La irreductible inmediatez del Mercado, y su inutilidad para salir del encierro terrícola.

El Mercado no nos permite ver más allá de nuestros más próximos intereses. Si bien es cierto que en base a él puede organizarse un más eficiente control sobre los recursos naturales que el que puede lograrse con el planeamiento económico, esto realmente solo ocurre a nivel inmediato, pero no al mediato.

Los mercados funcionan en base al principio del “Carpe Diem”, y en consecuencia sobre el aquello de que “después de mí, el diluvio”. La aparente eficiencia que en lo inmediato dejan los mercados se afinca a la larga sobre la ineficiencia absoluta en lo mediato. Es esta la explicación de porqué nuestras eficientes economías mercantilizadas están dejándole en herencia a las futuras generaciones un planeta cada vez más irrespirable.

Esto no ocurre por los fines últimos que guían al Mercado: la satisfacción de las necesidades de los individuos. Semejante juicio equivaldría a afirmar que toda institución humana incurre necesariamente en esa actitud discriminatoria, porque en verdad esos fines son precisamente los de todas ellas, en una u otra medida, en una u otra forma. Es el carácter restringido a que reduce la negociación el Mercado, como cosa de dos, en medio de un masivo resto de la sociedad a la que solo le deja el papel de amenaza competitiva, la causa más importante de su incapacidad para priorizar lo inmediato sobre lo mediato.

En el Mercado quienes negocian directamente son en esencia solo dos, el que tiene algo que le sobra y el que necesita ese algo. Por lo tanto da la impresión de que en el resultado final de la decisión común solo incide el interés de dos individuos, mientras el masivo resto de la sociedad queda al margen.

Nada en esta primera aproximación, por tanto, parece provocar ese ya visto predominio de los intereses más inmediatos, porque es evidente que en un intercambio incondicionado entre dos personas humanas nada obliga a anteponer la satisfacción de lo inmediato por sobre la de lo mediato; siempre que haya razones que aconsejen esa jerarquización contraria a la naturaleza humana. Por el contrario, sin presiones externas a las dos personas mencionadas, este puede llevarse a cabo incluso sin dejar de lado la satisfacción propia y la de quienes vendrán después.

Pero el hecho es que en el Mercado no son realmente solo dos quienes negocian. Junto a quien le sobra algo, y a quien algo le falta, está a la vez el resto de la sociedad con su infinita cantidad de necesidades, que es en definitiva quien influye de manera indirecta en que las decisiones sean tomadas solo en base al interés inmediato de los dos primeros. Porque es ese resto de la sociedad, con su sola presencia y potencial participación en la negociación, el que obliga con su competencia a que al que crea un sobrante de algo se vea obligado a solo preocuparse por sus intereses más inmediatos.

O sea, a quien le falta algo, y por lo tanto produce mediante su trabajo alguna cosa que él no necesita para con su intercambio acceder a eso que le falta, no podrá poner en ese objeto (mercancía) lo necesario para complacer tanto el interés inmediato como mediato del potencial intercambiador. Y muchísimo menos su propio interés mediato por el cuidado del medio ambiente. De hacerlo debería dedicar más trabajo a ese objeto (mercancía), y en consecuencia a la vez situarlo en una posición desfavorable en términos de intercambio.

Con lo que se arriesgaría a perder la oportunidad de obtener lo que finalmente necesita, en la competencia por la oportunidad de intercambiar con aquel otro individuo probable que mediante su respectivo trabajo elaboró un objeto (mercancía) semejante al que él llevará al Mercado, pero que en su confección solo tuvo en cuenta cuidarse de satisfacer el interés inmediato.

Es evidente, no obstante, que tal lógica podría romperse si de parte de la Demanda, o lo que es lo mismo, de esa masa inmensa que desde esa periferia del Mercado, la sociedad, baja a él a buscar lo que les falta, se priorizaran sus necesidades mediatas sobre las inmediatas. Mas algo así encuentra una barrera semejante a la ya descrita. En primer lugar quien va a buscar algo al Mercado antes debe llevar algo para intercambiarlo por lo que necesita, por lo que ya de hecho el más arriba descrito mecanismo condiciona su actitud hacia lo mediato.

Pero además, debido a su naturaleza creadora los individuos siempre tendrán necesidades crecientes. O sea, el individuo irá al Mercado a buscar no lo que le falta, en singular, sino lo mucho que le falta. Y en caso de ir a buscar condicionado además por unas necesidades mediatas suyas de carácter social deberá necesariamente restringir su capacidad de adquisición: Reducir cada vez más sus necesidades concretas.

Priorizar, o aun tener en cuenta lo mediato social sobre lo inmediato individual es antinatural, independientemente de si la sociedad conduce sus asuntos económicos mediante el Planeamiento Económico o el Mercado. En cualquier sociedad al restringir sus necesidades inmediatas (por ejemplo, transportarse rápidamente de un lugar a otro) con tal de satisfacer una futura que todavía no existe (ejemplo, la de aire puro), al tener en cuenta en sus adquisiciones no solo sus necesidades presentes sino esas todavía inexistentes futuras, el hombre va contra su naturaleza (a fin de cuentas nunca podemos estar seguros de que en el próximo segundo nuestra vida no termine súbitamente).

Debemos entender que las necesidades reales son inmediatas, mientras que las mediatas tienden a funcionar más bien como limitaciones a la satisfacción de esas necesidades reales.

Por lo tanto ya no el interés mediato de toda la sociedad que rodea a los dos individuos que intercambian en el Mercado es dejado de lado en este por “antinatural”, sino aun el de cualquiera de esos dos individuos.

Tal siempre ocurre en una sociedad en que los intercambios se realicen de manera preferente mediante el mercado, ya que obliga al vendedor a cuidarse de los otros vendedores, y al comprador de sus intereses. Y es la causa profunda de que las economías mercantiles solo sean recomendables mientras el medio en que se desenvuelven tenga dimensiones y capacidad de auto regenerarse que superen con mucho la cantidad de entropía que las mismas crean.

En todo caso semejante puesta de acuerdo en priorizar lo mediato sobre lo inmediato no se puede establecer mediante los mecanismos del Mercado, sino mediante la consensuación consciente en el Ágora. Y ello no más que circunstancialmente, para extender los límites de la economía en cuestión hasta las dimensiones en que puede olvidarse por un tiempo la necesidad de anteponer lo mediato a lo inmediato.

En nuestro caso presente: Estamos obligados a centralizar y planificar nuestra economía, a nivel planetario, para conseguir abandonar el encierro terrícola, en un planeta que ya nos queda tan pequeño como una habitación irrespirable por el número excesivo de sus ocupantes. Con más anchos horizontes, podremos solo entonces volver a los mecanismos mercantiles.

Advertisements

Zafra y política interna en la Cuba presente.

Avanzada la pasada Zafra en Villa Clara advertimos que no quedaba suficiente caña en los campos para cumplir con el plan de poco más de 270 000 toneladas de azúcar. No obstante, como siempre primó el voluntarismo; aunque también y sobre todo algo más.

Villa Clara tenía que cumplir, mucho más cuando resultaba claro que ninguna otra provincia lo iba a lograr, y para ello no solo se molió caña que correspondía para esta Zafra, sino que hasta se descuidaron las labores de siembra de primavera. Sin contar con que la magnitud del esfuerzo y el consumo excesivo de recursos comprometieron también las siembras del verano.

Pero incluso, según refieren fuentes sin confirmar, se llegó al extremo de que las vecinas provincias de Cienfuegos y Sancti Spiritus entregaron ciertos volúmenes de caña a los centrales  Ifraín Alfonso, de Ranchuelo, y Heriberto Mederos, de Remedios. Con el propósito de permitirles cumplir sus planes.

La razón de este empecinamiento se explica en el voluntarismo connatural a la mentalidad castrista, pero también a los rejuegos de política interna en la cúpula del régimen. Resulta evidente que al aproximarse la salida de Raúl Castro del poder los distintos clanes al interior de la nomenklatura han comenzado a moverse, a aspirar, y con ello a distinguirse unos de los otros. En esta situación el mejor situado, y el que mayor control parece haber conseguido sobre el país es el clan villareño encabezado por Machado Ventura, y cuyo candidato a la presidencia es Miguel Díaz-Canel. Pero esa situación de privilegio, y esa ventaja, dependen de que el dicho clan sea capaz de demostrar en su territorio de origen, y en las dependencias nacionales que controla, una eficacia y unos logros por encima de los del resto del país y de las áreas de influencia de los demás clanes rivales. Solo así podría conservar su primacía, en unos tiempos en que las memorias del acto fundacional del régimen, la derrota de la dictadura batistiana en 1958, ya pertenecen a la mítica. Y en que por lo tanto cualquiera que ocupe ahora la cúpula del mismo será a la larga no otra cosa que uno más, para todo el muy nutrido grupo de “compañeros” que se crean, y creen de hecho, con condiciones para ocupar esa misma posición (“chico, si el comemierda ese de Díaz llegó, ¿por qué yo no?”).

