El Plebiscito: Nuestra más convincente Arma tras el 19 de abril

No hace mucho cierto catedrático, de eso que llaman filosofía en la Universidad Central de Las Villas, concedió una entrevista al semanario villaclareño Retaguardia. En ella el individuo sostuvo, nada menos, que si algún sistema electoral se parecía al cubano era el suizo.

El creo recordar que doctor, mas no en qué, al parecer se atrevía a afirmar tal al tomar en cuenta una institución que se aplica a medias en una etapa de nuestro proceso electoral, y que ya casi ha desaparecido en Suiza: la nominación en asambleas públicas, a mano alzada, de los candidatos a los ayuntamientos de la comunidad, y de los representantes de esta en la Federación. Lo cierto es, sin embargo, que la Landsgemeinde solo permanece en dos pequeños cantones que no reúnen ni el 1% de la población helvética; mientras en Cuba es de aplicación nacional. Aunque aclaramos que solo para la elección de unos concejales de barrio, los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, dotados de muy poco poder dentro del híper-centralizado y vertical estado cubano.

La otra institución que también parece haber llevado al mencionado doctor a tan aventurado, e inexacto juicio, es una que si se aplica en Suiza con regularidad, pero que en Cuba no pasa más allá de estar en las buenas intenciones de la Ley, en la teoría: el plebiscito. En el país europeo se los realiza varias veces en el año; en Cuba, donde está definido como parte importante del sistema político en vigor desde 1976, no obstante nunca se los ha convocado en los 42 años de vigencia de la Constitución en que se sostiene ese orden.

La verdad es que en Cuba los que en realidad mandan, que hasta se las ingenian para pasar por mandatarios ante los ingenuos, demuestran un temor pánico al plebiscito. Al cual, no obstante, mantienen en la letra como parte central del sistema político cubano. En buena medida con el objetivo de permitir que inescrupulosos propagandistas del régimen cubano, como el Doctor Mirabilis de marras, hagan creer a públicos escasamente informados de la realidad cubana que aquí vivimos en una democracia directa.

Es tal el miedo de quienes mandan al plebiscito, que cuando en 1992 ingeniaron plebiscitarle a la ciudadanía, en sus municipios, una lista de delegados provinciales y otra de diputados, se tomaron el cuidado de organizar esos plebiscitos de modo que el electorado no tuviera la opción real de rechazar dichas listas. Lo cual se logra con el muy simple artificio legal de considerar voto válido solo aquel en que se vote afirmativamente por uno, por varios, o por todos los integrantes de la lista, mientras a su vez el voto contrario a la propuesta completa, o voto en blanco, pasa a considerarse no válido.

Aclaro que si en 1992 se echó mano del plebiscito, no fue porque quienes mandaban demostraran alguna preferencia por él, sino porque los legisladores designados para ello no consiguieron ingeniar un mejor mecanismo, capaz de permitir hacer, de manera creíble, lo que se pretendía: En apariencias llevar a “elecciones” populares los asientos en las asambleas provinciales, y en la Asamblea Nacional, los cuales hasta entonces se elegían por las asambleas municipales, sin participación del electorado; pero llevarlos a “elecciones” sin realmente dejar en el voto de los electores la posibilidad de decidir, y sobre todo sin verse obligados a dejar en manos de los ciudadanos el proceso de nominación de los candidatos que aparecerían en las listas. Proceso de nominación que, por otra parte, debido a los enormes números de electores ahora involucrados, no podrían realizarse por el mecanismo en que se nominaba a los candidatos a delegados a las asambleas municipales: en asambleas públicas y a mano alzada.

El miedo del régimen castrista a dejar en manos de los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre cualquier cuestión de peso, afirmativa o negativamente, se transparenta en el hecho de que la única vez en que se “consultó” al supuesto soberano, el pueblo, sobre un asunto clave: la reforma constitucional de junio de 2002 que haría irreformable la Constitución, se prefirió hacerlo mediante el uso de un subterfugio legal, y no a través de lo legislado en el Título IX de la Ley Electoral. Un recurso mediante el cual no se pediría decidir de manera secreta, al marcar sí, o no, sino apoyar públicamente, con la firma.

El subterfugio seguido fue este: Como la iniciativa de las leyes, según el artículo 88 de la Constitución, compete entre otros “al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales”, se optó por montar un proceso de recogida de firmas por estas organizaciones. Un proceso que aunque evidentemente partió de Fidel Castro en persona, y se realizó con el apoyo logístico total de las infraestructuras del estado, se presentó cual si procediese de una propuesta de las direcciones nacionales mencionadas: de la CTC, los CDR, la ANAP, la FMC, la FEU, la FEEM, y como asunto que corría por entero a su cargo. Organizaciones las cuales, no debe de pasarse por alto, al menos a excepción de la CTC y la FEU, no cuentan con mecanismos democráticos, creíbles, de elección de esas dirigencias nacionales.

Una vez conseguido entre los días 15, 16 y 17 de junio el masivo apoyo en firmas para la propuesta, la misma fue presentada a la Asamblea Nacional, que sumarísimamente y por unanimidad la aprobó el 26 de junio de 2002. Con lo que se dio así por concluido el proceso de reforma constitucional.

