamos además que un 40% comprometido con el régimen votara unido, y que el restante 20% le entregara su voto solo a uno de los candidatos (preferiblemente el que hubiera sido ratificado por las urnas en las elecciones para delegados municipales). En ese caso ambos candidatos saldrían electos.

Uno por el 100% del voto válido, y el otro por el 66,6%.

Lo incuestionable es que Almagro tiene toda la razón: el sistema electoral cubano no está concebido para permitirle a la ciudadanía el ejercicio soberano de la participación política mediante la elección de sus representantes. Por el contrario, su función es evitarlo mediante mecanismos electorales engañosos, a la vez que mediante el mismo se tiende una cortina de aparente democracia sobre la real naturaleza dictatorial de régimen.

¿Elegiremos en Cuba, este 11 de marzo, a quienes eligen al Presidente?

En Cuba los ciudadanos no elegimos directamente al Presidente. Pero, ¿acaso elegimos a aquellos que de modo indirecto lo eligen a él: los Diputados a la Asamblea Nacional?

La respuesta es no.

Los cubanos solo ratificamos, y de manera muy condicionada, la lista de candidaturas que las Comisiones de Candidatura y las Asambleas Municipales del Poder Popular (AAMM) nos presentan el día de las elecciones (este 11 de marzo).

Tras un nada claro proceso, las Comisiones de Candidaturas presentan para cada municipio, o distrito donde lo haya, una lista integrada por no menos del doble de los Diputados que le corresponda elegir a cada municipio o distrito. En dicha lista los Delegados a las Asamblea Municipal no deben exceder de un cincuenta por ciento del total (art 87).

Dicha lista es entonces, y solo entonces, sometida a la Asamblea Municipal correspondiente, la cual escogerá de entre ella a un número igual de candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional que el que le corresponda a cada municipio, o distrito, donde lo haya. Con la expresa condición, instituida en el artículo 93 de la Ley Electoral, de que nuevamente solo hasta un 50% de los Diputados podrán ser nominados entre los Delegados a la Asamblea Municipal.

Medida esta última que, por el hecho de que algunos municipios y distritos tienen designado un número impar de candidatos a dicha asamblea, obliga en ellos, para no exceder el referido 50%, a dejar la proporción por debajo de ese porciento.

Así, en el caso de 3 nominados solo uno podrá provenir de la legítima 1ª etapa del Proceso Electoral Cubano, ya que si se hubieran escogido dos corresponderían al 66,66%, lo que conlleva a su vez que la representación legal en este caso solo pueda ser del 33,3% (en el caso de 5 candidatos, del 40%). Lo que en consecuencia conlleva a que nuestra Asamblea Nacional nunca llegue a tener entre sus integrantes una mitad de individuos electos durante la etapa de nominación directa en los barrios, sino siempre un poco menos (esta vez poco menos de un 47%).

Esta lista de candidatos escogidos por la Asamblea Municipal es la que finalmente se somete a referendo entre la ciudadanía con derechos electorales en el municipio; o distrito, donde lo haya. Y decimos referendo y no elección porque resulta evidente que con un solo candidato por plaza nuestro votante solo podrá aprobar, o desaprobar, y no escoger entre opciones diferentes.

Pero quizás sería mejor ni tan siquiera hablar de referendo. Y es que en todo referendo en que se juegue limpio se dan siempre dos opciones válidas: aprobar, o desaprobar. Si la suma total de votos desaprobatorios supera a los aprobatorios se considera a esa primera opción la vencedora, y a la propuesta llevada a referendo rechazada. O sea, de esta forma quien pone a referendo juega limpio, ya que deja abierta la opción de perderlo, al aceptar como voto válido el voto desaprobatorio.

Mas en el “referendo” en que las Asambleas Municipales cubanas exponen a sus votantes sus propuestas de candidaturas a Diputados a la Asamblea Nacional, no se le deja abierto más que un mínimo resquicio a la opción perdedora. Lo que ocurre al dejarle a los votantes una única posibilidad válida de voto, la de marcar con una “x”, y convertir a la otra, la de dejar en blanco (ya que no hay ninguna casilla para oponerse a la propuesta), o voto por completo contrario a la propuesta, en voto no válido.