No de otra manera se explican las constantes visitas que a la provincia y sobre todo a sus centrales hicieran Díaz-Canel y Machado Ventura entre abril y mayo pasados. Como tampoco se explica de otra manera lo ocurrido par de meses después, en el verano, ante la reclamación del primer secretario del partido en Santiago de Cuba (un villaclareño también, por cierto, pero de otro clan) por habérsele entregado a Villa Clara el primer lugar nacional en el desarrollo de su infraestructura para la comercialización agrícola. Hecho ante el cual la respuesta de la administración central, controlada por Machado Ventura y Díaz-Canel, fue retardar lo suficiente la inspección central a acá, a Villa Clara, para así darle tiempo al compañero Julio Lima a que reconstruyera, o repintara a toda máquina los mercados y placitas agropecuarias de la provincia.

En todo caso estos devaneos politiqueros, como antes los voluntarismos, ya comienzan a dejar sus primeras nefastas secuelas.

Villa Clara había planificado producir 182 000 toneladas de azúcar en esta contienda 2017-2018. No obstante solo recién este martes 22 de enero, aniversario 70 de la muerte de Jesús Menéndez, se logró superar la barrera de las primeras 5 000 toneladas, a más de un mes de molidas.

Falta por ver si los no solucionados problemas al interior de la industria, unidos a la carencia crónica de cañas, permiten cumplir el ambicioso plan. Una carencia de cañas que es debida al adelanto del corte en la pasada campaña de plantaciones que solo alcanzarían su madurez en esta, pero además a las afectaciones que dejó el Huracán Irma (el “encamamiento”), y a las lluvias que mantienen muchas áreas cañeras impracticables para los cortes. En todo caso, pese a los llamados de Julio Lima a “no amilanarse”, “a no dejarse vencer”, viejos cañeros de la provincia coincidieron en confesarle a este escribidor que con suerte, “va y se hacen 100 000; pero con mucha suerte, sabe”.

Mas ya no importa. Para cuando por fin se admita el nuevo descalabro ya Díaz-Canel estará sentado en la presidencia del Consejo de Estado, y para entonces podrá adelantar, si fuera necesario, el inevitable proceso de “empillamamiento” de sus más conspicuos contrincantes en los clanes rivales. Algo que inevitablemente hará, más tarde o más temprano, si es que logra permanecer en el poder más allá de 2018.

Por cierto: ¿Se imaginan a Lazo en Pijama?

Proceso Electoral Cubano.

68836-fotografia-m

Momento en que Alina Balseiro Gutiérrez de la Comisión Electoral Nacional, firmó el juramento

 

 

Quién inventó la Ley inventó la Trampa.

Dicho popular, cubano.

José Gabriel Barrenechea.

 

  1. 1. El Proceso Electoral Cubano se encuentra regido por la Ley no. 72,Ley Electoral, aprobada por la Asamblea Nacional en su sesión del 29 de octubre de 1992.

En Cuba se elige por votación de la ciudadanía a los Delegados a las Asambleas Municipales, especie de concejales, y de manera harto sesgada, ya que las posibilidades que se le dejan al electorado para rechazar la propuesta que se le presenta son considerablemente estrechas, casi inexistentes, a los Delegados a las Asambleas Provinciales y a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular[i]. También se llevan a cabo plebiscitos, dentro de estos tres organismos legislativos, para aprobar o no las propuestas que para los cargos electivos de cada uno de los mismos presentan las llamadas Comisiones de Candidaturas; y en el caso de la Asamblea Nacional, se plebiscita además la propuesta de Consejo de Estado, poder ejecutivo del estado, que a dicha asamblea le presentan la Comisión Nacional de Candidaturas.

Los procesos electorales en que participa la ciudadanía son dos:

Las elecciones generales, en las que se elige a los Delegados a las AAMM del PP (por lo general en octubre), y algunos meses después a los Diputados a la AN del PP y a los Delegados a las AAPP del Poder Popular (a fines del mes de enero siguiente). Las elecciones parciales, en las que se elige solo a los Delegados a las AAMM del PP (a fines de abril o principios de mayo).

Los Diputados a la AN del PP y Delegados a las AAPP del PP resultan electos para ejercer durante periodos de cinco años, mientras los Delegados a las AAMM del PP solo por dos años y medio. Es por ello que los últimos son elegidos tanto en elecciones parciales como generales, mientras los primeros solo en las generales.

El sufragio activo (derecho a elegir) tiene pocas restricciones evidentes en Cuba. Salvo la prohibición del voto para cualquier cubano que viva en el exterior, ya que es indispensable haber residido por dos años en el país de forma permanente para poder ejercerlo, no existen muchas más restricciones escritas que en cualquier otro país de Iberoamérica.

En el caso del sufragio pasivo ocurre lo mismo, aunque aquí son mucho más evidentes las limitaciones no escritas al derecho a ser elegido: Es muy difícil para una persona cuyo pensamiento no coincida exactamente con el de las autoridades actuales (las ya existentes antes del acto electoral en cuestión) el llegar a ser nominado para Delegado a una Asamblea Municipal, y es ya por completo imposible que lo sea para Diputado o para Delegado a una Asamblea Provincial. Lo cual ocurre no solo cuando la persona en cuestión tiene determinadas diferencias ideológicas con esas autoridades y en general con los principios del estado socialista cubano definidos por su Constitución, sino aun cuando sus diferencias son solo sobre cuestiones secundarias, como puede ser el elevar o no la edad de retiro, o eliminar o no de la noche a la mañana toda una industria de propiedad social como la azucarera (Decisiones que sin más ni más la “Máxima Dirección de la Revolución” tomó a pantalones en su momento).

Las recientes trabas y amenazas que han debido enfrentar los escasos disidentes que consiguieron ser nominados en sus barrios, durante las pasadas elecciones, dan buena cuenta de a qué nos referimos. La persecución que enfrentan los que ahora pretenden resultar nominados, con hasta acusaciones de formar parte de un plan de la CIA, reafirma la existencia de trabas no escritas al derecho a ser elegido[ii].

  1. En propiedad el proceso eleccionario en Cuba comienza con la convocatoria a elecciones que dicta el Consejo de Estado, la cual se publica en la Gaceta Oficial de la República con no menos de 90 días de antelación a las mismas. Inmediatamente a continuación de dicha convocatoria, y sin que ninguna otra institución independiente se inmiscuya con una propuesta o tan siquiera la posibilidad de considerar aquella de manera crítica, el Consejo de Estado designa una Comisión Electoral Nacional: O sea, en Cuba el Poder Ejecutivo designa a su libre y absoluta voluntad, sin mediaciones, controles o balances de ningún tipo, al Poder Electoral.

La mencionada Comisión Electoral Nacional tiene jurisdicción sobre todo el territorio de la República y está integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y catorce vocales.

Las atribuciones de esta Comisión son muy amplias y van desde dictar las reglas complementarias a la Ley Electoral, pasando por verificar que los candidatos a Diputados cumplan con los requisitos establecidos para ocupar dichos cargos, hasta designar las personas que integrarán las Comisiones Electorales Provinciales. Lo que unido a que estas últimas designan a las personas que integran cada una de las Comisiones Electorales Municipales (o de distrito, donde estos existan), quienes a su vez designan a los integrantes de las Comisiones Electorales de Circunscripción, quienes por último lo hacen con los miembros de las Mesas de los Colegios Electorales, deja en pie una sólida pirámide de poderes electorales a todo lo alto del país. Una pirámide en cuyo ápice se encuentra naturalmente el órgano que ha designado al primer eslabón de la cadena: El Consejo de Estado.

  1. El siguiente paso significativo en el proceso electoral cubano es el de formación de los Registros de Electores.

Mucho elogian ciertos comentaristas foráneos el que en la conformación de los mismos el ciudadano cubano no deba invertir ni dinero, ni tiempo. A no ser de lo segundo, en el caso que desee subsanar algún error en la copia del Registro Primario. El cual la Comisión Electoral Municipal deberá colgar en lugar público y del mayor acceso, no más allá de 25 días después de la publicación de la convocatoria a elecciones en la Gaceta, y durante un plazo nunca menor de 30 días.

Parecen no advertir los ditirambistas foráneos, sin embargo, que ningún registro se hace solo, y que si este se elabora tan sin molestar al ciudadano, se debe a que alguien se ha tomado el trabajo de hacerlo por ellos. En específico ciertos personajes, de los que la Ley Electoral no nos dice nada: los responsables de los Libros de Registro de Direcciones.

