La Constitución de 1940 como punto de retorno a la democracia en Cuba.

1.

Es cierto que de todos los derechos constitucionales el consuetudinario, a la manera del que hoy rige en el Reino Unido, es el ideal. Mas no creo que nadie en su sano juicio pretenda que lo mejor sea que esperemos los casi mil años que les llevó a los habitantes de la mayor de las Islas Británicas producir el suyo, y renunciar así a vivir desde hoy, nosotros y no nuestros descendientes más remotos, en un estado de derecho, por más deficiente que pueda ser.

Y es que tampoco podemos estar seguros de que ese pretendido milenio dé como resultado un estado de derecho sostenido sobre una constitución consuetudinaria: En una considerable parte del planeta varios miles de años de vida civilizada no han producido algo semejante. Por el contrario, más que una ley-costumbre consensuada en y por la actividad de todos los individuos, y destinada a facilitar dicha actividad más que a entorpecerla, es en esencia la voluntad de uno o de unos pocos, o hasta en algún caso la de los ancestros difuntos, la que evita el caos social.

Resulta incuestionable que ninguna institución supera a una madura tradición democrática. En una sociedad en la que no exista una bien establecida costumbre de consensuar la solución de los grandes y los pequeños problemas de poco valdrá una constitución… al menos como no sea para empezar a andar en la dirección de esa misma madura tradición democrática. Porque una constitución, dado que hemos decidido no sentarnos a esperar por la aleatoriedad de nuestro milenio, es una guía imprescindible en el camino, un referente de qué podemos o no hacer.

Con una constitución los sectores con criterio político pueden, al ajustarse al espíritu de su letra, educar al resto de la sociedad. Hacer ver a las grandes mayorías como al someternos a ciertos límites, en esencia los que nos plantea la libertad particular de los demás, todos a la larga ganamos (o casi todos, que desengañémonos, en realidad hay y siempre habrá una minoría, pero muy activa, que estará mejor con aquello de la ley del más fuerte).

En este sentido pedagógico se justifica el culto a las Cartas Magnas al que tanto hemos tendido los homus politicus iberoamericanos, y de ninguna manera puede achacársele a dicho culto las deficiencias evidentes de nuestra vida política. Estas deben buscarse en otra parte.

Los iberoamericanos hemos acertadamente comprendido la necesidad de establecer constituciones que nos guíen. El problema está en que no hemos entendido que estas deben surgir del país, no resultar de las elucubraciones de biblioteca, o de la copia mimética de experiencias foráneas.

José Martí, que tiene el mérito incuestionable de haber sido el primer iberoamericano que lo comprendiera a cabalidad, lo señala en su carta de 19 de septiembre de 1887 al Señor Director de la Nación, al comparar la diferente concepción de las constituciones respectivas al norte y al sur del continente: “Pero la Constitución americana… enseña a los pueblos que solo echan raíces en las naciones códigos que nacen de ellas; y que así como los artículos de la Confederación cayeron en ridículo y desuso por ser imitación postiza de las ligas griegas, así las púrpuras extrañas pueden podrir el lienzo no dispuesto a recibirlas, ni necesitado tal vez de más colores que los que echa en él el ingenuo sol nativo”.

2.

Hoy que la Nación Cubana se aproxima al inexorable momento en que deberá asumir nuevos y diferentes caminos, se necesita de una constitución escrita que nos guíe en ese difícil trance, y esta no será eficiente si no nace del país y de su historia. Estamos obligados en consecuencia a recuperar nuestra tradición constitucional. Esa que tuvo un glorioso inicio en el acto fundacional del 10 abril de 1869, en Guáimaro y de la mano de Ignacio Agramonte, Antonio Zambrana y Eduardo Machado.

Ahora, el que planteemos la necesidad de una constitución y para nada tengamos en cuenta la actual, como si de hecho ella no estuviese vigente al día de hoy, se justifica en una realidad: La Constitución de 1976 no se asienta en nuestra mencionada tradición constitucional. Una tradición según la cual las constituciones cubanas aceptadas desde un principio como no transitorias, han sido redactadas, aun en medio de la guerra, por asambleas constituyentes electas libremente por la Nación, en medio de un ambiente de total y amplia libertad de discusión.

La Constitución de 1976 fue concebida por una comisión designada a dedo por la alta jerarquía del Partido, y que más tarde, en 1974, fue traspasada al gobierno sin ninguna ceremonia y con tan solo una minúscula nota en la prensa oficial. Dicha comisión, de más está decirlo, estuvo siempre bajo la más completa supervisión de Fidel y Raúl Castro, y fue encabezada por un viejo estalinista: Blas Roca. Este texto constitucional fue finalmente sometido a plebiscito en un ambiente marcado por el más absoluto control por el poder, a través de sus organizaciones paraestatales (CDR, CTC, FMC…) y de sus órganos de represión civil y política (Seguridad del Estado). Y aun cuando es cierto que se permitió cierto debate, este solo pudo llegar a cuestionar aspectos secundarios e insignificantes, pero en ningún momento lo medular de esta Carta.

Por su letra, la Carta del 76 no define un estado republicano democrático basado en el ejercicio pleno de la soberanía popular a través de representantes electos en comicios transparentes; un estado republicano democrático en que el respeto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos sea su piedra miliar.

En teoría al menos, la de 1976 es una constitución de raíz leninista (la esencia de dicho constitucionalismo se explicita por primera vez en la segunda de las Tesis Sobre el Poder Soviético, redactadas por Vladimir Ilich Lenin en mayo de 1918). La misma institucionaliza el dominio absoluto sobre la sociedad y el estado por un grupo elitista: la vanguardia política del Partido Comunista. O sea, que coloca la soberanía más que en manos de los integrantes de la Nación mayores de edad, en las de cuatro gatos y sus particulares interpretaciones de una teleología con pretensiones de ciencia: Ese inexplicable conglomerado de ideas llamado Marxismo-Leninismo (algo parecido al cristiano-fascismo).

Más allá de la teoría, sin embargo, la Carta de 1976 es algo muy distinto y a la vez más simple y primitivo. Cabrá notarlo con solo comparar su letra con la soviética de 1977.

Si la soviética define el gobierno consensuado de una elite de funcionarios, la cubana, por su parte, más que uno presidencialista estatuye uno monárquico. Si en la soviética en su artículo 121 se definen las atribuciones del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, y en el 131 los límites de las atribuciones del Consejo de Ministros, en cambio falta ese larguísimo, semejante al 91 de la nuestra del 76, o el aun un tanto más largo 93 de la de 1992, en que se establecen con claridad los muchos poderes del equivalente cubano del Presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Es en verdad inaudita la cantidad de poder que acumula la Constitución de 1976 en manos del Presidente del Consejo de Estado, y también, por cierto, la facilidad con que este “detalle” pasa inadvertido para muchos agudos pensadores cubanos y aun foráneos.