Mediante este subterfugio se evitaron los riesgos del tan temido plebiscito. El ciudadano no tuvo la posibilidad de elegir de manera secreta entre dar su apoyo, o negárselo, a la propuesta de reforma constitucional. Por el contrario, se lo convocó como a un acto patriótico, que ningún buen cubano que mereciera vivir en Cuba dejaría de realizar. Se lo convocó a irse hasta uno de aquellos libros que amanecieron el día 15 en cada esquina del país, entre banderas e himnos patrióticos, a estampar en él y de manera pública su firma de apoyo. A aprobar con su firma, frente a sus vecinos o compañeros de trabajo, una reforma que la omnipresente propaganda oficial sostenía que, de alguna manera esotérica, iba a evitar el ya inminente ataque a nuestro país por George W Bush. Todo ello, por lo tanto, en medio de una desenfrenada atmósfera histérica, en que se presentaba a dicha reforma de manera semejante a como en los EE.UU. de entonces a la Ley Patriótica del 26 de octubre de 2001.

De manera pública, no secreta, lo que lógicamente implicaba que el negarse a hacerlo también sería un acto público. Aun cuando usted fuera plenamente consciente de que la reforma no iba dirigida contra las travesuras de George W. Bush, que por entonces amenazaba a cuanto rincón oscuro fuera de Texas y los turbios negocios de su familia hubiera en este mundo, sino contra el presidente Carter, a quien por esos días se le permitió acceder a los medios oficiales cubanos, y que desde allí se había atrevido a hacer una defensa de la necesidad para la sociedad cubana de considerar propuestas como el Proyecto Varela.

Un subterfugio no legal, en definitiva. Y es que la reforma propuesta giraba alrededor de la adopción de un número de cláusulas irreformables, lo cual implicaba limitación de las facultades de la Asamblea Nacional, ya que de adoptarse dichas cláusulas perdería ella su  anterior facultad de reformar de manera total la Constitución. Para cuyo caso, el de adquisición o pérdida de facultades de la Asamblea a resultas de una reforma, el artículo 137 resultaba claro: “Si la reforma es total o se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular… requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado por la propia Asamblea.”

O sea, que como con la reforma la Asamblea Nacional perdía facultades, no bastaba con el proceso de recogida de firmas y su posterior aprobación por la Asamblea misma. La propuesta para llegar a convertirse en reforma constitucional, legalmente adoptada, debía llevarse finalmente a referendo[i].

Ilegalidad ante la cual no cabe argüir, como en su momento Fidel Castro mismo, la falta de necesidad de convocar a ese plebiscito, en vistas del número aplastante de firmas recogidas en apoyo a la propuesta. En primer lugar porque tal excepción de que un número suficiente de firmas anulara la necesidad de convocar a un plebiscito no estaba, ni está aun hoy en la Constitución, y porque no es el mismo proceso aquel por el cual se reunió ese asentimiento escrito, que el que en su Título IX, artículos de 162 a 170, estatuye la Ley Electoral para el mecanismo de consulta popular por el cual es legal recoger un asentimiento, o disentimiento, popular: el referendo.

Lo cierto es que el plebiscito solo forma parte sistema político cubano, en la letra, en teoría, como un hábil recurso para confundir y manipular a aquellos que no conocen la realidad de Cuba. El híper-centralizado y vertical estado cubano no consulta a la ciudadanía, al menos no de manera en que esta tenga la verdadera oportunidad de oponerse a lo que los que mandan creen debe de hacerse: Si al compañero Raúl Castro, tras uno de sus frecuente viajes en la madrugada al baño, le da por pensar que la panacea cubana es aumentar la edad de retiro, “será así y san se acabó”. Independientemente de que para mantener las formas se organice un programa de asambleas para “consultar” a los trabajadores, y de lo que estos opinen en dichas asambleas.

No obstante, el referendo está ahí, en la Constitución, en la Ley Electoral, y en las expectativas que a los “amigos de afuera” les han creado propagandistas como el catedrático de marras. El referendo está ahí, y es hoy por hoy el más importante recurso legal con que contamos los que buscamos democratizar a Cuba; sobre todo tras el incuestionable éxito de las pasadas elecciones del 11 de marzo, en que poco más de un 17% del electorado se negó a salir a votar, y en que en La Habana el voto selectivo alcanzó a ser la cuarta parte del voto válido[ii].

Preguntémonos: ¿Si uno de cada seis cubanos con derecho al sufragio activo se atrevió a expresar públicamente su disconformidad con un sistema político en que constantemente se llama a la unidad monolítica, a la incondicionalidad al régimen, sus dirigentes y sus instituciones, qué ocurrirá cuando todos los ciudadanos tengan la ocasión de expresarse positiva, o negativamente, acerca de un asusto cualquiera?; por ejemplo, acerca de las tan anunciadas y dilatadas próximas reformas a la Constitución.

Pidamos que se sometan a referendo, como corresponde legalmente, las próximas reformas constitucionales, pero no nos quedemos ahí: Pidamos que se active el referendo como parte fundamental de esa supuesta democracia directa que los jerarcas del régimen y sus propagandistas sostienen es el sistema político cubano. Pidamos que se establezca como costumbre, o como ley escrita, que por lo menos dos veces al año la Asamblea Nacional deba llamar a referendo popular.

Este es un mecanismo de promoción cívica, de socialización y hasta de fiesta popular, y en todo caso no cabe que se arguya por jerarcas y propagandistas que sería demasiado molestar a la ciudadanía al ocuparle varios domingos del año. Al menos no cabe en un país en que esos mismos jerarcas y propagandistas se han dedicado, por décadas, a promover la utilización del domingo no para descansar, o hacer lo que se le venga en ganas a las familias, sino para hacer trabajo voluntario. Por demás nadie puede negar a estas alturas de nuestra experiencia colectiva que par de domingos del año, utilizados para consultar a la ciudadanía, tendrían mayor utilidad social que doce dedicados a hacer trabajo voluntario.