La única referencia a ellos aparece en el artículo 56 de la Ley: “Los responsables de los Libros de Registro de Direcciones elaboran, dentro del término de los quince días siguientes a la publicación de la convocatoria a elecciones en la Gaceta Oficial de la República, una relación de los ciudadanos que siendo residentes en su demarcación, tengan, a su juicio (subrayado por el autor), derecho al voto, de acuerdo con lo establecido por la Ley”. Sin embargo, en ninguna parte de la Ley se establece clara y distintamente quien designa a los responsables de dichos Libros, que hasta de poder de interpretación de la Ley disfrutan.  Podría esperarse, lógicamente, que entre las 17 funciones de las Comisiones Electorales de Circunscripción se encontrará la de designar a los mencionados personajes, pero, no tampoco aquí aparece ninguna referencia explícita.

Solo se puede encontrar una indirecta referencia a ellos, y una pista de a quien están adscritos en definitiva, en la función d. Allí se establece que entre las funciones de las Comisiones electorales de Circunscripción está la de “participar en la elaboración de la lista de electores por cada colegio Electoral con la cooperación de la Comisión Electoral Municipal y de las organizaciones de masas”.

Porque resulta que los tan llevados y traídos Libros y sus oficiosos responsables se encuentran adscritos nada más y nada menos que a los CDR, o Comités de Defensa de la Revolución. Una supuesta ONG que es en realidad pieza clave en el sistema de control ciudadano mantenido por el estado cubano, y cuya parcialidad a un cierto discurso político está más que comprobada en la práctica. O sea, a una organización de naturaleza política, según sus propios estatutos, y cuyo principal objetivo no es el permitir en base a un claro marco legal que todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones, puedan ejercer su derecho al voto activo y pasivo, sino la vigilancia ideológica.

  1. Paralelo al subproceso de elaboración y publicación del Registro Primario se desarrolla el de nominación de los candidatos a Delegados a las AAMM del PP.

Los candidatos a Delegados a las AAMM del PP resultan nominados por los ciudadanos en asambleas generales en cada una de las áreas en que se divide una circunscripción electoral, las cuales no pueden ser nunca más de ocho, ni menos de dos. El establecimiento de cada una de estas áreas es la primera de las funciones de las Comisiones Electorales de Circunscripción.

Estas asambleas de nominación de candidatos a las AAMM del PP solo pueden ser iniciadas si previamente la Comisión Electoral de la Circunscripción comprueba que los electores de dicha área han hecho “presencia masiva”. O sea, no en “mayoría simple” o cualquier otra más clara expresión en cuanto a proporciones, sino en una muy ambigua que deja la puerta demasiado abierta a casi cualquier interpretación. Es precisamente por esa ambigüedad legal que a los representantes de dichas Comisiones no parece preocuparles mucho el que en una considerable cantidad de ocasiones estas asambleas no lleguen a reunir ni la cuarta parte de los electores convocados.

Las propuestas de candidatos son hechas personalmente y a viva voz por el proponente, y se las vota luego a mano alzada. Cada una de estas asambleas solo puede elegir a un candidato (art 81). Pero como siempre deben ser al menos dos los nominados en la circunscripción completa, si en todas las áreas de esta ha resultado invariablemente nominado el mismo candidato, en la última área que realice su asamblea se procede (tras haber sido elegido el mismo que en todas las demás áreas) a nominar de manera obligatoria a un segundo candidato (art 82). Solución traída por los pelos, porque quizás en alguna, o aun en todas de las asambleas de área anteriores, uno o todos los propuestos que no llegaron a ganar la nominación tuvieran muchísimo más apoyo que el improvisado de la última.

En caso de que la circunscripción tenga una sola área esa única asamblea deberá nominar 2 candidatos como mínimo (art 82), porque como se verá el objetivo inconmovible es tener al menos dos candidatos por circunscripción.

Con todos estos nominados, que por lo general no pasan de dos, y nunca pueden ser más de ocho (si en todas las áreas hubiera sido nominado uno distinto), se completa la boleta electoral en que los electores de la circunscripción ejercerán su derecho al voto el día de las elecciones.

  1. Estos candidatos, como cualquier otro en Cuba, se encuentran privados de hacer campaña política. El artículo 171 de la Ley Electoral establece que: “Todo elector solo tomará en cuenta, para determinar a favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo… la propaganda que se realizará será la divulgación de las biografías… de los candidatos…”; según la propia Ley se restringen las libertades del elector con el fin de evitar “… toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería”.

Por lo tanto la Ley no le deja al votante, para su selección, nada más que el conocimiento personal que pueda tener de los candidatos, o el que pueda obtener de la lectura de una síntesis biográfica. En la cual la idea central consiste en tratar de mostrar no otra cosa que la incondicionalidad del biografiado a las autoridades actuales, y a sus representantes en todos los niveles. Algo que podrá comprobar cualquiera que se tome el trabajo de leerlas de una punta a otra de la Isla, llegado el tiempo de elecciones.

Aclaramos este punto para que se entienda a cabalidad: El candidato no puede de ninguna manera informar a sus electores ni pública, ni aun privadamente, su intención al resultar electo de, digamos, gestionar que el consultorio médico del barrio vuelva a tener un médico, o que se arregle el salidero de agua que afecta a la comunidad, o el gran bache en la calle principal de su circunscripción, o incluso su intención de luchar porque en su Asamblea Municipal del Poder Popular se promueva la candidatura de un Delegado a la AN del PP que se oponga a un proyecto de ley que pretenda aumentar la edad de retiro. De hacerlo sería acusado de oportunista, demagogo y politiquero y suspendido en consecuencia, si tal hecho llegará a conocimiento de las autoridades electorales.

Semejante restricción obliga a los candidatos a admitir implícitamente que lo de los programas de gobierno es cosa de otros, siempre “más arriba”, no de ellos.  Claro que de nada más y nada menos que de las autoridades anteriores al acto electoral. Porque en realidad no es que nuestra Ley Electoral prohíba en sí los programas de gobierno, sino que más bien lo que hace es permitir tan solo aquellos que coincidan con lo que ya se está haciendo al presente por aquellas autoridades, o aun con lo que estas crean deba hacerse tras el acto electoral… y por siempre.

  1. En el proceso de nominación en las asambleas de área juegan un papel determinante los núcleos del Partido barriales, que no por gusto coinciden en su distribución territorial con las áreas y circunscripciones electorales. Son sus miembros, viejos jubilados pertenecientes al sector más inmovilista dentro del Partido, quienes elaboran “secretamente” las propuestas de posibles nominados y a continuación las elevan a los niveles municipales para su aprobación. Son también ellos quienes, cuando estas vuelven aceptadas, o reelaboradas por el nivel municipal del Partido, se encargan primeramente de asegurarse de que todos los elementos comprometidos del barrio conozcan por quien se “debe” votar, para por último montar el espectáculo que en un final son las asambleas de área (como muchos de estos jubilados no suelen tener ya muy buena la memoria, acuden al recurso nemotécnico de anotarse en un papelito el nombre de la persona a las que les toca proponer).

Debe aclararse, sin embargo, que a pesar de la apatía con que son recibidas las elecciones de Delegados a las Asambleas Municipales de PP, por el escaso poder de solución de los problemas del barrio que estos han demostrado en los 40 años que la institución lleva en funciones, todavía ocurren sorpresas en las asambleas de nominación.

Así, en ellas a veces no solo se presentarán las propuestas de los elementos comprometidos del barrio. De hecho no es en absoluto imposible que en ciertas áreas un ciudadano inesperado, y no muy bien visto por dichos elementos comprometidos, pueda salir nominado, gracias a la temeraria propuesta de otro ciudadano que se haya atrevido a ir a contracorriente.

Pero lo que sí es absolutamente seguro es que a continuación de dicha derrota los elementos comprometidos, sus estructuras superiores y la policía política, lanzaran una ofensiva de terror en la circunscripción centrada contra el proponente y quienes apoyaron su propuesta. En general mediante el consabido cuestionamiento de sus intenciones como de contrarrevolucionarias, o en el mejor de los casos de hacerles el juego. Intenciones o juegos que en Cuba pueden dejarte sin trabajo[iii] o que pueden ponerte, en un país en que no alcanzan nunca los medios honrados y legales de ganarse la vida, demasiado bajo la lupa de los órganos policiales.

  1. No obstante, incluso aunque el no bien visto nominado consiguiera salir electo Delegado a su AM del PP, el proceso electoral cubano, al tener que necesariamente abandonar el sistema de nominación directa de la 1ª fase por uno indirecto en la 2ª, pone en manos de las autoridades actuales mecanismos eficientes que evitaran que el heterodoxo en cuestión pueda alcanzar un cargo electivo dentro de la Asamblea Municipal, o incluso llegar a ser nominado para Delegado a la AP del PP, o para Diputado a la AN del PP.