En este sentido resulta sumamente locuaz el siguiente fragmento tomado del libro “Comentarios a la Constitución Socialista”, del “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista”, profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución es un justo homenaje a su persona.”

Es evidente que a menos que se sea un monárquico empedernido, en especial uno de esos que sienten fascinación por ciertos linajes “guerreros”, aun cuando procedan de alguna miserable choza gallega, o un leninista trasnochado, de los que creen que más que la opinión consensuada de los individuos lo que importa son las cuasi sagradas leyes de la dialéctica, la Constitución de 1976, reformada en 1992, no nos sirve para establecer en Cuba una República democrática, con todos y para el bien de todos.

Como la deseaba Martí, cabe recordar.

3.

¿Qué hacer entonces?

De entrada admitimos que una asamblea constituyente soberana nos parece la mejor de las soluciones. El problema es este: ¿dentro de qué marco legal se la elegiría y sesionaría?

Una asamblea constituyente electa bajo la actual ley electoral, en el marco constitucional del 76-92, sea para redactar una nueva constitución  o aun para simplemente reformar la presente, no satisfaría a más que a los mismos que hoy detentan el poder en nuestro país: El generalato y los altos funcionarios del estado y del partido. Serviría, a lo mucho, para racionalizar su dominación sobre nosotros, desprendiéndolos de determinados deberes hacia sus gobernados que hoy les impone más que la Carta de 1976 la tradición política revolucionaria cubana, a la vez que estableciéndoles nuevos privilegios, o al menos estatuyendo en el papel muchos que en la práctica ya se han apropiado al presente.

Una asamblea constituyente electa en semejante marco legal sería idéntica a nuestra actual Asamblea Nacional, y en consecuencia solo serviría para validar lo que desde la cúspide de la pirámide de poder deseen sea nuestra futura Constitución. Con la única diferencia que ahora se validaría, pero no por la consabida unanimidad (quizás Mariela Castro vote por introducir reformas en los artículos en que se necesite definir el concepto de familia… nada más).

En cuanto a simple y llanamente llamar a una nueva y verdaderamente libre Asamblea Constituyente, cabe recordar algo que ya discutimos más arriba: La imperiosa necesidad que tenemos de dejar bien claro al nivel simbólico que nuestra transición viene a reencausarnos en nuestra tradición democrática, en este caso constitucional, no ha simplemente “rectificar”, o “actualizar” lo presente. Presente que en definitiva no significa más que una perversión de nuestro pasado y nuestro ser nacional.

En este sentido volver a la Constitución de 1940 implicaría una loable recuperación de nuestras tradición constitucional, ya que es innegable que esta Carta cumple como ninguna otra con la tradición comenzada en la manigua por nuestros padres fundadores. Es ella el resultado de una asamblea constituyente electa como resultado del sufragio de todos las cubanas y cubanos mayores de 21 años, sobre cuyas sesiones se ejerció el más estricto control popular, en un ambiente de completa libertad de pensamiento y expresión, como podrá comprobar cualquiera que abra la prensa de la época o los dos gruesos tomos de su Diario de Sesiones.

4.

A esta propuesta, no obstante, se le hacen varias consideraciones en contra.

La primera, que el marco jurídico de la Cuba actual no concordaría con el de la Carta de 1940, dándose el caso de que la mayoría de las leyes que rigen al presente se volverían inconstitucionales en caso de revalidarla.

La segunda que dado el hecho de que a dicha constitución nunca se le aprobara su legislación complementaria, de reinstaurársela se provocaría que el país quedara sin leyes por un tiempo prolongado.

A lo último respondemos que una constitución no tiene necesariamente que ser aplicable a través de leyes complementarias. Que puede, y es lo preferible, que tenga una fuerza normativa directa, o sea, que a través de la interpretación de su espíritu pueda servir para resolver cualquier caso concreto que se presente en ausencia de legislación concreta. Pero que por otro lado el problema de las leyes complementarias existe también con la actual Constitución de 1976-92, e incluso más agravado, cual se encarga de transparentárnoslo una voz tan autorizada, y poco sospechosa de diversionismo ideológico, como el profesor Walter Mondelo en Constitución, regla de reconocimiento y valores jurídicos en el derecho cubano: “…transcurrido más de un cuarto de siglo desde su promulgación, aún no han sido cumplidas numerosas reservas de ley hechas por el constituyente de forma imperativa, señaladamente las referidas a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Por ejemplo, hasta hoy el artículo 88 de la Constitución en su epígrafe g no pasa de ser más que una tomadura de pelo, al faltar la imprescindible legislación complementaria que establezca no ya el procedimiento, que existe, si no los más importantes plazos bien definidos en que “el único órgano con potestad constituyente y legislativa” se vea obligado a darle curso legal a la iniciativa de los ciudadanos. Sin plazos, el “único órgano” puede simple y llanamente hacerse el desentendido.

A la primera consideración en contra, referida a la aparente incompatibilidad de las leyes actuales con la Carta de 1940, respondemos a su vez mediante las siguientes preguntas, ¿es qué acaso hemos cotejado los actuales códigos penal y civil con la Constitución de 1940 para lanzar tan absolutista, y errónea, afirmación?, ¿o es que en todo caso deseamos mantener en vigor las actuales leyes, por ejemplo, las de seguridad del estado?, ¿o que pensamos que la actual legislación de la propiedad, industrial, empresarial… sirve para sacar al país del marasmo productivo en que se haya enterrado?, y para no andarnos con tanto paños tibios: ¿Por qué empeñarnos en defender la actual legislación si aun figuras bien establecidas en el mundo académico gubernamental, como el más arriba citado profesor Walter Mondelo, llegan al extremo de reconocer que el Código Civil vigente es “técnicamente inferior al Código Civil español de 1888”, o sea, que un código de cuando el malecón era de… ni de yaguas, porque todavía no se había ni soñado?

Algo muy diferente, sin embargo, es que se plantee que de aprobarse la Carta de 1940 los derechos de propiedad sobre tierras y casas que obtuvieron las personas naturales, en lo fundamental entre 1959 y 1962, quedarían anulados, debiéndose devolver dichas propiedades a los descendientes de los dueños expropiados entonces. Esta consideración se relaciona con un punto muy importante: el de la legalidad o no en el marco de la Carta de 1940 de las medidas adoptadas por la Revolución sobre la propiedad inmueble. De hecho solo si resolvemos este punto seremos capaces de encontrarle una respuesta a aquella consideración sobre la factibilidad o no de recuperar la Constitución de 1940, en la consecuente variante de transición que diseñemos.