Nada puede juntar más voluntades alrededor de la democratización que el pedido de hacer efectivo el mecanismo plebiscitario dentro del sistema político cubano: Une en un objetivo a quienes disentimos abiertamente; a quienes no se atreven a romper de manera abierta, precisamente por sostener que dentro del sistema político actual hay recursos, como el referendo, que sirven para reformarlo desde dentro; a los propios jerarcas y propagandistas del régimen, que no pueden desdecirse tan descaradamente, mucho más a posteriori del 19 de abril… Incluso pone de nuestro lado a quienes en el exterior aún se tragan discursos como los de Ricardo Alarcón de Quesada, Iroel “Risitas” Sánchez, Rosa Miriam Elizalde, Cristina Escobar, Sergio Alejandro Gómez… sobre la democracia más plena que haya visto jamás el mundo.

Obligar al régimen a someter a referendo el que la ciudadanía tenga o no el derecho a volver a ser consultada, eso al menos, es ya un paso gigantesco, sin vuelta atrás. Con ello pondríamos en manos de los cubanos de hoy la posibilidad de responder sí, o no, a una cuestión presentada por ese estado que se ha abrogado todas las atribuciones y derechos en detrimento nuestro. Algo que por última vez tuvieron la oportunidad de hacer nuestros abuelos, aquel ya remotísimo 24 de febrero de 1976. Cuando atrapados en la ola de expectativas que levantó la Institucionalización, sobre todo ilusionados con la promesa, repetida muchas veces por aquellos días, de que a partir de ese referendo ya nunca se dejaría de consultárselos sobre las cuestiones vitales del país, nuestros abuelos dieron su asentimiento a la actual Constitución de la República.

[i] Contrario a lo que muchos ahora pretenden, Fidel Castro y los legisladores que prepararon con él la reforma no tenían un pelo de bobos: Sabían que no bastaba legalmente con el proceso de recogida de firmas, y que al no permitir que se convocara el plebiscito dejaban su reforma en la ilegalidad. Es por ello que en el nuevo artículo 137 de la Constitución, tras la reforma de 2002, eliminaron la referencia del primer párrafo a la facultad de la Asamblea para reformar totalmente la Constitución, pero la mantuvieron en el segundo. De este modo se admite en el primer párrafo que la Asamblea ya no tiene esa facultad que ahora le limitan las clausulas irreformables, mientras al mantener la redacción del segundo párrafo intacta se consigue tener un recurso para redirigir, y hacer caer al lector desatento en la impresión de que nada se ha cambiado en las facultades de la Asamblea.

La realidad es que como definen las clausulas adicionadas por sí mismas, ya la Asamblea no puede reformar de manera total la Constitución, y que esa palabra total que aparece en el segundo párrafo del artículo 137 solo está allí para confundir. Así, si lo que se pretende es señalar el carácter irreformable de la Constitución, los exégetas del régimen podrán referirse al primer párrafo, pero si lo que quieran es salirle al paso a aquellos que ponen en cuestión el procedimiento para la reforma constitucional del 2002, tratarán de enfocar nuestra atención en el intacto párrafo segundo.

Recordemos que Fidel Castro puede que no asistiera mucho a clases en su facultad de derecho, pero sin dudas ha sido uno de los cubanos más inteligentes de todos los tiempos.

[ii] El voto selectivo pasó de 18,70% del voto válido en 2013, a 19,56% ahora. Un crecimiento considerable si consideramos que en el 2013 participó el 90,88% de los electores, y ahora poco menos del 83%: sin lugar a dudas muchos de los que se sumaron a las filas de los que se abstienen de votar procedían precisamente de las filas del voto selectivo.

Advertisements

La Constitución de 1940 como punto de retorno a la democracia en Cuba.

1.

Es cierto que de todos los derechos constitucionales el consuetudinario, a la manera del que hoy rige en el Reino Unido, es el ideal. Mas no creo que nadie en su sano juicio pretenda que lo mejor sea que esperemos los casi mil años que les llevó a los habitantes de la mayor de las Islas Británicas producir el suyo, y renunciar así a vivir desde hoy, nosotros y no nuestros descendientes más remotos, en un estado de derecho, por más deficiente que pueda ser.

Y es que tampoco podemos estar seguros de que ese pretendido milenio dé como resultado un estado de derecho sostenido sobre una constitución consuetudinaria: En una considerable parte del planeta varios miles de años de vida civilizada no han producido algo semejante. Por el contrario, más que una ley-costumbre consensuada en y por la actividad de todos los individuos, y destinada a facilitar dicha actividad más que a entorpecerla, es en esencia la voluntad de uno o de unos pocos, o hasta en algún caso la de los ancestros difuntos, la que evita el caos social.

Resulta incuestionable que ninguna institución supera a una madura tradición democrática. En una sociedad en la que no exista una bien establecida costumbre de consensuar la solución de los grandes y los pequeños problemas de poco valdrá una constitución… al menos como no sea para empezar a andar en la dirección de esa misma madura tradición democrática. Porque una constitución, dado que hemos decidido no sentarnos a esperar por la aleatoriedad de nuestro milenio, es una guía imprescindible en el camino, un referente de qué podemos o no hacer.