Lo que en definitiva obliga a abandonar en la 2ª fase el sistema de nominación directa son los números de electores involucrados en ella. Es claramente imposible extender el sistema usado en la 1ª, para nominar a los candidatos a Delegados a las AAMM del PP, a los subprocesos de nominación de los Delegados a las AAPP del PP y a los Diputados a la AN del PP. Nuevos momentos electorales en que más que un barrio de varios centenares, o a lo mucho par de millares de habitantes, se implican por lo general varias decenas de miles de votantes: Según la Ley como mínimo una fracción mayor de 5 000 votantes para la elección de un Delegado a una AP del PP, o una fracción mayor de 10 000 para Diputado; en cuanto al número promedio de electores para el primero fluctúa entre 10 000 o 15 000, en dependencia de la población de la provincia en cuestión, y para el segundo alrededor de los 20 000 (art 13).

Se impone, en consecuencia, un nuevo modo de nominar a los candidatos a Delegados a las AAPP del PP y a la AN del PP. Pero como en Cuba se supone que el Partido Único no nomina candidatos, al menos de modo explícito, y como además se encuentra fuertemente limitada la libertad de agrupación de los ciudadanos, ya que no solo se prohíbe la constitución de grupos con ideología contraria al modelo socialista, sino que incluso se prohíben los circunstanciales, que solo tengan como objetivo defender posiciones alternativas sobre problemas concretos, alternativas frente a las posiciones sostenidas al respecto por las autoridades actuales, y que por tanto no implican desafío a la naturaleza socialista del sistema político cubano, aunque sí ciertamente a dichas autoridades, se opta por otorgar a ciertas organizaciones de masas y sociales el poder de nominar. Lo que en realidad no es más que un recurso capcioso, ya que se fundamenta en la suposición de que dentro de esas organizaciones existe la democracia directa que hemos visto en la 1ª fase de nuestro proceso electoral. Algo que veremos más adelante no ocurre, ni en realidad puede ocurrir, nuevamente por los números de electores implicados.

Lo dicho puede ser comprobado en la realidad del proceso electoral en marcha, al que a continuación nos reintegramos.

  1. La 1ª fase del proceso electoral culmina con la votación para elegir los Delegados a la AM del PP. A partir de la posterior constitución de la nueva AM del PP recién electa, en un plazo no mayor de 21 días después del acto electoral, comienza lo que hemos llamado 2ª fase, en la que como advertimos antes ya no queda ningún resquicio abierto a la posible nominación, y posterior elección, de elementos que no sean absolutamente incondicionales a las autoridades actuales. Más que nada gracias a la nueva pirámide de instituciones que se vuelven determinantes en dicha fase: La constituida por las Comisiones de Candidaturas nacional, provinciales y municipales.

Las Comisiones de Candidaturas se integran por representantes de las 6 principales organizaciones de masas y sociales: La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Designándose dichas Comisiones de Candidaturas, o sea, sus miembros, en cada uno de sus niveles, nacional, provincial y municipal, no por asambleas de todos los miembros de las referidas organizaciones, o en todo caso de sus compromisarios electos al efecto, sino por las direcciones de cada una de ellas en el nivel respectivo.

En orden temporal la primera función de dichas Comisiones consiste en elaborar y presentar los proyectos de candidaturas para cubrir los cargos que se eligen en las AAMM del PP.

Nos habíamos quedado en el momento en que los Delegados recién electos de todas las circunscripciones del Municipio se reúnen para constituir la AM del PP. La sesión en que esto ocurre, y que en su primera parte se dedica precisamente a ello con juramento incluido (el texto del mismo puede leerse en el artículo 128 de la Ley Electoral), pasa luego a una segunda en que se elige a su Presidente y Vicepresidente. Mas contrario a lo que cabría esperarse dicha elección no se lleva a cabo en base a las propuestas de los miembros de la Asamblea recién constituida, sino en base a un proyecto de candidatura que le presenta a la flamante AM del PP el Presidente de la Comisión de Candidaturas Municipal.

Pero la labor de las Comisiones de Candidatura no se reducen a la no defendible, por lo pequeño del número de Delegados siempre implicados en este caso, nominación de los candidatos a Presidente y de los Vicepresidente de las AAMM del PP. Las demás funciones de las Comisiones de Candidaturas de Delegados, más justificables, no obstante, son las de elaborar y presentar los proyectos de candidaturas de Delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular (AAPP del PP) y de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (AN del PP), y para cubrir todos los cargos que eligen estas asambleas (en estos casos su acción, como en el caso de la elección de los cargos electivos de las AAMM del PP, tampoco se justifica).

Dichas comisiones cumplen en el proceso electoral cubano una función general algo parecida a la de los partidos políticos en los sistemas pluripartidistas en que dichas asociaciones no eligen a sus candidatos en elecciones internas, sino que resultan designados por sus dirigencias a su libre voluntad. Solo que con una diferencia: Mientras en los sistemas pluripartidistas las dirigencias de los partidos de oposición designan por lo general, como es de esperar, a candidatos que no suelen pensar de la misma manera que el gobierno presente, o que por lo menos no son de su agrado, nuestras Comisiones, designadas por las cúpulas municipales, provinciales y nacional de organizaciones sociales y de masas, no elegidas por sus bases sino designadas a su vez por las cúpulas correspondientes del Estado y del Partido (art 68, en sus 6ª y 7ª líneas), solo proponen a personas agradables a las autoridades actuales por su (in)capacidad de no tener otro pensamiento, y otra voluntad, que la de estas.

Es necesario detenernos en este importante punto de la no designación de los miembros de las Comisiones de Candidatura por las bases de las seis organizaciones referidas, sino por sus direcciones al nivel respectivo. Direcciones que a su vez no han sido propiamente elegidas por dichas bases, al menos a nivel provincial o nacional (tampoco al municipal, por cierto). Recordemos que si el propio proceso electoral al salir de los barrios debe abandonar necesariamente el sistema de nominación directo, y buscar una Comisiones de Candidatura que suplan una función ya imposible de realizar a nivel de municipio, provincia o país, lo mismo debe pasar en cualquiera de estas organizaciones al nominar y elegir sus direcciones respectivas. Téngase presente que, por ejemplo, los CDR cuentan con un número de afiliados mayor que el padrón electoral (se accede a los CDR con 14 años, se vota con 16), y que en sus procesos internos de elección se encuentra prohibida igualmente tanto la propaganda, como la libre de asociación. Lo visto cual, cabe preguntarse: ¿Cómo es posible entonces elegir democráticamente sus delegaciones a sus no muy periódicos Congresos, que a su vez designan a sus dirigencias nacionales? ¿Cómo es posible aquí, donde los electorados son siempre de varias decenas de miles (cuando menos un representante al Congreso por cada 10 000 cederistas), donde no hay unas Comisiones de Candidaturas de 2º grado, cómo es posible ni tan siquiera a un nivel teórico suponer un método democrático de elección directa, medianamente creíble, de las direcciones nacionales?

  1. El proceso mediante el cual las Comisiones de Candidaturas arman sus propuestas no queda de hecho muy claro en la letra de la Ley Electoral.

¿Son, en el más lógico orden, las Comisiones de Candidaturas Municipales quienes elaboran una, llamémosla pre-pre-candidatura a la AN del PP, en base a quienes resultaron electos para integrar las AAMM del PP, o en base a los ciudadanos que no lo fueron, pero que se encuentran en pleno goce de sus derechos electorales? ¿Proto-candidatura original sobre la que a posteriori la Comisión de Candidaturas Nacional arma a su vez su pre-candidatura, que por último, luego de convenientemente distribuida por municipios y distritos devuelve a la Comisión Municipal?

No lo parece, si nos fijamos en el artículo 86 de la Ley, inciso e, en que se legisla que la Comisión de Candidaturas Municipal deberá tener en cuenta: “en el caso de los precandidatos a Diputados, además, los ciudadanos en el pleno goce de sus derechos electorales, que sean propuestos por la Comisión de Candidaturas Nacional”. Lo que nos da claramente a entender que ya para su primera propuesta el nivel municipal deberá basarse en una propuesta necesariamente anterior del nivel nacional.

En esencia la Ley Electoral, tanto en el Título IV, Capítulos II, III, IV, donde se establecen las atribuciones de las Comisiones de Candidaturas de cada escalón de la pirámide, como en el Título V, Capítulo II, sección primera, en que se pretende establecer el mecanismo en sí, no logra más que mostrar un cruce de propuestas, sin establecer de manera diáfana a quien le corresponde comenzar el proceso en sí: si a las Comisiones Municipales o a la Comisión Nacional.

En la realidad política todo el subproceso de elaboración de las listas de precandidatos a las AAPP del PP, y a la AN del PP, se desarrolla en la compleja interacción entre los distintos niveles de la pirámides del Estado, de la del Partido y de las múltiples anexas a las dos anteriores, por sobre todo las de las Comisiones Electorales y de Candidaturas, bajo la atenta supervisión (o absoluta intromisión en tiempos de Fidel Castro) del Consejo de Estado. Algo que, por cierto, no puede decirse que esté fuera de la Ley Electoral, al establecer su artículo 87 que las Comisiones de Candidaturas al preparar sus proposiciones de precandidatos deberán “consultar el parecer de cuantas instituciones estimen conveniente”; lo que incluye evidentemente a la institución Consejo de Estado.