Partamos de establecer que la Revolución se hizo porque en la madrugada del lunes 10 de marzo de 1952 se le había pasado por arriba a la Constitución. En la mente de las minorías que la emprendieron desde un inicio no tenía otro objetivo que volver a poner a la República bajo el cauce democrático definido por los constituyentes en 1940, como lo ha reconocido el mismísimo Mario Mencía, todo un hombre de Fidel Castro:

“… todos los partidos, todas las organizaciones, todas las tendencias, todos los grupos de oposición, absolutamente todos, abogaban por que se restaurara plenamente la Constitución de 1940”.

De hecho el mismísimo Fidel Castro estableció, en la proclama redactada bajo su orientación por Raúl Gómez García, en vísperas del 26 de julio de 1953, y a posteriori conocida como el Programa del Moncada, que restaurar dicha constitución era uno de los objetivos principales de su Revolución (que no fue ni mucho menos toda la Revolución, por cierto). Algo que quedó todavía más claro en su subsiguiente autodefensa por los sucesos del cuartel Moncada, cuando llegó hasta invocar ante el tribunal que lo juzgaba el derecho a la “resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados”, reflejado en el artículo 40 de aquella.

Como reconocen Julio Fernández Bulté y Julio Antonio Fernández Estrada en La Constitución de 1940 desde nuestra perspectiva actual; “La misma Ley Fundamental de 1959 (7 de febrero) fue, sin lugar a dudas, la reimplantación de la del 40”. Y se da el caso de que dicha Constitución ya legislaba una Reforma Agraria y definía a la propiedad privada como de utilidad social, con lo que la redistribución de tierras y viviendas era ya de hecho por completo legal en su espíritu… Además de que no podemos olvidar tampoco la innegable potestad legislativa intrínseca a toda revolución. Porque de no reconocerlo así, por ejemplo, nunca Luis XVIII hubiese podido reasumir el trunco reinado de su dinastía, ni los émigrées conseguido volver a la Francia de 1815.

5.

En todo caso reponer la Carta de 1940 no debe ser nuestro destino final. Su función sería más bien la de permitirnos re-entroncar de nuevo con nuestro pasado, a la vez que no desechar lo mejor, o lo que no resulte político descartar del periodo revolucionario. Ella más que nada debe servirnos para que dentro de su marco legal, y sobre la tradición de la que es parte importantísima, puedan convocarse elecciones a una asamblea constituyente con la mayor posibilidad imaginable, dadas nuestras actuales condiciones, de que se la elija y funcione en libertad.

Para ello proponemos a continuación una manera de garantizarlo.

Es evidente que en el caso de una nueva revolución las formas de hacerlo serían en definitiva más simples. Pero como todavía quedan tenues esperanzas de que nuestra transición no deba alcanzarse mediante la violencia, de que no haya que echarse a la calle para evitar que este particularmente oportuno momento se nos vaya por el tragante de la historia… aquí va la propuesta:

Lo primero será que el actual gobierno reinstaure la Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959 durante un periodo que no exceda los dos años. En ese periodo de tiempo el Consejo de Ministros deberá encargarse de introducir las reformas necesarias a la Constitución de 1940 (solo las que se desprenden del diferente ordenamiento político-territorial, o la diferente distribución y número de la población nacional), y a la Ley Electoral 17 de 31 de mayo de 1943. Y, muy importante, deberá dictar las siguientes tres leyes con carácter constitucional: se declararán inembargables a perpetuidad todas las propiedades inmobiliarias obtenidas por las personas naturales a consecuencia de las leyes y decretos dictados durante el periodo revolucionario; se declararán inembargables, por el tiempo que dure la transición, todas las propiedades que al momento del comienzo de dicho proceso, aun estando en manos del estado, brinden un comprobado servicio social asistencial a la población; y por último, se declarará inderogable a perpetuidad toda legislación de beneficio social o laboral dictada por la Revolución o la República, y vigente al comienzo del proceso de transición (no preocuparse inversionistas, el propio castrismo se ha ocupado de hacer desaparecer no pocas de las conquistas del movimiento obrero cubano).

Al cabo de dicho periodo de dos años de vigencia de la Ley Fundamental se irá a elecciones generales para elegir el Congreso que la Constitución del 40 estatuye. El Congreso, una vez electo, deberá inmediatamente después y antes de cumplir cualquiera de sus demás deberes legislativos reunirse para proponer las reformas mayores, sean específicas, parciales o integrales, que crea necesarias; proceso que deberá regirse escrupulosamente por lo legislado en los artículos 285 y 286 de aquella Constitución.

En esta variante, por tanto, el Congreso recién electo funciona más que nada como una Asamblea Constituyente. Así, en caso de que la reforma por el propuesta llegará a ser integral, implicaría casi seguramente la elección de un nuevo Congreso, y por tanto su propia disgregación tras las consecuentes elecciones para elegirlas.

De ser aplicada esta variante garantizaría una transición no violenta y en que la iniciativa parta de las autoridades. A la vez mediante esta variante se admite simbólicamente desde un principio que esta no es simplemente una “actualización”, sino una transición en regla a la democracia, y sobre todo un regreso a nuestro verdadero ser nacional.

Y es que no podemos darnos el lujo de hacer borrón y cuenta nueva con nuestra tradición democrática en el ya indetenible proceso de transición. Debemos establecer un nuevo pacto social, político y económico entre los cubanos que vivimos al presente, pero ese pacto debe cimentarse sobre nuestra riquísima tradición, sin hacer ascos ni de nuestras guerras de independencia, ni de nuestro periodo republicano y aun menos de la propia revolución, al menos mientras no se convirtió en un movimiento inercial de la sociedad cubana que solo favorece a ciertas elites políticas, y militares.

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Carácter Monárquico de la Constitución de 1976.

José Gabriel Barrenechea.

¿Por qué afirmo que, a pesar de la superficial y aparente semejanza entre ambas, la Constitución Cubana de 1976 es otra cosa bien distinta que la Soviética de 1977?