Que el voto en blanco es considerado no válido, lo demuestra una rápida lectura del artículo 116 de la Ley Electoral, en especial en el siguiente fragmento: “…así como, en paquetes separados y debidamente sellados y rotulados, las boletas válidas, las votadas en blanco, las anuladas, las no utilizadas…”, o una más detenida de los artículos 113 y 114. En estos artículos se establece, de manera nebulosa no obstante, que para el acto del escrutinio público se separan en un primer momento las boletas en blanco de las que aparecen votadas, y que es del cómputo solo de estas últimas, tras separar las que anule la Mesa del Colegio Electoral por no conseguir determinar la voluntad del votante, que se obtiene la votación obtenida por cada uno de los candidatos.

Es en definitiva tan evidente el escamoteo del voto en blanco, que en nuestra Ley Electoral el legislador no se atreve, como en cualquier otra, a hacer explícito en un solo artículo cuál es para ella el voto válido. En su lugar “da a entender” cuál es el voto válido de manera implícita y disgregada en varios artículos del Título VI, Capítulo I, sección tercera (para entender cuál es el voto válido hay que hacer una interpretación de varios artículos).

Para ocultar el escamoteo del voto en blanco, y por lo tanto la sustracción casi completa del derecho del elector a elegir a sus Diputados a la Asamblea Nacional, se echa mano de una argucia jurídica: La de que aunque solo existe un candidato por plaza, sin embargo los electores son siempre convocados a votar por una lista. O sea, la boleta del elector siempre contiene el nombre de más de un candidato a ser ratificado en su plaza en la Asamblea Nacional. A la vez que a dicha boleta se le agrega una casilla circular, en su parte superior, en que el si el elector simplemente desea ratificar la propuesta completa que se le ha presentado puede hacer una cruz: el llamado Voto Unido.

Esta pluralización de las candidaturas sometidas al elector, que por tanto siempre se verá representado por más de un Diputado (en Encrucijada por dos, en Placetas por tres), sirve como hemos dicho para hacer menos evidente el escamoteo del voto en blanco. Y es que habría sido el colmo que en una boleta con un solo candidato a ratificar, o no, este último voto fuera declarado no válido.

En una situación semejante salta a la vista que nunca ningún candidato obtendría menos del 100 % del voto válido (a menos que absolutamente nadie marque sus boletas, en cuyo único caso el voto válido sería del 0%).

No obstante debe aclararse que al pluralizar las candidaturas a ser ratificadas o no por el elector, al tiempo que se mantienen como válidas solo las boletas en que se haya votado por todos los candidatos, o por alguno, no se eliminan totalmente las fuertes distorsiones que provoca el escamoteo del voto en blanco. En realidad, aunque con más de uno por boleta se abren algunas puertas a la derrota de la propuesta, parcial o completa, es tan baja la probabilidad de que ello ocurra que resulta en definitiva despreciable.

Así, el sistema cubano de ratificación de los candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional, acarrea el “milagro” de que solo en un caso muy extraordinario la propuesta completa pueda ser derrota. Lo cual ocurrirá, al menos para el caso de dos candidatos por boleta, si ninguno de los votantes se decide por ejercer el voto unido y en su lugar dividen de manera exacta sus votos entre los presentes en la boleta, 50 y 50.

De hecho el más probable resultado de que solo fuera derrotado uno, o algunos de los candidatos, al obtener menos del 50 % de los votos admitidos como válidos, tiene aun tan pocas probabilidades de ocurrir que en 5 elecciones generales, y con poco más de 3 000 puestos legislativos a aprobar en ellas, nunca se ha dado.

Para que se entienda en concreto: En el caso de una boleta que solo contenga dos candidatos a ser ratificados, uno de ellos será rechazado solo si la suma de los electores que han votado únicamente por el otro candidato es igual o mayor que la suma del voto unido y los que únicamente hayan votado por él. Algo que solo se conseguiría si el mayor número posible de electores se pusieran de acuerdo, no hicieran uso de la casilla del voto unido y en su lugar seleccionaran un solo candidato, negándose a marcar en la casilla del otro. Por ejemplo, al seleccionar al candidato que integra su AM del PP, y al negarse de paso a votar por el que no pertenece a ella.

El Voto Selectivo, un voto castigo a todo el sistema político-económico.

Tal mecanismo electoral, asentado sobre el escamoteo del voto en blanco, permitiría el disparate siguiente: Imaginemos un municipio o distrito con 35 000 electores registrados, en que hayan dos candidatos en boleta. En el mismo podría darse como resultado el 100% del voto válido, sin faltarse a la más estricta legalidad, si es que el electorado en pleno, menos un solo elector, decidiera votar en blanco por oponerse a la propuesta completa. Bastaría con que ese único elector votara por todos los candidatos, al hacer uso del voto unido.

¿Pero qué ocurriría en el caso muy improbable de que alguno de los candidatos no consiguiera obtener la mayoría simple de las boletas válidas?