Con una constitución los sectores con criterio político pueden, al ajustarse al espíritu de su letra, educar al resto de la sociedad. Hacer ver a las grandes mayorías como al someternos a ciertos límites, en esencia los que nos plantea la libertad particular de los demás, todos a la larga ganamos (o casi todos, que desengañémonos, en realidad hay y siempre habrá una minoría, pero muy activa, que estará mejor con aquello de la ley del más fuerte).

En este sentido pedagógico se justifica el culto a las Cartas Magnas al que tanto hemos tendido los homus politicus iberoamericanos, y de ninguna manera puede achacársele a dicho culto las deficiencias evidentes de nuestra vida política. Estas deben buscarse en otra parte.

Los iberoamericanos hemos acertadamente comprendido la necesidad de establecer constituciones que nos guíen. El problema está en que no hemos entendido que estas deben surgir del país, no resultar de las elucubraciones de biblioteca, o de la copia mimética de experiencias foráneas.

José Martí, que tiene el mérito incuestionable de haber sido el primer iberoamericano que lo comprendiera a cabalidad, lo señala en su carta de 19 de septiembre de 1887 al Señor Director de la Nación, al comparar la diferente concepción de las constituciones respectivas al norte y al sur del continente: “Pero la Constitución americana… enseña a los pueblos que solo echan raíces en las naciones códigos que nacen de ellas; y que así como los artículos de la Confederación cayeron en ridículo y desuso por ser imitación postiza de las ligas griegas, así las púrpuras extrañas pueden podrir el lienzo no dispuesto a recibirlas, ni necesitado tal vez de más colores que los que echa en él el ingenuo sol nativo”.

2.

Hoy que la Nación Cubana se aproxima al inexorable momento en que deberá asumir nuevos y diferentes caminos, se necesita de una constitución escrita que nos guíe en ese difícil trance, y esta no será eficiente si no nace del país y de su historia. Estamos obligados en consecuencia a recuperar nuestra tradición constitucional. Esa que tuvo un glorioso inicio en el acto fundacional del 10 abril de 1869, en Guáimaro y de la mano de Ignacio Agramonte, Antonio Zambrana y Eduardo Machado.

Ahora, el que planteemos la necesidad de una constitución y para nada tengamos en cuenta la actual, como si de hecho ella no estuviese vigente al día de hoy, se justifica en una realidad: La Constitución de 1976 no se asienta en nuestra mencionada tradición constitucional. Una tradición según la cual las constituciones cubanas aceptadas desde un principio como no transitorias, han sido redactadas, aun en medio de la guerra, por asambleas constituyentes electas libremente por la Nación, en medio de un ambiente de total y amplia libertad de discusión.

La Constitución de 1976 fue concebida por una comisión designada a dedo por la alta jerarquía del Partido, y que más tarde, en 1974, fue traspasada al gobierno sin ninguna ceremonia y con tan solo una minúscula nota en la prensa oficial. Dicha comisión, de más está decirlo, estuvo siempre bajo la más completa supervisión de Fidel y Raúl Castro, y fue encabezada por un viejo estalinista: Blas Roca. Este texto constitucional fue finalmente sometido a plebiscito en un ambiente marcado por el más absoluto control por el poder, a través de sus organizaciones paraestatales (CDR, CTC, FMC…) y de sus órganos de represión civil y política (Seguridad del Estado). Y aun cuando es cierto que se permitió cierto debate, este solo pudo llegar a cuestionar aspectos secundarios e insignificantes, pero en ningún momento lo medular de esta Carta.

Por su letra, la Carta del 76 no define un estado republicano democrático basado en el ejercicio pleno de la soberanía popular a través de representantes electos en comicios transparentes; un estado republicano democrático en que el respeto de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos sea su piedra miliar.

En teoría al menos, la de 1976 es una constitución de raíz leninista (la esencia de dicho constitucionalismo se explicita por primera vez en la segunda de las Tesis Sobre el Poder Soviético, redactadas por Vladimir Ilich Lenin en mayo de 1918). La misma institucionaliza el dominio absoluto sobre la sociedad y el estado por un grupo elitista: la vanguardia política del Partido Comunista. O sea, que coloca la soberanía más que en manos de los integrantes de la Nación mayores de edad, en las de cuatro gatos y sus particulares interpretaciones de una teleología con pretensiones de ciencia: Ese inexplicable conglomerado de ideas llamado Marxismo-Leninismo (algo parecido al cristiano-fascismo).

Más allá de la teoría, sin embargo, la Carta de 1976 es algo muy distinto y a la vez más simple y primitivo. Cabrá notarlo con solo comparar su letra con la soviética de 1977.

Si la soviética define el gobierno consensuado de una elite de funcionarios, la cubana, por su parte, más que uno presidencialista estatuye uno monárquico. Si en la soviética en su artículo 121 se definen las atribuciones del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, y en el 131 los límites de las atribuciones del Consejo de Ministros, en cambio falta ese larguísimo, semejante al 91 de la nuestra del 76, o el aun un tanto más largo 93 de la de 1992, en que se establecen con claridad los muchos poderes del equivalente cubano del Presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Es en verdad inaudita la cantidad de poder que acumula la Constitución de 1976 en manos del Presidente del Consejo de Estado, y también, por cierto, la facilidad con que este “detalle” pasa inadvertido para muchos agudos pensadores cubanos y aun foráneos.

En este sentido resulta sumamente locuaz el siguiente fragmento tomado del libro “Comentarios a la Constitución Socialista”, del “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista”, profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución es un justo homenaje a su persona.”