Si la segunda define en teoría un régimen parlamentario, y en la realidad el gobierno consensuado de una elite de funcionarios, la nuestra, por su parte, más que uno presidencialista, prefigura uno monárquico. Si en la soviética en su artículo 121 se definen las atribuciones del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, y en el 131 los límites de las atribuciones del Consejo de Ministros, en cambio falta ese larguísimo, semejante al 91 de la nuestra del 76, o el aun un tanto más largo 93 de la de 1992, en que se establecen con claridad los muchos poderes del equivalente cubano del Presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Es así que uno no se explica (bueno, en verdad uno si se lo explica…) que alguien tan agudo como el relevante jurista cubano, Julio Fernández Bulté, escriba en su ensayo “El proceso de institucionalización en Cuba” que, “la Constitución de 1976 nos aproximó, funcional y estructuralmente, a los países socialistas de Europa del Este y nos separó en cierta medida de nuestras tradiciones presidencialistas”. Porque en la realidad, más que en la teoría, y no “en cierta medida”, sino en una inusitada, la Constitución de marras fue más que presidencialista, monárquica, y ni tan siquiera a la manera de la Inglaterra del siglo XVIII, sino a la de la Francia de 1700, bajo el Rey Sol.

En este sentido resulta sumamente locuaz el siguiente fragmento tomado del libro “Comentarios a la Constitución Socialista”,del “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista”, profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución es un justo homenaje a su persona.”

Solo la aceptación desprejuiciada de este carácter monárquico de nuestra Ley de Leyes, nos ayudará a comprender por qué, según lo expresa el catedrático Walter Mondelo en “Constitución, regla de reconocimiento y valores jurídicos en el derecho cubano”, nuestra Carta Magna no ha podido consolidarse como el patrón de la constitucionalidad y la legalidad. En definitiva por qué la misma no es “usada regularmente como criterio para identificar el derecho válido y para fundamentar el deber de obediencia a sus normas”.

Apartándonos de divagaciones kelsenianas o hartianas, concebidas para no tener que ver lo evidente, sin perder prestigio académico de paso, el hecho de que aún se debata “si los decretos-leyes (del Consejo de Estado) tienen igual jerarquía que la ley, cuando la Constitución faculta únicamente a la Asamblea Nacional a promulgar leyes y, además, a revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado si se oponen a la ley o a la Constitución”, el que por otra parte en casi 38 años la Asamblea Nacional no haya nunca ejercido su derecho a “decidir acerca de la constitucionalidad de (los) decretos-leyes”, o “revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado”, solo se comprende a cabalidad si aceptamos que dicha constitución se ha hecho a la medida del imperante carismático, Fidel Castro.

Y es que en esencia dicha Constitución no consiste más que en una reescritura de las constituciones socialistas de corte soviético, redactada por los seguidores más próximos del líder carismático y bajo su directa supervisión, con el fin de obtener los beneficios de la pertenencia al CAME sin a la vez verse obligados a desprenderse de las particulares formas que ha terminado asumiendo el poder en la Cuba revolucionaria. De este modo todo lo que no este escrito allí para legitimar dicho poder carismático, o que pueda entrar en contradicción con el mismo, ha sido expurgado cuidadosamente de todo valor real.Como por ejemplo la grandilocuente declaración que es en sí el artículo 69 de la versión de 1992, que establece que “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo”.

Tal declaración carece de la más absoluta realidad, si comprendemos no solo que reuniéndose a lo sumo una semana al año es imposible ejercer semejante poder, sino también que por el actual sistema electoral, que impide el surgimiento de otras figuras políticas de alcance nacional independientes de las previamente existentes, la Asamblea se encontrará siempre, y por completo, en manos de poderes anteriores a su elección: el imperante carismático, y a quienes este tenga a bien designar para sucederle.

En defensa del pago semanal.

José Raimundo Andreu.

 El 23 de mayo de 1940 el autor presentó una Enmienda Adicional al artículo 72 del Dictamen (el anteproyecto de la Constitución). Su texto era el que sigue: “Los jornaleros percibirán su salario en plazo no mayor de una semana”. A continuación publico fragmentos de sus palabras de defensa, y que indudablemente influyeron en el que la Enmienda resultara aceptada de modo íntegro, y en que pasara a formar parte del artículo 64 de la Constitución definitiva:

Señor Presidente y señores Delegados:

Una Constitución debe recoger siempre en sus prescripciones el estado de necesidad de los pueblos en el momento en que se redacte. Por eso, el Convencional que habla ha sometido a la consideración de esta Asamblea la Enmienda a que se acaba de dar lectura, que recoge un estado de necesidad de las clases trabajadoras de nuestro país.

El trabajo, indudablemente, tiene como fin esencial el mantenimiento, la subsistencia de las personas que le realizan, y este trabajo tiene como retribución directa el salario.

El salario, entre sus condiciones sustanciales, debe tener la de ser inmediato y efectivo, porque tendiendo, como debe tender, al mantenimiento de la vida del que lo realiza, es innecesario justificar la necesidad de obtener la retribución del trabajo efectivamente después de cumplido.

La situación económica, estrecha y dura que la economía nacional viene sufriendo en los últimos años, ha impuesto la necesidad, sin entrar en las razones que pudieran ser causales para los patronos, de salarios bajos, de salarios tan ínfimos que nos sorprendemos diariamente de que con ellos pueda mantenerse familias numerosas, con pequeñuelos al abrigo de los padres, en bohíos y casas en que todo es necesidad, en que todo es hambre, de pan, de auxilios, de servicios, y ese salario mínimo se ve, por las condiciones de inseguridad, por su insuficiencia y retardo en recibirse, disminuido en su valor real, de manera tal que cuando un trabajador tiene como salario 80 centavos, en realidad no son 80 centavos, porque esa cantidad nominal se ve mermada por el medio económico estrecho en que el trabajador se desenvuelve, se reduce a cantidades mucho menores porque no disponiendo de crédito el trabajador tiene necesariamente que depender de comercios dependientes del patrono o de la empresa donde trabaja, donde su jornal de 80 centavos en precio de venta de mercancías se ve reducido a un valor real de 50 centavos, de manera tal que en el momento de estrechez económica de nuestro país, en los momentos de intensas dificultades por que atraviesan las clases proletarias cubanas, vemos reducidos los jornales mínimos señalados por la Ley, a cantidades mucho menores haciendo insostenible la supervivencia de quien con su trabajo, viene a ser el órgano fundamental de la economía nacional, que es el trabajador.

Por estas razones, para asegurar el pago del salario, producto del esfuerzo del trabajador, y por las necesidades que he apuntado, en la época de penuria económica que confronta nuestro pueblo, pido a la Convención que apruebe la Enmienda presentada.

Carácter Leninista de la Constitución de 1976.

José Gabriel Barrenechea.