  1. Una vez concluido dicho proceso, el resultado será una lista (o más bien poco más de dos centenares de ellas) compuesta por no menos del doble de los delegados o diputados que le corresponda elegir a cada municipio o distrito. En dicha lista los Delegados a las AAMM del PP no deben exceder de un cincuenta por ciento del total, según establece el artículo 87.

Dicha lista es entonces, y solo entonces, sometida a la AM del PP correspondiente, que escogerá o nominará, a un número igual de candidatos a Delegados a la AP del PP y a Diputados a la AN del PP que el que le corresponde a cada municipio. Con la expresa condición, instituida en el artículo 93 de la Ley Electoral, de que nuevamente solo hasta un 50% de los Delegados a las AAPP del PP y AN del PP podrán ser nominados entre los Delegados a las AAMM del PP.

Medida que, por el hecho de que algunos municipios y distritos tienen un número impar de candidatos a dichas asambleas, obliga en dichos casos, para no exceder el referido 50%, a dejar la proporción muy por debajo de ese porciento (por ejemplo, en caso de 3 nominados corresponderá al 33%, y en el de 5 al 40%). Lo que en consecuencia conlleva a que nuestros órganos legislativos provinciales y el nacional nunca lleguen a tener entre sus integrantes una mitad de individuos electos durante la 1ª fase de nominación directa en los barrios.

  1. Esta relación de candidatos nominados por la AM del PP, de a uno por plaza, es la que finalmente se somete a referéndum entre la ciudadanía con derechos electorales en el municipio. Y decimos referéndum y no elección, porque resulta evidente que nuestro votante solo podrá aprobar, o desaprobar, y no escoger entre opciones diferentes. Pero quizás sería mejor ni tan siquiera hablar de tal.

En todo referéndum en que se juegue limpio se dan siempre dos opciones válidas: aprobar o desaprobar. Si la suma total de votos desaprobatorios supera a los aprobatorios, o más claramente, si el número de votos desaprobatorios supera la mitad del total de votos emitidos, se considera a esta opción la vencedora, y a la propuesta llevada a referéndum rechazada. O sea, de esta forma quien pone a referéndum juega limpio, ya que deja abierta la opción de perderlo, al aceptar como voto válido el voto desaprobatorio.

Mas en el “referéndum” en que las AAMM del PP cubanas exponen a sus votantes sus propuestas de candidaturas a Delegados a las AAPP del PP, y de Diputados a la AN del PP, no se le deja abierto más que un parcial resquicio a la opción perdedora. Lo que ocurre al dejarle a los votantes una única posibilidad válida, la de marcar con una “x”, y convertir a la otra, la de dejar en blanco (ya que no hay ninguna casilla para oponerse a la propuesta), o voto por completo contrario a la propuesta, en voto no válido.

  1. Que el voto en blanco es considerado no válido, lo demuestra una rápida lectura del artículo 116 de la Ley Electoral, en especial en el siguiente fragmento: “…así como, en paquetes separados y debidamente sellados y rotulados, las boletas válidas,las votadas en blanco, las anuladas, las no utilizadas…”, o una más detenida de los artículos 113 y 114. En estos artículos se establece, de manera nebulosa no obstante, que para el acto del escrutinio público se separan en un primer momento las boletas en blanco de las que aparecen votadas, y que es del cómputo solo de estas últimas, tras separar las que anule la Mesa del Colegio Electoral por no conseguir determinar la voluntad del votante, que se obtiene la votación obtenida por cada uno de los candidatos.

Es en definitiva tan evidente el escamoteo del voto en blanco, que en nuestra Ley Electoral el legislador no se atreve, como en cualquier otra, a hacer explícito en un solo artículo cuál es para ella el voto válido, dejando su definición implícitamente camuflada en varios artículos del Título VI, Capítulo I, sección tercera.

  1. Pero como habría sido el colmo de la desfachatez que frente a una boleta con un solo candidato a aprobar, o no, el voto en blanco fuera declarado no válido, ya que en una situación semejante salta a la vista que nunca ningún candidato obtendría menos del 100 % del voto válido (a menos que absolutamente nadie marque sus boletas, en cuyo caso el voto válido será del 0%), se echa mano de una argucia jurídica. Una “trampita”, como diría cualquier cubano viejo.

En definitiva para ocultar el escamoteo del voto en blanco, y por lo tanto la sustracción casi completa del derecho del elector a elegir a sus Delegados a las AAPP del PP, y a sus Diputados a la AN del PP, se echa mano del recurso capcioso siguiente: El de que aunque solo existe un candidato por plaza, sin embargo los electores son siempre convocados a votar por varios miembros de la asamblea legislativa en cuestión. O sea, la boleta del elector siempre contiene el nombre de más de un candidato a ser ratificado en su plaza legislativa por él. Existiendo a su vez una casilla circular, en la parte superior de la boleta, que el elector puede marcar si simplemente desea ratificar la propuesta completa que se le ha presentado: el llamado voto unido.

Esta pluralización de las candidaturas sometidas al elector, que por tanto siempre se verá representado por más de un Delegado o Diputado, cumple de maravillas la función de hacer menos evidente el escamoteo del voto en blanco.  Ya que a diferencia de si hubiera un solo candidato en boleta, dos o más, sometidos a votación, en medio de un sistema electoral harto lejano y complejo, ocultan ese descarado escamoteo hasta para el elector más perspicaz, que aun cuando no sea así, conservará de alguna manera la sensación inconsciente de que escoge.

Pero sobre todo: De este modo se logra darle la impresión al que mira el proceso desde la distancia, desde el extranjero, de que se selecciona (y en un número considerable de casos se logra lo mismo con el propio elector, perdido en un sistema electoral harto complejo), cuando en realidad cada uno de los que está en la boleta no compite con los otros, sino que solo espera ser ratificado en su plaza legislativa.

  1. Podría pensarse que al pluralizar las candidaturas a ser aprobadas, o no, por el elector, manteniendo a su vez como válidas solo las boletas en que se haya votado por todos los nominados, o por alguno, se evita lo que señalábamos arriba de que siempre y de manera indefectible el candidato único obtuviera el 100% del voto válido. En realidad, aunque con más de uno por boleta se abren algunas puertas a la derrota de la propuesta, parcial o completa, es tan baja la probabilidad de que ello ocurra que resulta en definitiva despreciable.

Así, el sistema cubano de aprobación de Delegados a las AAPP del PP, y Diputados a la AN del PP, acarrea el “milagro” de que solo en un caso muy extraordinario la propuesta completa pueda ser derrota. Lo cual ocurrirá si ninguno de los votantes válidos se decide por ejercer el voto unido y en su lugar dividen de manera exacta sus votos entre los presentes en la boleta (50 y 50, para una boleta de dos, o 33,33; 33,33 y 33,33, para una de tres, o…). De hecho el más probable resultado de que solo fuera derrotado uno, o algunos de los candidatos, al obtener menos del 50 % de los votos admitidos como válidos, tiene tan pocas probabilidades de ocurrir que en 5 elecciones generales, y con varios miles de puestos legislativos a aprobar en ellas (entre Diputados y Delegados a las AAPP del PP poco menos de 10 000), nunca ha sucedido. Y es que las probabilidades de que hablamos son tan bajas, en definitiva, que resultan comparables a las que se dan en ciertos experimentos mentales termodinámicos en que de modo espontáneo dos gases se separan dentro de un recipiente cerrado, colocándose cada uno en los dos extremos opuestos del mismo.

Para que se entienda en concreto: En el caso de una boleta que solo contenga dos candidatos a ser ratificados, uno de ellos será rechazado solo si la suma de los electores que han votado únicamente por el otro candidato es igual o mayor que la suma del voto unido y los que únicamente hayan votado por él. Algo que solo se conseguiría si el mayor número posible de electores se pusieran de acuerdo, no hicieran uso de la casilla del voto unido y en su lugar seleccionaran un solo candidato, negándose a marcar en la casilla del otro. Por ejemplo, seleccionando al candidato que integra su AM del PP, y negándose a votar por el que no pertenece a ella.

Tan sofístico mecanismo electoral permitiría el disparate siguiente: Que en un municipio o distrito con 35 000 electores registrados, en que hayan dos candidatos en boleta, se diera como resultado el 100% del voto válido, sin haberse faltado a la legalidad, si el electorado en pleno, menos un solo elector, decidiera votar en blanco por oponerse a la propuesta completa, o al sistema político mismo, pero ese único elector mencionado votara por todos los candidatos.

  1. ¿Pero qué ocurriría en el muy improbable caso, y nunca dado en cinco elecciones generales, de que alguno de los candidatos no consiguiera obtener la mayoría simple de las boletas válidas?