Quizás en ningún otro lugar de nuestra ley Electoral se pueda percibir con más claridad el absoluto propósito de no dejar ningún cabo suelto, que en lo legislado para este caso.

El artículo 125 establece que en el supuesto de que “queden plazas vacantes por cualquier causa, se concede al Consejo de Estado las facultades siguientes: a) dejar la plaza vacante hasta las próximas elecciones generales, b) asignar a la AAMM del PP, constituida en Colegio Electoral, la función de elegir Delegado a la AP o al Diputado a la AN del PP, c) convocar nuevas elecciones”.

O sea, que en primer lugar no es obligatorio consultar de nuevo a unos electores tan reacios, y en segundo que la absoluta potestad de determinar si se les consulta o no, si se dejan las plazas vacías o no, no depende del máximo órgano electoral, la Comisión Electoral Nacional, sino del Poder Ejecutivo (este por lo tanto se abroga el poder de decidir en última instancia sobre la elección de quienes tienen la función de elegirlo).

Se niega CNE a presentar al público resultados electorales.

hackeados

A más de tres semanas de las recientes elecciones a una Asamblea Constituyente en Venezuela, universalmente denunciadas por ilegales y fraudulentas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país aún sigue sin publicar los resultados de las mismas. Retraso en entregarle los resultados a la opinión pública mundial y a la ciudadanía venezolana, que resulta por completo indefendible si tenemos en cuenta que la dicha Asamblea ya estaba en funciones solo 4 días después del 30 de julio.

Ante tal asunción acelerada de funciones es evidente que el Consejo Nacional Electoral de una u otra forma habría incurrido en una grave falta, que suponemos infrinja lo estatuido legalmente para procesos eleccionarios en ese país: O al permitirle a la Asamblea asumir funciones sin haberse terminado de validar los resultados electorales, o al simplemente decidir no hacer públicos los resultados, y por tanto auditables por cualquier ciudadano o simple internauta, lo que a no puede responder a otra razón que a un posible fraude electoral.

En todo caso que a 20 días de asumir la Asamblea Constituyente sigamos sin saber cuántos de quienes se presentaron a los sitios de votación anularon o dejaron sus boletas en blanco, o qué por ciento de su padrón electoral obtuvo cada uno de los candidatos, territoriales o sectoriales, no puede más que echar una densa sombra de dudas sobre la legitimidad de todo el proceso de la Constituyente.

Y es que el gobierno bolivariano y sus instituciones correspondientes parecen creer que a la opinión pública y la ciudadanía deberá bastarnos con sus repetidas lamentaciones de estar sometidos a una campaña, por parte de la derecha y la gran prensa internacional, con el fin de tergiversar la realidad venezolana, para dar por sentado que no hubo manipulación de los resultados electorales. O sea, que si es usted de izquierdas, o simplemente no es un manipulado por los grandes conglomerados mediáticos internacionales, no puede más que dar por santo y bueno cuánto digan Nicolás Maduro o Delcy Rodríguez al respecto.

Singular modo de pensar, pero que sin embargo no pocos asumen acríticamente. Porque al parecer para un sector de izquierdas si CNN o BBC nos manipulan la realidad, Telesur no cae en eso, compañeros.

Lo cierto es que con los datos electorales sería relativamente fácil, dada la cantidad de recursos estadísticos con que se cuenta hoy, entender lo sucedido detrás del proceso electoral constituyente venezolano. Por ejemplo, conoceríamos cuántos constituyentes alcanzaron a recibir el 33 % de apoyo electoral, algo que no parecen haber logrado muchos; o podríamos identificar si hubo alguna triquiñuela al manipular los padrones territorial y sectorial, de modo que ahora muchos de los supuestos 8 millones de votante simplemente se hayan conseguido al convertir votos en votantes. Tengamos en cuenta que en estas elecciones no se cumplió con el principio de un hombre, un voto, y que por tanto mientras a algunos solo les correspondió el voto territorial otros contaron además con el sectorial. O sea, que quizás en algunos colegios la ancianita que votó por su representante sectorial jubilado haya terminado convertida en alguien muy diferente de ella misma, pero al momento de votar por su representante territorial.

En todo caso nos atrevemos a vaticinar que a los resultados de este último proceso comicial venezolano les ocurrirá como al anterior. Porque resulta también muy significativo que al buscar en el sitio oficial del CNE los resultados de la anterior elección para la Asamblea Nacional Venezolana, solo obtengamos en una ventana la respuesta de página no encontrada.