La Constitución de 1976, por razones obvias, no responde a las expectativas de los sectores o individuos no socialistas de nuestra sociedad. Pero hay más: La Constitución de 1976 tampoco responde a las expectativas de aquellos a quienes optamos por llamar con más exactitud postcapitalistas, o sea, de todos los que creemos en la necesidad humana de no detenerse nunca en lo logrado, y en consecuencia de construir una sociedad que supere a la más avanzada que hasta ahora hayamos tenido sobre el planeta Tierra: la capitalista, u occidental moderna.

La causa tiene que ver con una realidad: El ideal político en que se basa no es para nada un proyecto de superación del capitalismo. En él, por el contrario, lo que predomina es lo precapitalista: Hipertrofia del estado, estructuraciones similares al estado burocrático confuciano, adoración cuasimágica de líderes carismáticos, doctrinas de los iluminados por la verdad, o de las vanguardias, reducción de los individuos a mecanismos de la Gran Maquinaria Estatal, o lo que es lo mismo, a ocupantes disciplinados y sin fanfarrias del lugar asignado…

Esa amalgama precapitalista, a la que forzando el término se llamó Socialismo, adopta un modelo constitucional, el leninista.

En el artículo Un socialismo de ley, escrito a cuatro manos por Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche, y publicado en su número 57 por la revista Caminos, los autores pretenden que la perversión del “constitucionalismo socialista” comenzó con la polémica entre Solts y Krylenko, en 1925. Nada más inexacto, sin embargo, ya que tal perversión es en realidad obra de Vladimir Ilich Lenin y no de ningún funcionario estalinista, y mucho menos del propio Stalin.

Para el mejor Marx, y no el de sus devaneos hasta genocidas que podemos leer en la Nueva Gaceta del Rin, la creencia en la inexorable proletarización casi total de la sociedad capitalista, lo lleva a concluir que basta con que el poder pase a manos de esta “inmensa mayoría”, para que mediante el ejercicio democrático de dicho poder al interior de dicha clase (dictatorialmente no obstante hacia las escasas minorías exteriores: funcionarios del estado y burguesía industrial y financiera, hez de las metrópolis o lumpemproletariado, pequeños propietarios rurales…), la Humanidad se conduzca segura y definitivamente al Reino de la Libertad. No hay por tanto divergencia entre soberanía y finalismo comunista: el proletariado, dejado al mando de la sociedad, por su misma situación en el conjunto de relaciones productivas, porque, como se nos aclara en el Manifiesto Comunista, “las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas” en sus particulares condiciones de existencia, no puede más que conducirla al comunismo.

Lenin, sin embargo, un hombrecito gris obsedido con la dialéctica (su peor descalificativo es: “no domina bien la dialéctica”), no está tan seguro de que el proceso funcione precisamente así. Y su ejercicio del poder, en las condiciones de la Rusia de la primera posguerra mundial, lo lleva a reafirmarse en sus dudas de que en realidad el proletariado lleve en sí mismo a la nueva sociedad sin clases ni estado. Para él, el comunismo es más que el resultado de los consensos al interior de una clase cualquiera, una obra de ingeniería social. Es por ello que se inventa una nueva teoría: la de la necesidad de una vanguardia política, que no solo guíe al proletariado, y en general a toda la población a la toma del poder, sino que después se haga cargo del mismo como especialistas en lo que debe hacerse para arribar al comunismo.

En lo profundo por tanto la diferencia se encuentra en que para el mejor Marx (repetimos que él también tuvo sus devaneos, como todo verdadero gigante…) las leyes de la evolución social poscapitalista no son algo suprahumano, sino que se concretan en la lógica del ejercicio democrático del poder al interior de la mayoritaria clase obrera, mientras que para Vladimir Ilich Lenin (el hombrecito gris), estas mencionadas leyes tienen su asiento en las profundidades ontológicas de las cosas, en una mística arquitectura del espacio-tiempo absoluto que contiene a los hombres, y por tanto requieren de un grupo especial, el partido, que primeramente las descubra y luego sea capaz de utilizarlas en la construcción del redencionista “porvenir luminoso”.

Esta particular visión leniniana se transubstancia por primera vez en derecho en la Constitución Soviética de julio de 1918. Allí los legisladores de la “comisión especial del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia encabezada por Lenin” tendrán muy en cuenta (faltara más) la segunda de las “Diez Tesis sobre el Poder Soviético” suyas, de marzo de 1918, que dice: “Agrupación de la parte más dinámica, activa y consciente de las clases oprimidas, de su vanguardia, la cual debe educar a toda la población trabajadora, sin excepción, a que participe por su cuenta en el gobierno del país en la práctica, y no en teoría”

Y es tras ese loable deseo de educar para el ejercicio del poder, que se agazapa el escamoteo de la soberanía tan característico de los leninismos, y es a su vez la razón de porqué los socialismos leninianos tienen que ver más en realidad con lo pre que con lo postcapitalista. El ejercicio de la soberanía queda en manos de quienes por especiales condiciones, sea gracia divina, suerte genética o afortunada consecuencia del cúmulo de sus circunstancias formativas (dialécticas), tienen privilegiado acceso al verdadero, y único, conocimiento; o para satisfacción póstuma de Platón, en manos de los “reyes filósofos” del Comité Central.

En realidad el “constitucionalismo socialista leniniano”, digámoslo sin retóricas academicistas, se reduce en la práctica a un único artículo realmente efectivo. El que señala al partido, pitoniso de la necesidad histórica, como el soberano. Artículo al que para acallar “el qué dirán”, se le añaden a veces otros muy progresistas, tomados en lo fundamental de la práctica política de las socialdemocracias alemanas e inglesas, o hasta de la del rey del conservadurismo europeo decimonónico, Otto Von Bismark, pero válidos, no obstante, solo mientras no entren en contradicción con ese único.

¿Por qué la Carta de 1940 como punto de partida de nuestro retorno a la democracia?

José Gabriel Barrenechea.