Quizás en ningún otro lugar se pueda percibir con más claridad el absoluto propósito de los detentadores presentes del Poder de no dejar ningún cabo suelto, o camino por el que cualquiera llegue a desplazarlos de allí, que en lo legislado para este caso.

El artículo 125 establece que en el supuesto de que “queden plazas vacantes por cualquier causa, se concede al Consejo de Estado las facultades siguientes: a) dejar la plaza vacante hasta las próximas elecciones generales, b) asignar a la AAMM del PP, constituida en Colegio Electoral, la función de elegir Delegado a la AP o al Diputado a la AN del PP, c) convocar nuevas elecciones”.

O sea, que en primer lugar no es obligatorio consultar de nuevo a unos electores tan reacios, y en segundo que la absoluta potestad de determinar si se les consulta o no, si se dejan las plazas vacías o no, no depende del máximo órgano electoral, la Comisión Electoral Nacional, sino del Poder Ejecutivo. ¡Y esto a pesar que por su propio mecanismo de designación dicha Comisión depende por completo del Consejo de Estado, y por tanto debería serle absolutamente confiable!

  1. Tras estos sofísticos referéndums los electores ya no tocamos una boleta electoral más. El proceso electoral cubano entra entonces en su último acto, cuando dentro de un término no mayor de 15 o 45 días, a partir del momento de la casi segura sanción positiva de sus candidatos por los electores, se constituyen respectivamente las AAPP del PP y la AN del PP. Porque en la República de Cuba, es bueno recordarlo, los ciudadanos no somos convocados a elegir o al menos aprobar de modo directo al poder ejecutivo. Solo aprobamos o no, mediante un sistema electoral cargado de sofismas y recovecos legales, a quienes a su vez solo podrán ejercer su voto ante una propuesta no generada por ellos mismos.

Y es que aquí se da de nuevo la interferencia de las Comisiones de Candidaturas con nuevos proyectos de candidaturas, en la elección de las autoridades de estas dos asambleas. En el caso de la AN del PP es significativo que por tan poco democrático procedimiento resulten propuestos no solo su Presidente, Vicepresidente o Secretario, sino también el Consejo de Estado en pleno, desde el menos poderoso de sus miembros hasta su Presidente. Y sostenemos que por tan poco democrático procedimiento, ya que aunque a los Diputados les es dado impugnar a uno o a varios de los integrantes de un proyecto de candidatura (no todo el proyecto, no obstante), solo pueden hacerlo de modo público y a mano alzada; lo que en este particular momento del proceso electoral implica que quien se arriesgara a tal estaría nada menos que oponiéndose al muy probable futuro presidente del Consejo de Estado. Alguien que según la Constitución de la República en su artículo 93 acumula una cantidad de poderes con la que pocos monarcas absolutos soñarían.

[i] Cuba se divide de modo oficial en 15 provincias y estas a su vez en municipios.

[ii] Por cierto, ¿qué significaran esas acusaciones en definitiva? ¿Será que esa non sancta institución habrá renunciado a los métodos de guerra sucia para por fin aceptar entrar por el aro de los legitimos mecanismos electorales? En todo caso lo que salta a la vista es que quienes han sido comisionados por el régimen para generar acusaciones y calumnias no parecen tener muchos dedos de frente. Yo Raúl les pedía que mejor no me defendieran… que se les agradece, pero no.

[iii] Incluso hoy, tras la apertura al cuentapropismo, casi un 75% del empleo lo brinda el estado, sin contar que la actividad económica individual depende discrecionalmente de la aprobación gubernamental. La inexistencia de un poder judicial separado impide poder ganar en un tribunal reclamaciones contra el estado.

 

Para acabar un Embargo.

José Gabriel Barrenechea.

La Nación Cubana no nace de una supuesta voluntad de segregarnos del mundo occidental en expansión. Cuba adviene, más bien, por la voluntad de los cubanos de conectarse a ese mundo del que los intenta aislar la mentalidad conventual de la Corona Española. Desde esa perenne revuelta criolla contra aquella, que es en definitiva el comercio de rescate, hasta el pase al mercado negro de los actuales importadores de ropa a quienes el monopolio estatal pretendió hacer desaparecer, pasando por la revuelta de los vegueros o la misma Guerra de los Treinta Años por nuestra independencia, lo cubano se ha manifestado por sobre todo en un ansía de conectarse con el naciente mundo de la modernidad, y en consecuencia, en el enfrentamiento al espíritu galalaico-castellano de encierro.

Esa actitud que, desde los inicios mismos de la colonización asumen los habitantes de la Isla, de no dejarse encerrar en el entramado monopolista comercial de las Leyes de Indias, su irreverente imposición de las propias reglas, que incluyen el intercambio abierto con todos los que por esos siglos navegan por el Mar Caribe y por la cara americana del Atlántico, se transforma, con la ocupación de La Habana por los británicos, y más tarde con la Revolución Francesa que saca del juego a Haití, en la aspiración clara y distinta al Libre Comercio.

Cuba es la primera nación occidental que nace con y por esta aspiración. Es precisamente ella la que une por primera vez en un interés común a todos los cubanos de las clases libres, o lo que es lo mismo, de las que por entonces cuentan.

La culminación de esa aspiración fundacional nuestra es, a no dudarlo, la Doctrina Grau. No hay mejor enunciación suya que las siguientes palabras que Guillermo Belt Ramírez, Presidente de la Delegación Cubana a la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz de Río de Janeiro, en 1947, pronunciara ante ella:

“La Delegación de Cuba considera que el capítulo que se refiere a las amenazas y los actos de agresión será incompleto y carecerá de valor si en el mismo no se incluyen las amenazas y agresiones de carácter económico. La simple notificación que un Estado haga a otro de que aplicarán sanciones o medidas coercitivas de carácter económico, financiero o comercial, si no accede a sus demandas, deberá ser considerada una amenaza. La aplicación unilateral de estas medidas deberá ser considerada como un acto de agresión”.

Doctrina que si bien los cubanos no logramos hacer adoptar como principio de las relaciones internacionales en 1947, si lo conseguimos en 1948 (al menos en el papel), en Bogotá, cuando en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 16, quedó establecido:

“Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas de cualquier naturaleza”.

¿Cómo entender entonces que algunos cubanos apoyen al presente el Embargo de los EE.UU. a nuestro pueblo, o lo que es lo mismo, una nueva forma de encierro, una violación de nuestra aspiración constituyente?

En un anterior trabajo me referí a las semejanzas entre dos de nuestros extremismos, Anexionismo y Nacionalismo Radical (castrismo); a la sospechosa manera en que uno y otro justifican su existencia en la del otro. Pues bien, algo parecido se percibe entre quienes apoyan el Embargo, y los partidarios de la ortodoxia castrista. Por lo menos unos y otros afirmanimprescindibles sus radicales posturas y actitudes debido a las mantenidas por el otro.

Para cualquiera que entienda la particular y excepcional naturaleza del régimen cubano, resulta evidente que la desaparición del Embargo significará para él una herida de muerte. Mucho más ahora, cuando se acerca de manera irremediable al momento en que la “generación histórica” saldrá del juego, y en que necesariamente habrá un vacío de poder hasta que los nuevos dirigentes cooptados por dicha generación logren adquirir la suficiente legitimidad, más que nada ante el resto de la nomenclatura, y sobre todo ante las instituciones armadas.

El régimen cubano pertenece al grupode los que en su momento intentó imponer una versión diferente de convivencia humana a la del mainstream mundial. Fracasado ese intento, solo le quedaba un camino para seguir existiendo sin grandes variaciones de principios: aislarse sanitariamente del mundo que lo rodeaba. Norcorea, por ejemplo, fue efectiva en ese reto: La estabilidad de la dinastía de los “chinitos siniestros” se explica en buena medida por suprobada capacidad para poner a vivir a sus súbditos en la cara oculta de la Luna.

En el caso de Cuba ese aislamiento hubiera resultado mucho más difícil de imponer desde dentro, por la misma naturaleza de nuestra Nación. Pueblo atlántico más que latinoamericano, el régimen no logro desconectarnos por completo de Occidente ni aun en los tiempos en que el CAME aseguraba cierta prosperidad relativa, así que resultaba poco previsibleque lo consiguiera tras la desaparición del campo socialista. Mas no hubo necesidad: el aislamiento se lo regalaron, y en bandeja de plata, desde el exterior; desde los EE.UU. nada menos, o sea, desde la nación que por fuerza es el principal complemento de una economía como la nuestra, incapaz de la autárquia económica.

Si el régimen cubano ha sobrevivido 25 años a 1989, solo se explica en un final por el mantenimiento y hasta endurecimiento del Embargo de los EE.UU.