Es evidente que a menos que se sea un monárquico empedernido, en especial uno de esos que sienten fascinación por ciertos linajes “guerreros”, aun cuando procedan de alguna miserable choza gallega, o un leninista trasnochado, de los que creen que más que la opinión consensuada de los individuos lo que importa son las cuasi sagradas leyes de la dialéctica, la Constitución de 1976, reformada en 1992, no nos sirve para establecer en Cuba una República democrática, con todos y para el bien de todos.

Como la deseaba Martí, cabe recordar.

3.

¿Qué hacer entonces?

De entrada admitimos que una asamblea constituyente soberana nos parece la mejor de las soluciones. El problema es este: ¿dentro de qué marco legal se la elegiría y sesionaría?

Una asamblea constituyente electa bajo la actual ley electoral, en el marco constitucional del 76-92, sea para redactar una nueva constitución  o aun para simplemente reformar la presente, no satisfaría a más que a los mismos que hoy detentan el poder en nuestro país: El generalato y los altos funcionarios del estado y del partido. Serviría, a lo mucho, para racionalizar su dominación sobre nosotros, desprendiéndolos de determinados deberes hacia sus gobernados que hoy les impone más que la Carta de 1976 la tradición política revolucionaria cubana, a la vez que estableciéndoles nuevos privilegios, o al menos estatuyendo en el papel muchos que en la práctica ya se han apropiado al presente.

Una asamblea constituyente electa en semejante marco legal sería idéntica a nuestra actual Asamblea Nacional, y en consecuencia solo serviría para validar lo que desde la cúspide de la pirámide de poder deseen sea nuestra futura Constitución. Con la única diferencia que ahora se validaría, pero no por la consabida unanimidad (quizás Mariela Castro vote por introducir reformas en los artículos en que se necesite definir el concepto de familia… nada más).

En cuanto a simple y llanamente llamar a una nueva y verdaderamente libre Asamblea Constituyente, cabe recordar algo que ya discutimos más arriba: La imperiosa necesidad que tenemos de dejar bien claro al nivel simbólico que nuestra transición viene a reencausarnos en nuestra tradición democrática, en este caso constitucional, no ha simplemente “rectificar”, o “actualizar” lo presente. Presente que en definitiva no significa más que una perversión de nuestro pasado y nuestro ser nacional.

En este sentido volver a la Constitución de 1940 implicaría una loable recuperación de nuestras tradición constitucional, ya que es innegable que esta Carta cumple como ninguna otra con la tradición comenzada en la manigua por nuestros padres fundadores. Es ella el resultado de una asamblea constituyente electa como resultado del sufragio de todos las cubanas y cubanos mayores de 21 años, sobre cuyas sesiones se ejerció el más estricto control popular, en un ambiente de completa libertad de pensamiento y expresión, como podrá comprobar cualquiera que abra la prensa de la época o los dos gruesos tomos de su Diario de Sesiones.

4.

A esta propuesta, no obstante, se le hacen varias consideraciones en contra.

La primera, que el marco jurídico de la Cuba actual no concordaría con el de la Carta de 1940, dándose el caso de que la mayoría de las leyes que rigen al presente se volverían inconstitucionales en caso de revalidarla.

La segunda que dado el hecho de que a dicha constitución nunca se le aprobara su legislación complementaria, de reinstaurársela se provocaría que el país quedara sin leyes por un tiempo prolongado.

A lo último respondemos que una constitución no tiene necesariamente que ser aplicable a través de leyes complementarias. Que puede, y es lo preferible, que tenga una fuerza normativa directa, o sea, que a través de la interpretación de su espíritu pueda servir para resolver cualquier caso concreto que se presente en ausencia de legislación concreta. Pero que por otro lado el problema de las leyes complementarias existe también con la actual Constitución de 1976-92, e incluso más agravado, cual se encarga de transparentárnoslo una voz tan autorizada, y poco sospechosa de diversionismo ideológico, como el profesor Walter Mondelo en Constitución, regla de reconocimiento y valores jurídicos en el derecho cubano: “…transcurrido más de un cuarto de siglo desde su promulgación, aún no han sido cumplidas numerosas reservas de ley hechas por el constituyente de forma imperativa, señaladamente las referidas a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Por ejemplo, hasta hoy el artículo 88 de la Constitución en su epígrafe g no pasa de ser más que una tomadura de pelo, al faltar la imprescindible legislación complementaria que establezca no ya el procedimiento, que existe, si no los más importantes plazos bien definidos en que “el único órgano con potestad constituyente y legislativa” se vea obligado a darle curso legal a la iniciativa de los ciudadanos. Sin plazos, el “único órgano” puede simple y llanamente hacerse el desentendido.

A la primera consideración en contra, referida a la aparente incompatibilidad de las leyes actuales con la Carta de 1940, respondemos a su vez mediante las siguientes preguntas, ¿es qué acaso hemos cotejado los actuales códigos penal y civil con la Constitución de 1940 para lanzar tan absolutista, y errónea, afirmación?, ¿o es que en todo caso deseamos mantener en vigor las actuales leyes, por ejemplo, las de seguridad del estado?, ¿o que pensamos que la actual legislación de la propiedad, industrial, empresarial… sirve para sacar al país del marasmo productivo en que se haya enterrado?, y para no andarnos con tanto paños tibios: ¿Por qué empeñarnos en defender la actual legislación si aun figuras bien establecidas en el mundo académico gubernamental, como el más arriba citado profesor Walter Mondelo, llegan al extremo de reconocer que el Código Civil vigente es “técnicamente inferior al Código Civil español de 1888”, o sea, que un código de cuando el malecón era de… ni de yaguas, porque todavía no se había ni soñado?