Las sociedades se atreven a afrontar los cambios con mayor facilidad cuando ya antes en el pasado los han emprendido, llevándolos a buen, o al menos regular término. A las sociedades con una preocupante pérdida de confianza en sí mismas les resulta más fácil recuperarla cuando, poseyendo una historia rica en realizaciones y logros, son capaces de volverse hacia ella. No en balde sus estudios del proceso de desaparición del Socialismo Real, llevaron a Grzegorz Ekiert a sostener: “afirmo con seguridad que la lección más sobresaliente que nos brinda la transición postcomunista es que la historia es muy importante.”
Es cierto, por otra parte, que de todos los derechos constitucionales el consuetudinario, a la manera del que hoy rige en el Reino Unido, es el ideal. Mas no creo que nadie en su sano juicio pretenda que lo mejor sea que esperemos los casi mil años que les llevó a los habitantes de la mayor de las Islas Británicas producir el suyo, renunciando así a vivir desde hoy, nosotros y no nuestros descendientes más remotos, en un estado de derecho efectivo. Y es que tampoco podemos estar seguros de que ese pretendido milenio dé como resultado un estado de derecho sostenido sobre una constitución consuetudinaria.
A más de doscientos veinte años de la publicación del primer número del Federalista resulta incuestionable que ninguna institución supera a una madura tradición democrática. En una sociedad en la que no exista una bien establecida costumbre de consensuar la solución de los grandes y los pequeños problemas de poco valdrá una constitución… al menos como no sea para empezar a andar en la dirección de esa misma madura tradición democrática. Porque una constitución, dado que hemos decidido no sentarnos a esperar por la aleatoriedad de nuestro milenio, es una guía imprescindible en el camino, un referente de qué podemos o no hacer. Con una constitución los sectores más educados y con criterio político pueden, al ajustarse al espíritu de su letra, educar al resto de la sociedad; hacer ir viendo a las grandes mayorías como al someternos a ciertos límites, en esencia los que nos plantea la libertad particular de los demás, todos ganamos.
Por tanto necesitamos volvernos hacia nuestra historia, y además necesitamos de una Constitución, escrita. Ergo: estamos obligados a recuperar nuestra tradición constitucional; una que tuvo comienzo en el acto fundacional del 10 abril de 1869 en Guáimaro. Tradición que establece que las constituciones cubanas aceptadas desde un principio como no transitorias, son redactadas, aun en medio de la guerra, por Asambleas Constituyentes electas libremente por el pueblo, y no otorgadas por gobiernos, personalidades o partidos, por más cargados de virtudes extraordinarias, méritos y buenas intenciones que puedan parecernos.
La constitución hoy vigente, la de 1976, preparada primero por comisiones del PCC, luego traspasadas por decreto al gobierno, es evidente que no puede ser incluida ni de lejos dentro de esa tradición, y por lo tanto no puede servirnos como punto de partida de nuestra vuelta a la democracia.
Porque los cubanos volvemos a la democracia, no solo transitamos hacia ella. Volvemos, porque hace poco más de 62 años vivíamos en una: La definida por nuestro más alto logro político como pueblo: La Constitución de 1940. Recuperarla, por tanto, como marco jurídico de nuestro futuro estado de derecho nos permitirá reinsertarnos en nuestra tradición constitucional; pero además tendrá un punto más a su favor, vital en nuestra actual situación de fractura nacional: legitima a la Revolución dentro de esa misma tradición, al menos hasta el momento del golpe de estado televisivo a mediados de julio de 1959.
Recordemos que se hizo la Revolución porque en la madrugada del lunes 10 de marzo de 1952 se le había pasado por arriba a dicha Constitución. Según ha reconocido nada menos que Mario Mencía, en la mente de las grandes mayorías que la emprendieron desde un inicio no tenía otro objetivo que volver a poner a la República bajo el cauce democrático definido por los constituyentes de 1940. De hecho el propio Fidel Castro, en su autodefensa por los sucesos de cuartel Moncada, invocó el derecho a la “resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados”, que se refleja en el artículo 40 de aquella.
Hay algo más a su favor: La mayor claridad de sus mecanismos de reforma la hacen idónea para que nuestra tradición institucionalista no se estanque y siga escalando nuevas cotas; quizás incluso hacia una sociedad que verdaderamente supere a la Occidental Moderna o Capitalista, y que en el intento no nos haga más bien retrotraernos a una pre-capitalista, pre-moderna.
Claro, solo si el soberano: el pueblo cubano, así lo estimara.
Agrego, para completar, otras cuatro poderosas razones destinadas a defender la Constitución de 1940 frente a la de 1901: Es esta última demasiado liberal para un pueblo cubano muy social a estas alturas de su historia; está demasiado ligada en el imaginario colectivo a su apéndice constitucional: la Enmienda Platt; define el que quizás haya sido el peor de nuestros males republicanos: el presidencialismo, frente a las formas semi-parlamentarias de la del 40; no es tan escueta como algunos de sus defensores (que parecen no haberla leído) piensan: tiene 115 artículos, 108 más que la Americana (la prolijidad de la de 1940 no es necesariamente un problema, ya que si así fuera el Reino de Noruega anduviese sumido al presente en la más atroz anarquía).

Vía Cubana al Socialismo.