Es innegable que ante el levantamiento del mismo el régimen no habría respondido sino con más desplantes, y para nada con una política respetuosa de los derechos políticos y civiles. Sin embargo, le habría resultado muy peligroso responder auto-bloqueándose, por lo que habría tenido que a la larga adaptarse a las nuevas condiciones y situaciones consecuentesa la desaparición del Embargo.

Cada medida en la dirección de un auto-bloqueo como respuesta, solo habría aumentado el descontento, al que en la nueva situación ya no habría manera de contener con argumentos de ciudad sitiada; porque sin sitio concreto ya no podría haberlos. Si estos argumentos, debido a su carácter tangible logran por lo general llegar a la embotada sensibilidad de las masas, y en consecuencia consiguen su apoyo para quienes los invocan, no ocurre lo mismo con los etéreos del tipo de los del “Carril Dos”. Las masas suelen estar predispuestas al tipo de enemigos que implica la ciudad sitiada, pero no a los de la “sutil penetración ideológica”, y sobre todo cuando esta última iría necesariamente acompañada de un considerable mejoramiento de sus condiciones de vida, ya que téngase presente que la eliminación del Embargo habría ocurrido en años en que solo se podía ya ir hacia arriba, como 1993.

Al régimen, por lo tanto le habría resultado imposible ponerle barreras al enorme flujo de personas, de información, de dinero y oportunidades, con los consiguientes intereses en su continuo engrosamiento que aquí surgirían, hasta en la misma nomenclatura. Como hemos visto de ninguna manera podía responderal levantamiento del Embargo con un auto-bloqueo, y debido a ello habría tenido necesariamente que cambiar. El totalitarismo habría sido lo primero arrasado por el torrente de la apertura, y su lugar lo habría ocupado un autoritarismo de partido único que muy poco habría tenidopara intentar permanecer, salvo el carisma de Fidel. Mas el carisma de Fidel mismo no habría conseguido sobrevivir a la larga con las fronteras abiertas de par en par y en una circunstancia en que lo cotidiano fuera lo habitual.Hombre de lo aislado y lo trascendental, también él pronto habría sido superado.

De hecho, si el Embargo se hubiera levantado en 1992, es muy poco probable que el régimen hubiese podido aguantar hasta que sus órganos de inteligencia consiguieran afirmar el régimen chavista en Venezuela. Es así casi seguro que Cuba hubiesecomenzado a transitar hacia la democracia antes del arribo del nuevo milenio.

Mas no sucedió de esa maneraademás de porque en general ni el público ni los políticos suelen aceptar nunca como eficaz o moral el uso de la paciencia,del más que empujar abrir cauces a las tendencias a colapsar inmanentes a ciertos regímenes, por la particularidad de tres posturas, que aun sin quererlo (o al menos eso pretenden sus sostenedores), contribuyeron a la ilógica persistencia de un régimen como el cubano: La de cierto sector de la política norteamericana que vivesu relación con Cuba de la misma forma guapetonil que los castristas viven la suya con ellos, o sea, que ceder, transar, no es una opción; lade unapoderosa porción de nuestros emigrados,quienes prefirieron pensar en términos de reclamación de bienes nacionalizados,y noen los de una democratización de la que no era seguro obtener todo lo que se esperaba si por el contrario se lograba arrodillar al país (más que a los Castros, no nos engañemos); y porque otro grupo considerable, por sobre todo entre la gran mayoría de los disidentes (con honorabilísimas excepciones: Payá, por ejemplo, aunque no el único), no se atrevían de ninguna manera a imaginar una política que los separara de ese sector anterior.

Esperar que con presiones exteriores sobre el régimen se logrealgo es contraproducente, no encaja con las mismas razones que se dan para no cambiar de las presiones a la paciente apertura de cauces a la inmanente tendencia del régimen a decaer: Hasta a un escolar le es evidente que a este no le gusta ser presionado, que en esa situación actúano de otra forma que enquistándose más y más. Pero es que además, actuando de esa manera se consigue a su vez solidarizar aún más a las masas con el régimen, ya no solo por su discurso de ciudad sitiada en el que se las presenta como las principales perjudicadas (en lo que, como vimos, hay al menos una pizca de razón), sino también porque los cubanos tendemos a ponernos siempre del lado del que es presionado.

Solo dándole sin precondiciones lo que no puede rechazar sin perder credibilidad, solo cediéndole lo que a la larga él no puede asimilar, se logrará democratizar a Cuba (aunque por desgracia, para mí también, por cierto, no es nada seguro que se obtengan restituciones de bienes nacionalizados). A no ser, claro, que como ya advirtió Yoani lo que se pretende no sea otra cosa que meterle presión a la caldera hasta que explote… Lo cual créanme, no le conviene a nadie, excepto a los elementos caóticos de nuestra sociedad (que no son pocos), o de las colindantes.

El régimen cubano ha organizado a la sociedad cubana de manera tal que cualquier apertura profunda hacia un mundo que en su momento pretendió superar, y del cual tanto se diferenció, implicará cambios en dicha sociedad que tarde o temprano la obliguen a desembarazarse del régimen, o a este a acomodarse a los mismos, en una medida que lo conducirían a una gradual ampliación de la soberanía, y por tanto a su desaparición. Cuba no es China, un estado de 1400 millones de habitantes que es capaz de dictarle sus condiciones al mundo, no es tampoco una nación no occidental como Vietnam, o un régimen autoritario con economía capitalista que sería capaz de asimilar, con total facilidad, aun los relativamente escasos flujos de capital que correrán hacia acá, o las consiguientes presiones que estos ejercerán para el establecimiento de legislaciones claras en lo económico, lo financiero, lo impositivo, pero también en lo civil, lo penal…

El régimen cubano no vive en la realidad del presente, y por tanto ha debido rodear a sus súbditos en un capullo de símbolos, en un país de fantasías de mal cartón que la primera brisa se llevará, si abrimos de par en par puertas y ventanas.

Hay algo más, y no lo menor: Pretender alcanzar la libertad mediante las presiones económicas de externos, además de no caber en nuestra naturaleza, es asumir, en el caso poco probable de que sirviera para algo, deudas de gratitud demasiado gravosas. No solo debemos pensar en comenzar la democratización, en buena medida porque su éxito dependerá de que tras el minuto cero logremos un país apto para aprovechar todas sus posibilidades de desarrollo, que no son pocas, por cierto, pero que dependen de nuestra independencia política.

Es además inmoral, porque supone utilizar la miseria de nuestra misma gente para conseguir lo que en todo caso nosotros, los que nos pretendemos líderes suyos, no hemos podido. Un político no está para obligar mediante coacciones a que las masas hagan lo que ellos consideren, a no ser que las coacciones empleadas sean de tipo moral, en que mediante el ejemplo personal se provoca la acción gracias a la vergüenza.

Alcanzar la democracia por nosotros mismos es posible, y al hablar de nosotros incluyo a todos los cubanos, vivan donde vivan. Es cierto que los de adentro no podemos prescindir de la solidaridad de otros países (si el régimen no nos ha fusilado a todos de una buena vez, no nos engañemos, es no por otra razón que por el miedo al escándalo internacional), o que los de afuera no pueden dejar de utilizar sus redes de influencia, pero lo que si no podemos es pretender que otra Nación nos haga lo que a nosotros, y solo a nosotros nos toca (es bueno recordar aquí que no solo hay cubanos emigrados en los EE.UU.). Más cuando los mismos mecanismos que pretendemos utilizar van tan en contra de nuestra naturaleza de pueblo atlántico, fundado sobre y por la aspiración al más completo intercambio con el mundo, y específico con nuestra civilización: la occidental.

¿Por qué la Carta de 1940 como punto de partida de nuestro retorno a la democracia?

José Gabriel Barrenechea.