Algo muy diferente, sin embargo, es que se plantee que de aprobarse la Carta de 1940 los derechos de propiedad sobre tierras y casas que obtuvieron las personas naturales, en lo fundamental entre 1959 y 1962, quedarían anulados, debiéndose devolver dichas propiedades a los descendientes de los dueños expropiados entonces. Esta consideración se relaciona con un punto muy importante: el de la legalidad o no en el marco de la Carta de 1940 de las medidas adoptadas por la Revolución sobre la propiedad inmueble. De hecho solo si resolvemos este punto seremos capaces de encontrarle una respuesta a aquella consideración sobre la factibilidad o no de recuperar la Constitución de 1940, en la consecuente variante de transición que diseñemos.

Partamos de establecer que la Revolución se hizo porque en la madrugada del lunes 10 de marzo de 1952 se le había pasado por arriba a la Constitución. En la mente de las minorías que la emprendieron desde un inicio no tenía otro objetivo que volver a poner a la República bajo el cauce democrático definido por los constituyentes en 1940, como lo ha reconocido el mismísimo Mario Mencía, todo un hombre de Fidel Castro:

“… todos los partidos, todas las organizaciones, todas las tendencias, todos los grupos de oposición, absolutamente todos, abogaban por que se restaurara plenamente la Constitución de 1940”.

De hecho el mismísimo Fidel Castro estableció, en la proclama redactada bajo su orientación por Raúl Gómez García, en vísperas del 26 de julio de 1953, y a posteriori conocida como el Programa del Moncada, que restaurar dicha constitución era uno de los objetivos principales de su Revolución (que no fue ni mucho menos toda la Revolución, por cierto). Algo que quedó todavía más claro en su subsiguiente autodefensa por los sucesos del cuartel Moncada, cuando llegó hasta invocar ante el tribunal que lo juzgaba el derecho a la “resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados”, reflejado en el artículo 40 de aquella.

Como reconocen Julio Fernández Bulté y Julio Antonio Fernández Estrada en La Constitución de 1940 desde nuestra perspectiva actual; “La misma Ley Fundamental de 1959 (7 de febrero) fue, sin lugar a dudas, la reimplantación de la del 40”. Y se da el caso de que dicha Constitución ya legislaba una Reforma Agraria y definía a la propiedad privada como de utilidad social, con lo que la redistribución de tierras y viviendas era ya de hecho por completo legal en su espíritu… Además de que no podemos olvidar tampoco la innegable potestad legislativa intrínseca a toda revolución. Porque de no reconocerlo así, por ejemplo, nunca Luis XVIII hubiese podido reasumir el trunco reinado de su dinastía, ni los émigrées conseguido volver a la Francia de 1815.

5.

En todo caso reponer la Carta de 1940 no debe ser nuestro destino final. Su función sería más bien la de permitirnos re-entroncar de nuevo con nuestro pasado, a la vez que no desechar lo mejor, o lo que no resulte político descartar del periodo revolucionario. Ella más que nada debe servirnos para que dentro de su marco legal, y sobre la tradición de la que es parte importantísima, puedan convocarse elecciones a una asamblea constituyente con la mayor posibilidad imaginable, dadas nuestras actuales condiciones, de que se la elija y funcione en libertad.

Para ello proponemos a continuación una manera de garantizarlo.

Es evidente que en el caso de una nueva revolución las formas de hacerlo serían en definitiva más simples. Pero como todavía quedan tenues esperanzas de que nuestra transición no deba alcanzarse mediante la violencia, de que no haya que echarse a la calle para evitar que este particularmente oportuno momento se nos vaya por el tragante de la historia… aquí va la propuesta:

Lo primero será que el actual gobierno reinstaure la Ley Fundamental de 7 de febrero de 1959 durante un periodo que no exceda los dos años. En ese periodo de tiempo el Consejo de Ministros deberá encargarse de introducir las reformas necesarias a la Constitución de 1940 (solo las que se desprenden del diferente ordenamiento político-territorial, o la diferente distribución y número de la población nacional), y a la Ley Electoral 17 de 31 de mayo de 1943. Y, muy importante, deberá dictar las siguientes tres leyes con carácter constitucional: se declararán inembargables a perpetuidad todas las propiedades inmobiliarias obtenidas por las personas naturales a consecuencia de las leyes y decretos dictados durante el periodo revolucionario; se declararán inembargables, por el tiempo que dure la transición, todas las propiedades que al momento del comienzo de dicho proceso, aun estando en manos del estado, brinden un comprobado servicio social asistencial a la población; y por último, se declarará inderogable a perpetuidad toda legislación de beneficio social o laboral dictada por la Revolución o la República, y vigente al comienzo del proceso de transición (no preocuparse inversionistas, el propio castrismo se ha ocupado de hacer desaparecer no pocas de las conquistas del movimiento obrero cubano).

Al cabo de dicho periodo de dos años de vigencia de la Ley Fundamental se irá a elecciones generales para elegir el Congreso que la Constitución del 40 estatuye. El Congreso, una vez electo, deberá inmediatamente después y antes de cumplir cualquiera de sus demás deberes legislativos reunirse para proponer las reformas mayores, sean específicas, parciales o integrales, que crea necesarias; proceso que deberá regirse escrupulosamente por lo legislado en los artículos 285 y 286 de aquella Constitución.