José Gabriel Barrenechea.
Ante la evidencia de que el socialismo soviético más que una superación del capitalismo ha sido un retroceso, ya en la década de los cincuentas otros movimientos comunistas se embarcan en la búsqueda de nuevos caminos. A la Yugoslavia de Tito, que ya desde el mismo fin de la guerra ensaya el socialismo construido por comunistas más avanzado, le siguen una década después el intento húngaro de restablecer la República de los Consejos de 1919 en octubre de 1956, y el “Gran Salto Adelante” maoísta, el caso más retrógrado.
El tiro de arrancada lo ha dado el PCUS, cuando en su XX congreso y de labios de su primer secretario, Nikita Jrushov, se atreviera a criticar todo su desempeño anterior y admitir que se han cometido graves errores (la burocratización de la sociedad y de la economía soviética). Y al hacerlo ha vuelto a dejar, por lo menos entreabierta, la puerta a la búsqueda de una sociedad postcapitalista; puerta que tras Lenin y su supuesta genialidad había quedado cerrada con siete pestillos, y defendida por los muchachos de la NKVD.
La Revolución Cubana, que en sus orígenes tiene por sobre todo un impulso nacionalista de reconformación hemisférica, evoluciona con rapidez hacia la órbita del único socialismo construido por comunistas que por entonces posee cierto arraigo en la Isla: el socialismo soviético. Muy pronto, no obstante, surgen los desencuentros entre la revolución cubana, nada dada por su naturaleza intrínseca nacionalista a que se la trate como satélite, y la jerarquía del Kremlin. Esto favorecerá durante los sesentas el clima necesario para que se perfile una “vía cubana hacia el socialismo”. La elaboración de la cual, en vista de la sospecha que ahora se cierne sobre los miembros del viejo partido, quedará en manos de un sector joven que se ha educado políticamente en la revolución, pero que por otra parte no ha perdido la tradicional comunicación de nuestras vanguardias con el pensamiento occidental más avanzado, por lo que a la inquietud por la burocratización, superponen la suya propia por la falta de libertad evidente tras los telones de acero o de bambú.
La más acabada expresión teórica de esa vía, a nuestro entender, será una serie de editoriales de Granma, recopilados más tarde en la revista Bohemia bajo el título de “La Lucha contra el Burocratismo: Tarea Decisiva”, en los que en principio se ensaya explicar el automático proceso de burocratización que opera al triunfo del socialismo. Una explicación no exactamente marxista por su particular concepción de las clases sociales, y si más cercana a la visión weberiana de las mismas, la cual no trataremos tanto por razones de espacio, como porque para este trabajo lo que en realidad nos interesa es la solución que se propone al hecho de que “…mientras permanezca el Estado como institución y mientras la organización administrativa y política no sea, plenamente, de tipo comunista, existirá el peligro de que se vaya formando una capa especial de ciudadanos en el seno del aparato burocrático, administrativo y de dirección”; o sea, la mencionada vía cubana.
Y esa solución, según el editorialista, pasa en definitiva por: “…el desarrollo de un hombre nuevo, con una conciencia y una actitud nuevas ante la vida…”
O sea, el desarrollo de un individuo que esté constantemente concentrado en la edificación del comunismo, dispuesto a la “entrega total a la causa revolucionaria”, a “actos de valor y sacrificio excepcionales por ella” y que perpetúe “en la vida cotidiana esa actitud heroica”. Un revolucionario a tiempo completo, un Tábano de la conocida novela romántica, en fin, una mujer o un hombre que no viva en lo rutinario, sino en lo trascendente: un asceta revolucionario.
Mas la autodisciplina, la continúa vigilancia de sí mismo, de sus acciones y hasta de sus pensamientos que todo ascetismo implica, genera un esfuerzo psíquico descomunal, asumible solo por unos pocos individuos. Así la diferencia natural de aptitudes estira hasta los extremos a la sociedad, desfigurando lo que en esencia era un remarcable intento igualitarista. Mientras los ascetas sienten la gracia revolucionaria en su interior, alcanzada gracias a haber cumplido, por propia voluntad, con determinadas normas y principios que a su vez han aceptado solo tras someterlos a su particular criterio, los demás, las inmensas mayorías, o no pueden, o están demasiado apegados a lo mundano como para convertirse ellos mismos en ascetas. Imbuidos en lo cotidiano, carecen muchas veces no solo de la cultura o de la inteligencia necesarios para aspirar a tener un criterio en realidad propio, sino aun hasta de tiempo para buscar en base a él, cuando lo poseen, las normas y los principios que les permitan disciplinar sus vidas, en el camino de autoperfeccionamiento que es todo ascetismo. En consecuencia esas normas y principios los tomaran de fuera, ya hechos; de una entidad en cuyo criterio, voluntad e intenciones creerán por fe. Y en esta particular sociedad de revolucionarios latinos, fundada sobre el valor central trascendentalización, el elegido será un hermano y no un dogma: el hermano que tenga el carisma para hacerlos sentirse a ellos también, de cuando en cuando, trascendentes, suprahistóricos.
Algunas veces un charlatán, es cierto, pero casi siempre uno de los ascetas, opción sobre la que de ahora en adelante continúa nuestro análisis.
Con semejante y mayoritaria relación basada en la fe dentro de la sociedad igualitaria de los revolucionarios, es evidente que pronto ocurrirá un desequilibrio de poder entre los ascetas a favor del elegido. Más temprano que tarde, independientemente de si es un charlatán o no, la fe mayoritaria fija en él lo ensoberbecen. Si todos lo siguen, si todos se abandonan a su criterio, no pueden caber dudas de su monopolio de la verdad. Solo él sabe lo que debe hacerse; solo él tiene la claridad; solo él conoce el camino correcto. Es su deber en consecuencia concentrar en sus manos el poder para evitar el error; incluso en los más nimios detalles. Pronto cualquier norma o principio asumido por otro criterio que no sea el suyo pone en peligro la magna obra que la mayoría de los revolucionarios han echado sobre sus hombros; un desafío malintencionado o en el mejor de los casos miope, que no puede permitirse “ni por un tantico así”. Y en el rechazo de tales “autosuficiencias” de los demás ascetas las mayorías no solo apoyan al elegido por su fe en él: para ellas la independencia de criterio de aquellas es además una humillación, un molesto recordatorio de su falta de él, o de voluntad para obrar a su dictado.
Ha llegado entonces la hora en que Saturno, la Revolución, devora a sus más verdaderos hijos, los ascetas revolucionarios, para quienes en el nuevo escenario van quedando solo dos opciones: o abandonar el ascetismo y convertirse al revolucionarismo por fe; o no transigir, lo que significa la excomunión o el sacrificio.
Al final, lo que podría pensarse como una solución democrática a la manifiesta falta de libertad del socialismo soviético, una unión de hombres nuevos iguales entre sí, se convierte, debido a la naturaleza humana, de la que las grandes mayorías atrapadas en sus urgencias no pueden escapar, en el imperio de uno solo: el imperante carismático. En un socialismo en el que las grandes mayorías no ejercen el poder real no porque se los impida la burocracia elevada a la categoría de nueva clase explotadora, sino por algo peor: porque simplemente ni se creen capaces, ni lo hayan necesario al compararse con el perfecto objeto de su fe, de su fidelidad.

Propuesta de Transición a la Democracia para la Isla de Cuba: (publicado en «Cuadernos de Pensamiento Plural» No.2)

José Gabriel Barrenechea.

