Carácter Monárquico de la Constitución de 1976.

José Gabriel Barrenechea.

¿Por qué afirmo que, a pesar de la superficial y aparente semejanza entre ambas, la Constitución Cubana de 1976 es otra cosa bien distinta que la Soviética de 1977?

Si la segunda define en teoría un régimen parlamentario, y en la realidad el gobierno consensuado de una elite de funcionarios, la nuestra, por su parte, más que uno presidencialista, prefigura uno monárquico. Si en la soviética en su artículo 121 se definen las atribuciones del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, y en el 131 los límites de las atribuciones del Consejo de Ministros, en cambio falta ese larguísimo, semejante al 91 de la nuestra del 76, o el aun un tanto más largo 93 de la de 1992, en que se establecen con claridad los muchos poderes del equivalente cubano del Presidente del Presídium del Soviet Supremo de la URSS, el Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Es así que uno no se explica (bueno, en verdad uno si se lo explica…) que alguien tan agudo como el relevante jurista cubano, Julio Fernández Bulté, escriba en su ensayo “El proceso de institucionalización en Cuba” que, “la Constitución de 1976 nos aproximó, funcional y estructuralmente, a los países socialistas de Europa del Este y nos separó en cierta medida de nuestras tradiciones presidencialistas”. Porque en la realidad, más que en la teoría, y no “en cierta medida”, sino en una inusitada, la Constitución de marras fue más que presidencialista, monárquica, y ni tan siquiera a la manera de la Inglaterra del siglo XVIII, sino a la de la Francia de 1700, bajo el Rey Sol.

En este sentido resulta sumamente locuaz el siguiente fragmento tomado del libro “Comentarios a la Constitución Socialista”,del “miembro clave de la comisión encargada de redactar el Anteproyecto de la Constitución Socialista”, profesor y diplomático Fernando Álvarez Tabío:

“La función múltiple atribuida al Presidente del Consejo de Estado, en lo político, en lo económico, en lo legislativo, en lo gubernamental, en lo administrativo, en lo militar, la cual ostenta como máximo depositario de la soberanía nacional y defensor más representativo de la causa de la democracia y del socialismo, solo podemos concebirla en quien, desde las epopeyas del Moncada y la Sierra Maestra, guiado por el pensamiento de José Martí, condujo la Revolución a la victoria. En la historia de todos los pueblos hay grandes hombres cuya vida y obra están estrechamente ligadas a las más gloriosas etapas históricas de la nación. Estos hombres simbolizan las más altas cualidades de su pueblo; dedican toda su vida a la lucha por su independencia y su felicidad; sus palabras y sus acciones reflejan las aspiraciones más acariciadas y la voluntad más firme de la Nación.”

“El presidente del Consejo de Estado de nuestra República, compañero Fidel Castro Ruz, es uno de ellos. Consideramos, pues, que el artículo 91 de la Constitución es un justo homenaje a su persona.”

Solo la aceptación desprejuiciada de este carácter monárquico de nuestra Ley de Leyes, nos ayudará a comprender por qué, según lo expresa el catedrático Walter Mondelo en “Constitución, regla de reconocimiento y valores jurídicos en el derecho cubano”, nuestra Carta Magna no ha podido consolidarse como el patrón de la constitucionalidad y la legalidad. En definitiva por qué la misma no es “usada regularmente como criterio para identificar el derecho válido y para fundamentar el deber de obediencia a sus normas”.

Apartándonos de divagaciones kelsenianas o hartianas, concebidas para no tener que ver lo evidente, sin perder prestigio académico de paso, el hecho de que aún se debata “si los decretos-leyes (del Consejo de Estado) tienen igual jerarquía que la ley, cuando la Constitución faculta únicamente a la Asamblea Nacional a promulgar leyes y, además, a revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado si se oponen a la ley o a la Constitución”, el que por otra parte en casi 38 años la Asamblea Nacional no haya nunca ejercido su derecho a “decidir acerca de la constitucionalidad de (los) decretos-leyes”, o “revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado”, solo se comprende a cabalidad si aceptamos que dicha constitución se ha hecho a la medida del imperante carismático, Fidel Castro.

Y es que en esencia dicha Constitución no consiste más que en una reescritura de las constituciones socialistas de corte soviético, redactada por los seguidores más próximos del líder carismático y bajo su directa supervisión, con el fin de obtener los beneficios de la pertenencia al CAME sin a la vez verse obligados a desprenderse de las particulares formas que ha terminado asumiendo el poder en la Cuba revolucionaria. De este modo todo lo que no este escrito allí para legitimar dicho poder carismático, o que pueda entrar en contradicción con el mismo, ha sido expurgado cuidadosamente de todo valor real.Como por ejemplo la grandilocuente declaración que es en sí el artículo 69 de la versión de 1992, que establece que “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo”.

Tal declaración carece de la más absoluta realidad, si comprendemos no solo que reuniéndose a lo sumo una semana al año es imposible ejercer semejante poder, sino también que por el actual sistema electoral, que impide el surgimiento de otras figuras políticas de alcance nacional independientes de las previamente existentes, la Asamblea se encontrará siempre, y por completo, en manos de poderes anteriores a su elección: el imperante carismático, y a quienes este tenga a bien designar para sucederle.

Carácter Leninista de la Constitución de 1976.

José Gabriel Barrenechea.