En esta variante, por tanto, el Congreso recién electo funciona más que nada como una Asamblea Constituyente. Así, en caso de que la reforma por el propuesta llegará a ser integral, implicaría casi seguramente la elección de un nuevo Congreso, y por tanto su propia disgregación tras las consecuentes elecciones para elegirlas.

De ser aplicada esta variante garantizaría una transición no violenta y en que la iniciativa parta de las autoridades. A la vez mediante esta variante se admite simbólicamente desde un principio que esta no es simplemente una “actualización”, sino una transición en regla a la democracia, y sobre todo un regreso a nuestro verdadero ser nacional.

Y es que no podemos darnos el lujo de hacer borrón y cuenta nueva con nuestra tradición democrática en el ya indetenible proceso de transición. Debemos establecer un nuevo pacto social, político y económico entre los cubanos que vivimos al presente, pero ese pacto debe cimentarse sobre nuestra riquísima tradición, sin hacer ascos ni de nuestras guerras de independencia, ni de nuestro periodo republicano y aun menos de la propia revolución, al menos mientras no se convirtió en un movimiento inercial de la sociedad cubana que solo favorece a ciertas elites políticas, y militares.

Carácter Monárquico de la Constitución de 1976.

José Gabriel Barrenechea.

¿Por qué afirmo que, a pesar de la superficial y aparente semejanza entre ambas, la Constitución Cubana de 1976 es otra cosa bien distinta que la Soviética de 1977?

Si la segunda define en teoría un régimen parlamentario, y en la realidad el gobierno consensuado de una elite de funcionarios, la nuestra, por su parte, más que uno presidencialista, prefigura uno monárquico. Si en la soviética en su artículo 121 se definen las atribuciones del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, y en el 131 los límites de las atribuciones del Consejo de Ministros, en cambio falta ese larguísimo, semejante al 91 de la nuestra del 76, o el aun un tanto más largo 93 de la de 1992, en que se establecen con claridad los muchos poderes del equivalente cubano del Presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Es así que uno no se explica (bueno, en verdad uno si se lo explica…) que alguien tan agudo como el relevante jurista cubano, Julio Fernández Bulté, escriba en su ensayo “El proceso de institucionalización en Cuba” que, “la Constitución de 1976 nos aproximó, funcional y estructuralmente, a los países socialistas de Europa del Este y nos separó en cierta medida de nuestras tradiciones presidencialistas”. Porque en la realidad, más que en la teoría, y no “en cierta medida”, sino en una inusitada, la Constitución de marras fue más que presidencialista, monárquica, y ni tan siquiera a la manera de la Inglaterra del siglo XVIII, sino a la de la Francia de 1700, bajo el Rey Sol.

En este sentido resulta sumamente locuaz el siguiente fragmento tomado del libro “Comentarios a la Constitución Socialista”,del “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista”, profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución es un justo homenaje a su persona.”

Solo la aceptación desprejuiciada de este carácter monárquico de nuestra Ley de Leyes, nos ayudará a comprender por qué, según lo expresa el catedrático Walter Mondelo en “Constitución, regla de reconocimiento y valores jurídicos en el derecho cubano”, nuestra Carta Magna no ha podido consolidarse como el patrón de la constitucionalidad y la legalidad. En definitiva por qué la misma no es “usada regularmente como criterio para identificar el derecho válido y para fundamentar el deber de obediencia a sus normas”.

Apartándonos de divagaciones kelsenianas o hartianas, concebidas para no tener que ver lo evidente, sin perder prestigio académico de paso, el hecho de que aún se debata “si los decretos-leyes (del Consejo de Estado) tienen igual jerarquía que la ley, cuando la Constitución faculta únicamente a la Asamblea Nacional a promulgar leyes y, además, a revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado si se oponen a la ley o a la Constitución”, el que por otra parte en casi 38 años la Asamblea Nacional no haya nunca ejercido su derecho a “decidir acerca de la constitucionalidad de (los) decretos-leyes”, o “revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado”, solo se comprende a cabalidad si aceptamos que dicha constitución se ha hecho a la medida del imperante carismático, Fidel Castro.

Y es que en esencia dicha Constitución no consiste más que en una reescritura de las constituciones socialistas de corte soviético, redactada por los seguidores más próximos del líder carismático y bajo su directa supervisión, con el fin de obtener los beneficios de la pertenencia al CAME sin a la vez verse obligados a desprenderse de las particulares formas que ha terminado asumiendo el poder en la Cuba revolucionaria. De este modo todo lo que no este escrito allí para legitimar dicho poder carismático, o que pueda entrar en contradicción con el mismo, ha sido expurgado cuidadosamente de todo valor real.Como por ejemplo la grandilocuente declaración que es en sí el artículo 69 de la versión de 1992, que establece que “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo”.

Tal declaración carece de la más absoluta realidad, si comprendemos no solo que reuniéndose a lo sumo una semana al año es imposible ejercer semejante poder, sino también que por el actual sistema electoral, que impide el surgimiento de otras figuras políticas de alcance nacional independientes de las previamente existentes, la Asamblea se encontrará siempre, y por completo, en manos de poderes anteriores a su elección: el imperante carismático, y a quienes este tenga a bien designar para sucederle.

Carácter Leninista de la Constitución de 1976.

José Gabriel Barrenechea.

La Constitución de 1976, por razones obvias, no responde a las expectativas de los sectores o individuos no socialistas de nuestra sociedad. Pero hay más: La Constitución de 1976 tampoco responde a las expectativas de aquellos a quienes optamos por llamar con más exactitud postcapitalistas, o sea, de todos los que creemos en la necesidad humana de no detenerse nunca en lo logrado, y en consecuencia de construir una sociedad que supere a la más avanzada que hasta ahora hayamos tenido sobre el planeta Tierra: la capitalista, u occidental moderna.