Fundamentación:
La Revolución que triunfó en Cuba en enero de 1959, con fines de saneamiento moral de una administración pública que aún arrastraba la mala herencia colonial española; redistributivos y por consiguiente de mejoramiento social; de sustitución del modelo económico basado en la exportación de ingentes cantidades de azúcar moreno; y por último, de reivindicación de la posición nacional en el tejido del poder mundial, ante el perturbador peso que significaban los EE.UU. a la vista misma de nuestras costas, envuelta ella misma en la atmósfera de una época en que los movimientos revolucionarios tendían a menospreciar el estado de derecho y los métodos de representación parlamentaria, no terminó en consecuencia de reinstaurar el marco legal dentro del que debían de haberse llevado a efecto esos fines: la Constitución de 1940.
Esta violación de lo que constituía un reclamo general de la sociedad cubana, y a pesar de la pronta aprobación de medidas que como las rebajas de precios y alquileres, de reforma urbana y agraria, incondicionalizarón con el gobierno revolucionario a amplios sectores, le ganó sin embargo la oposición abierta de otros, no solo “oligárquicos”, sino también y fundamentalmente entre las nutridas clases medias, significativas partes del potente movimiento obrero cubano, las juventudes católicas y el campesinado, sobre todo el villareño.
En la consiguiente y consecuente Guerra Civil, los contrarios en disputa terminaron aliándose a cada uno de los superpoderes enfrentados en la Guerra Fría a que las circunstancias, más que las preferencias ideológicas, los acercaron. Alianzas que los llevaron a su vez a extremar sus posiciones iniciales hasta límites insospechados.
Así, pronto se perdió el tino en el bando antigubernamental, y al ser el más desprotegido, el que no tenía el control del estado y la economía, debió en buena medida subordinarse a los dictados de los órganos de inteligencia norteamericanos, al mismo tiempo que continuaba con los métodos terroristas y de golpe de mano que habían caracterizado la lucha antibatistiana en las ciudades.
Lo mismo por su parte sucedió en el bando contrario, el revolucionario, que aunque por su posesión del estado y la economía, y por los 9550 kilómetros que separan a La Habana de Moscú, pudo durante sus primeros diez años mantener la independencia, a partir de 1970 debió renunciar a buena parte de su política exterior independiente, y adoptar en lo interno el modo de organización económico, legal y hasta cultural y social de los países del bloque soviético. Todo ello para obtener y luego conservar lo logrado el 23 de diciembre de 1972, en medio del escenario de caos económico que habían dejado el Embargo norteamericano y los experimentos socio-económicos de transición acelerada al comunismo de la década anterior.
Hoy, no obstante, a 22 años de la desaparición de la URSS y del fin de la Guerra Fría; con los más jóvenes actores de los acontecimientos de 1959 ya septuagenarios; con unos EE.UU. que ya no son el superpoder incontrastable que eran más acá del “telón de acero” en aquella fecha, sino el más poderoso estado de un mundo que camina con rapidez hacia la multipolaridad, incluso al interior del mismo continente americano; y con una economía que ha cortado casi todos sus lazos de dependencia con dicha nación, excepto en el alimentario, se impone una rectificación de las políticas de menosprecio del parlamentarismo y lo constitucional, que llevaron a la fractura nacional, y posterior abismalización de la misma.
¿Y a quién corresponde dar ese paso sino al bando que a la larga terminó siendo el dueño absoluto del territorio nacional?
Propuesta:
Fundamentado en todo lo anterior, se propone a continuación el cronograma de una transición no al Capitalismo, sino a los objetivos iniciales de la Revolución. Una transición que podría iniciarse mañana mismo y que requeriría un plazo de dos años, de ponerse en práctica.
I-Un año de periodo para la completa vuelta a la Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959, en un cronograma claro en que la parte dogmática de la misma sea restablecida a lo máximo en 6 meses, y la orgánica en 11.
En las primeras reuniones del Consejo de Ministros, este deberá decretar con fuerza de ley constitucional lo siguiente:
1-Que todas las tierras obtenidas por particulares merced a la Primera Ley de Reforma Agraria (La Segunda solo estatalizó) se declaran inembargables.
2-Que todas las propiedades urbanas obtenidas merced a la Ley de Reforma Urbana, o a disposiciones semejantes posteriores, se declaran inembargables.
3-Que todas las propiedades expropiadas de 1959 hasta la fecha, en las que hoy día se brinde por el Estado, o por sus pseudo ong’s, un servicio de interés social, se declaran inembargables hasta la culminación del periodo de Transición.
4-Que toda la legislación laboral, o social establecida desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha, y vigente al momento de comienzo de la Transición se declara inderogable hasta su culminación.
5-Que en la República queda prohibido a perpetuidad el monopolio (entendido este como el control de más del 50 % de cualquier actividad económica o comercial), excepto el estatal en actividades en que el interés público dicte la necesidad de establecerlo, pero siempre sometido a la más absoluta fiscalización pública.
Además, a más tardar a los 9 meses el Consejo de Ministros deberá reinstaurar lo legislado en materia electoral por la referida Ley Fundamental, a la vez que la ley electoral vigente al atardecer del domingo 9 de marzo de 1952, tras haber realizado por comisiones designadas al efecto las modificaciones a las mismas que se requieran (por ejemplo, al presente es imposible constituir el Tribunal Supremo Electoral a la manera que establece la Ley Fundamental).
A más tardar a los 10 meses el Consejo de Ministros deberá votar los presupuestos del próximo año, apartando un porciento del mismo para la realización de elecciones.
A más tardar a los 10 meses y medio el Consejo de Ministros deberá aprobar una exhaustiva ley de financiamiento de los partidos políticos, y a su vez la creación de una comisión compuesta por dos relevantes figuras nacionales, y una extranjera, todas de probada honestidad, que controlarán tanto los fondos estatales, como la procedencia de los no estatales, destinados a dicha financiación (esta comisión deberá constituirse a más tardar a los 12 meses.)
II-Al cabo de un año, y en virtud de la Ley Fundamental vigente, el Consejo de Ministros permitirá que comience el proceso de inscripción de los partidos políticos.
En esta misma fecha el Consejo de Ministros deberá aprobar una ley en que se definan las cuotas de espacio o tiempo equitativos, de que podrán disfrutar dichos partidos en los medios públicos; excluyendo solamente de la obligación de distribución a los medios escritos que desde 5 años antes hayan funcionado declaradamente como órganos del PCC o de la UJC.
Dicha ley permitirá además la creación y difusión por los partidos de medios escritos propios. Sujeto su financiamiento a la supervisión de la comisión referida más arriba.
III-Al cabo de un año y seis meses, se llamará a reorganización de los partidos políticos.
IV-A los 2 años, se efectuarán elecciones generales para designar las autoridades que la Constitución del 40 estatuye.
Un día antes de la cesión de poderes a las nuevas autoridades electas el Consejo de Ministros deberá declarar la restitución plena de la Constitución del 40, con las modificaciones imprescindibles referidas a la actual división política administrativa, y las cinco leyes que, como anexos, fueron aprobadas al inicio del proceso de transición.
El Congreso, una vez electo, deberá inmediatamente después, y antes de cumplir cualquiera de sus demás deberes legislativos, reunirse para proponer las reformas mayores, sean específicas, parciales o integrales, que crean necesarias; proceso que deberá regirse escrupulosamente por lo legislado en los artículos 285 y 286 de aquella Constitución.
En esta variante, por tanto, el Congreso recién electo funciona más que nada como una Asamblea Constituyente. Así, en caso de que la reforma por el propuesta llegará a ser integral, implicaría casi seguramente la elección de nuevas autoridades, y por tanto su propia disgregación tras las consecuentes elecciones para elegirlas. Mas esto no se limitaría a las autoridades legislativas, sino también a todas las demás, desde las ejecutivas nacionales hasta la totalidad de las municipales y provinciales.