La Constitución de 1976, por razones obvias, no responde a las expectativas de los sectores o individuos no socialistas de nuestra sociedad. Pero hay más: La Constitución de 1976 tampoco responde a las expectativas de aquellos a quienes optamos por llamar con más exactitud postcapitalistas, o sea, de todos los que creemos en la necesidad humana de no detenerse nunca en lo logrado, y en consecuencia de construir una sociedad que supere a la más avanzada que hasta ahora hayamos tenido sobre el planeta Tierra: la capitalista, u occidental moderna.

La causa tiene que ver con una realidad: El ideal político en que se basa no es para nada un proyecto de superación del capitalismo. En él, por el contrario, lo que predomina es lo precapitalista: Hipertrofia del estado, estructuraciones similares al estado burocrático confuciano, adoración cuasimágica de líderes carismáticos, doctrinas de los iluminados por la verdad, o de las vanguardias, reducción de los individuos a mecanismos de la Gran Maquinaria Estatal, o lo que es lo mismo, a ocupantes disciplinados y sin fanfarrias del lugar asignado…

Esa amalgama precapitalista, a la que forzando el término se llamó Socialismo, adopta un modelo constitucional, el leninista.

En el artículo Un socialismo de ley, escrito a cuatro manos por Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche, y publicado en su número 57 por la revista Caminos, los autores pretenden que la perversión del “constitucionalismo socialista” comenzó con la polémica entre Solts y Krylenko, en 1925. Nada más inexacto, sin embargo, ya que tal perversión es en realidad obra de Vladimir Ilich Lenin y no de ningún funcionario estalinista, y mucho menos del propio Stalin.

Para el mejor Marx, y no el de sus devaneos hasta genocidas que podemos leer en la Nueva Gaceta del Rin, la creencia en la inexorable proletarización casi total de la sociedad capitalista, lo lleva a concluir que basta con que el poder pase a manos de esta “inmensa mayoría”, para que mediante el ejercicio democrático de dicho poder al interior de dicha clase (dictatorialmente no obstante hacia las escasas minorías exteriores: funcionarios del estado y burguesía industrial y financiera, hez de las metrópolis o lumpemproletariado, pequeños propietarios rurales…), la Humanidad se conduzca segura y definitivamente al Reino de la Libertad. No hay por tanto divergencia entre soberanía y finalismo comunista: el proletariado, dejado al mando de la sociedad, por su misma situación en el conjunto de relaciones productivas, porque, como se nos aclara en el Manifiesto Comunista, “las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas” en sus particulares condiciones de existencia, no puede más que conducirla al comunismo.

Lenin, sin embargo, un hombrecito gris obsedido con la dialéctica (su peor descalificativo es: “no domina bien la dialéctica”), no está tan seguro de que el proceso funcione precisamente así. Y su ejercicio del poder, en las condiciones de la Rusia de la primera posguerra mundial, lo lleva a reafirmarse en sus dudas de que en realidad el proletariado lleve en sí mismo a la nueva sociedad sin clases ni estado. Para él, el comunismo es más que el resultado de los consensos al interior de una clase cualquiera, una obra de ingeniería social. Es por ello que se inventa una nueva teoría: la de la necesidad de una vanguardia política, que no solo guíe al proletariado, y en general a toda la población a la toma del poder, sino que después se haga cargo del mismo como especialistas en lo que debe hacerse para arribar al comunismo.

En lo profundo por tanto la diferencia se encuentra en que para el mejor Marx (repetimos que él también tuvo sus devaneos, como todo verdadero gigante…) las leyes de la evolución social poscapitalista no son algo suprahumano, sino que se concretan en la lógica del ejercicio democrático del poder al interior de la mayoritaria clase obrera, mientras que para Vladimir Ilich Lenin (el hombrecito gris), estas mencionadas leyes tienen su asiento en las profundidades ontológicas de las cosas, en una mística arquitectura del espacio-tiempo absoluto que contiene a los hombres, y por tanto requieren de un grupo especial, el partido, que primeramente las descubra y luego sea capaz de utilizarlas en la construcción del redencionista “porvenir luminoso”.

Esta particular visión leniniana se transubstancia por primera vez en derecho en la Constitución Soviética de julio de 1918. Allí los legisladores de la “comisión especial del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia encabezada por Lenin” tendrán muy en cuenta (faltara más) la segunda de las “Diez Tesis sobre el Poder Soviético” suyas, de marzo de 1918, que dice: “Agrupación de la parte más dinámica, activa y consciente de las clases oprimidas, de su vanguardia, la cual debe educar a toda la población trabajadora, sin excepción, a que participe por su cuenta en el gobierno del país en la práctica, y no en teoría”

Y es tras ese loable deseo de educar para el ejercicio del poder, que se agazapa el escamoteo de la soberanía tan característico de los leninismos, y es a su vez la razón de porqué los socialismos leninianos tienen que ver más en realidad con lo pre que con lo postcapitalista. El ejercicio de la soberanía queda en manos de quienes por especiales condiciones, sea gracia divina, suerte genética o afortunada consecuencia del cúmulo de sus circunstancias formativas (dialécticas), tienen privilegiado acceso al verdadero, y único, conocimiento; o para satisfacción póstuma de Platón, en manos de los “reyes filósofos” del Comité Central.

En realidad el “constitucionalismo socialista leniniano”, digámoslo sin retóricas academicistas, se reduce en la práctica a un único artículo realmente efectivo. El que señala al partido, pitoniso de la necesidad histórica, como el soberano. Artículo al que para acallar “el qué dirán”, se le añaden a veces otros muy progresistas, tomados en lo fundamental de la práctica política de las socialdemocracias alemanas e inglesas, o hasta de la del rey del conservadurismo europeo decimonónico, Otto Von Bismark, pero válidos, no obstante, solo mientras no entren en contradicción con ese único.