La causa tiene que ver con una realidad: El ideal político en que se basa no es para nada un proyecto de superación del capitalismo. En él, por el contrario, lo que predomina es lo precapitalista: Hipertrofia del estado, estructuraciones similares al estado burocrático confuciano, adoración cuasimágica de líderes carismáticos, doctrinas de los iluminados por la verdad, o de las vanguardias, reducción de los individuos a mecanismos de la Gran Maquinaria Estatal, o lo que es lo mismo, a ocupantes disciplinados y sin fanfarrias del lugar asignado…

Esa amalgama precapitalista, a la que forzando el término se llamó Socialismo, adopta un modelo constitucional, el leninista.

En el artículo Un socialismo de ley, escrito a cuatro manos por Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche, y publicado en su número 57 por la revista Caminos, los autores pretenden que la perversión del “constitucionalismo socialista” comenzó con la polémica entre Solts y Krylenko, en 1925. Nada más inexacto, sin embargo, ya que tal perversión es en realidad obra de Vladimir Ilich Lenin y no de ningún funcionario estalinista, y mucho menos del propio Stalin.

Para el mejor Marx, y no el de sus devaneos hasta genocidas que podemos leer en la Nueva Gaceta del Rin, la creencia en la inexorable proletarización casi total de la sociedad capitalista, lo lleva a concluir que basta con que el poder pase a manos de esta “inmensa mayoría”, para que mediante el ejercicio democrático de dicho poder al interior de dicha clase (dictatorialmente no obstante hacia las escasas minorías exteriores: funcionarios del estado y burguesía industrial y financiera, hez de las metrópolis o lumpemproletariado, pequeños propietarios rurales…), la Humanidad se conduzca segura y definitivamente al Reino de la Libertad. No hay por tanto divergencia entre soberanía y finalismo comunista: el proletariado, dejado al mando de la sociedad, por su misma situación en el conjunto de relaciones productivas, porque, como se nos aclara en el Manifiesto Comunista, “las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas” en sus particulares condiciones de existencia, no puede más que conducirla al comunismo.

Lenin, sin embargo, un hombrecito gris obsedido con la dialéctica (su peor descalificativo es: “no domina bien la dialéctica”), no está tan seguro de que el proceso funcione precisamente así. Y su ejercicio del poder, en las condiciones de la Rusia de la primera posguerra mundial, lo lleva a reafirmarse en sus dudas de que en realidad el proletariado lleve en sí mismo a la nueva sociedad sin clases ni estado. Para él, el comunismo es más que el resultado de los consensos al interior de una clase cualquiera, una obra de ingeniería social. Es por ello que se inventa una nueva teoría: la de la necesidad de una vanguardia política, que no solo guíe al proletariado, y en general a toda la población a la toma del poder, sino que después se haga cargo del mismo como especialistas en lo que debe hacerse para arribar al comunismo.

En lo profundo por tanto la diferencia se encuentra en que para el mejor Marx (repetimos que él también tuvo sus devaneos, como todo verdadero gigante…) las leyes de la evolución social poscapitalista no son algo suprahumano, sino que se concretan en la lógica del ejercicio democrático del poder al interior de la mayoritaria clase obrera, mientras que para Vladimir Ilich Lenin (el hombrecito gris), estas mencionadas leyes tienen su asiento en las profundidades ontológicas de las cosas, en una mística arquitectura del espacio-tiempo absoluto que contiene a los hombres, y por tanto requieren de un grupo especial, el partido, que primeramente las descubra y luego sea capaz de utilizarlas en la construcción del redencionista “porvenir luminoso”.

Esta particular visión leniniana se transubstancia por primera vez en derecho en la Constitución Soviética de julio de 1918. Allí los legisladores de la “comisión especial del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia encabezada por Lenin” tendrán muy en cuenta (faltara más) la segunda de las “Diez Tesis sobre el Poder Soviético” suyas, de marzo de 1918, que dice: “Agrupación de la parte más dinámica, activa y consciente de las clases oprimidas, de su vanguardia, la cual debe educar a toda la población trabajadora, sin excepción, a que participe por su cuenta en el gobierno del país en la práctica, y no en teoría”

Y es tras ese loable deseo de educar para el ejercicio del poder, que se agazapa el escamoteo de la soberanía tan característico de los leninismos, y es a su vez la razón de porqué los socialismos leninianos tienen que ver más en realidad con lo pre que con lo postcapitalista. El ejercicio de la soberanía queda en manos de quienes por especiales condiciones, sea gracia divina, suerte genética o afortunada consecuencia del cúmulo de sus circunstancias formativas (dialécticas), tienen privilegiado acceso al verdadero, y único, conocimiento; o para satisfacción póstuma de Platón, en manos de los “reyes filósofos” del Comité Central.

En realidad el “constitucionalismo socialista leniniano”, digámoslo sin retóricas academicistas, se reduce en la práctica a un único artículo realmente efectivo. El que señala al partido, pitoniso de la necesidad histórica, como el soberano. Artículo al que para acallar “el qué dirán”, se le añaden a veces otros muy progresistas, tomados en lo fundamental de la práctica política de las socialdemocracias alemanas e inglesas, o hasta de la del rey del conservadurismo europeo decimonónico, Otto Von Bismark, pero válidos, no obstante, solo mientras no entren en contradicción con ese único.