Las sociedades se atreven a afrontar los cambios con mayor facilidad cuando ya antes en el pasado los han emprendido, llevándolos a buen, o al menos regular término. A las sociedades con una preocupante pérdida de confianza en sí mismas les resulta más fácil recuperarla cuando, poseyendo una historia rica en realizaciones y logros, son capaces de volverse hacia ella. No en balde sus estudios del proceso de desaparición del Socialismo Real, llevaron a Grzegorz Ekiert a sostener: “afirmo con seguridad que la lección más sobresaliente que nos brinda la transición postcomunista es que la historia es muy importante.”
Es cierto, por otra parte, que de todos los derechos constitucionales el consuetudinario, a la manera del que hoy rige en el Reino Unido, es el ideal. Mas no creo que nadie en su sano juicio pretenda que lo mejor sea que esperemos los casi mil años que les llevó a los habitantes de la mayor de las Islas Británicas producir el suyo, renunciando así a vivir desde hoy, nosotros y no nuestros descendientes más remotos, en un estado de derecho efectivo. Y es que tampoco podemos estar seguros de que ese pretendido milenio dé como resultado un estado de derecho sostenido sobre una constitución consuetudinaria.
A más de doscientos veinte años de la publicación del primer número del Federalista resulta incuestionable que ninguna institución supera a una madura tradición democrática. En una sociedad en la que no exista una bien establecida costumbre de consensuar la solución de los grandes y los pequeños problemas de poco valdrá una constitución… al menos como no sea para empezar a andar en la dirección de esa misma madura tradición democrática. Porque una constitución, dado que hemos decidido no sentarnos a esperar por la aleatoriedad de nuestro milenio, es una guía imprescindible en el camino, un referente de qué podemos o no hacer. Con una constitución los sectores más educados y con criterio político pueden, al ajustarse al espíritu de su letra, educar al resto de la sociedad; hacer ir viendo a las grandes mayorías como al someternos a ciertos límites, en esencia los que nos plantea la libertad particular de los demás, todos ganamos.
Por tanto necesitamos volvernos hacia nuestra historia, y además necesitamos de una Constitución, escrita. Ergo: estamos obligados a recuperar nuestra tradición constitucional; una que tuvo comienzo en el acto fundacional del 10 abril de 1869 en Guáimaro. Tradición que establece que las constituciones cubanas aceptadas desde un principio como no transitorias, son redactadas, aun en medio de la guerra, por Asambleas Constituyentes electas libremente por el pueblo, y no otorgadas por gobiernos, personalidades o partidos, por más cargados de virtudes extraordinarias, méritos y buenas intenciones que puedan parecernos.
La constitución hoy vigente, la de 1976, preparada primero por comisiones del PCC, luego traspasadas por decreto al gobierno, es evidente que no puede ser incluida ni de lejos dentro de esa tradición, y por lo tanto no puede servirnos como punto de partida de nuestra vuelta a la democracia.
Porque los cubanos volvemos a la democracia, no solo transitamos hacia ella. Volvemos, porque hace poco más de 62 años vivíamos en una: La definida por nuestro más alto logro político como pueblo: La Constitución de 1940. Recuperarla, por tanto, como marco jurídico de nuestro futuro estado de derecho nos permitirá reinsertarnos en nuestra tradición constitucional; pero además tendrá un punto más a su favor, vital en nuestra actual situación de fractura nacional: legitima a la Revolución dentro de esa misma tradición, al menos hasta el momento del golpe de estado televisivo a mediados de julio de 1959.
Recordemos que se hizo la Revolución porque en la madrugada del lunes 10 de marzo de 1952 se le había pasado por arriba a dicha Constitución. Según ha reconocido nada menos que Mario Mencía, en la mente de las grandes mayorías que la emprendieron desde un inicio no tenía otro objetivo que volver a poner a la República bajo el cauce democrático definido por los constituyentes de 1940. De hecho el propio Fidel Castro, en su autodefensa por los sucesos de cuartel Moncada, invocó el derecho a la “resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados”, que se refleja en el artículo 40 de aquella.
Hay algo más a su favor: La mayor claridad de sus mecanismos de reforma la hacen idónea para que nuestra tradición institucionalista no se estanque y siga escalando nuevas cotas; quizás incluso hacia una sociedad que verdaderamente supere a la Occidental Moderna o Capitalista, y que en el intento no nos haga más bien retrotraernos a una pre-capitalista, pre-moderna.
Claro, solo si el soberano: el pueblo cubano, así lo estimara.
Agrego, para completar, otras cuatro poderosas razones destinadas a defender la Constitución de 1940 frente a la de 1901: Es esta última demasiado liberal para un pueblo cubano muy social a estas alturas de su historia; está demasiado ligada en el imaginario colectivo a su apéndice constitucional: la Enmienda Platt; define el que quizás haya sido el peor de nuestros males republicanos: el presidencialismo, frente a las formas semi-parlamentarias de la del 40; no es tan escueta como algunos de sus defensores (que parecen no haberla leído) piensan: tiene 115 artículos, 108 más que la Americana (la prolijidad de la de 1940 no es necesariamente un problema, ya que si así fuera el Reino de Noruega anduviese sumido al presente en la más atroz anarquía).

Soberanía, Nación e Independencia.

José Gabriel Barrenechea.

¿Era la Nación francesa soberana antes de 1789?
Evidentemente, no. Es muy probable que las decisiones que se tomaban en la Francia de entonces fueran las más independientes, para un estado de la época, con respecto a otros centros de poder situados más allá de sus fronteras. Al menos lo era así en lo que al mundo occidental se refiere. Sin embargo la Nación francesa no era para nada soberana.
Si como el abate Sieyes consideramos que la misma coincidía con el llamado Tercer Estado, o sea, lo que quedaba en Francia al obviar a aristócratas y clero católico, debemos admitir que simplemente no lo era. El poder de hacer las leyes, o de cambiarlas, el de incluso regir el país desde el más puro discrecionalismo, le pertenecía al Rey, al Soberano, y a nadie más en última instancia.
Puede aducirse que el Soberano, ese individuo llamado Luís, fuera XIV, XV, o XVI, no detentaba en la realidad un poder absoluto, que dependía de ciertos acuerdos tácitos que le legaba el pasado, o que no podía exceder ciertos límites naturales, ya que, por ejemplo, no podía llevar los impuestos más allá de cierto punto sin amenazar la estabilidad misma de toda la sociedad, y en consecuencia de su gobierno. Que por otra parte se encontraba enredado en las intrigas palaciegas mediante las cuales la nobleza influía, a veces de manera determinante, en sus decisiones… Pero lo esencial es que el único camino abierto a la Nación para intervenir en las decisiones del Soberano pasaba por la amenaza de la fuerza, del motín, de la sublevación, nunca a través de la consensuación (como sí ocurría en alguna medida en cuanto a la nobleza, mediante las referidas intrigas palaciegas).
No obstante tampoco debe sobreestimarse ese poder del Tercer Estado, la Nación, de imponer su voluntad al Soberano mediante la fuerza. La muestra más evidente de que dicho poder no era en realidad muy grande se encuentra en la actuación de Francia durante la Segunda Guerra de los Cien Años con Inglaterra (1689-1815). Mientras la política exterior inglesa se concentra, como su prioridad fundamental, en favorecer los intereses mercantiles de la City, y por eso su escenario bélico principal son la Colonias, la política exterior francesa sacrifica una y otra vez cualquier interés de las clases productivas a favor de los de la aristocracia guerrera.
Inglaterra guerrea por mercados, o por monopolizar fuentes de materias primas; Francia por la Gloria, y por ello el escenario bélico al que le dedicará casi toda su atención es el europeo, en donde el enemigo siempre es “digno”, o lo que es lo mismo, otra aristocracia guerrera.
O sea, que la muestra más clara de que la Nación francesa, El Tercer Estado, no es para nada el soberano, se encuentra en la derrota que en esa centenaria guerra sufre su país frente a Inglaterra, donde como monarquía parlamentaria al fin, ese “Tercer Estado” al menos algo comparte de la soberanía, y por tanto puede hacer que sus intereses sean tenidos en cuenta.
Podemos generalizar entonces y afirmar que de que en un país cualquiera una persona determinada, o algún grupo exclusivo, tenga el monopolio en la toma de las decisiones que atañen a dicho país, sin interferencias directas e intencionadas de algún otro poder externo a sus fronteras, no se sigue que la Nación que habita en dicho país sea soberana. Tampoco debe concluirse que la Nación necesariamente tenga ni la más mínima gota de soberanía, de que los gobernantes respeten las infinitas restricciones que se dan por sentadas en cualquier sociedad, sin tan siquiera concientizarlas al llegarles como tradición, o que de cuando en cuando deban inclinarse ante la voluntad nacional por miedo al uso de la violencia en su contra.
La Nación solo es soberana cuando es capaz de participar de modo no violento en la consensuación de las decisiones que le atañen; gracias a ciertas instituciones (Constitución, Habeas Corpus, prensa independiente…), y a una específica mentalidad (en la que lo esencial se encuentra en que los individuos sean capaces de aceptar su falibilidad constitutiva, sacar provecho de ella).
Nos ocuparemos a continuación de las justificaciones que, al día de hoy, suelen presentar quienes se apropian de la soberanía que le debería pertenecer a la Nación, y de si en verdad a través de esa usurpación se consigue remediar el problema que dicen querer enfrentar.
Aunque ya no es el fundamental, al presente suele echarse mano del mismo argumento, usado por tantos desde tiempo inmemorial, para justificar el gobierno de un Monarca o de una Oligarquía: Solo mediante esos regímenes puede asegurarse el mantenimiento del orden. Este argumento, sin embargo, era ya flojo hasta para los helenos conservadores del siglo V antes de Cristo, enfrentados a las democracias en ascenso en sus polis. Cualquiera que haya leído el Anábasis de Jenofonte, o que conozca las razones reales de la superioridad de lo ejércitos revolucionarios y napoleónicos franceses sobre los prusianos de su época, no podrá más que negarle refugio a dicho argumento aun en el arte militar; convertido por no pocos en una especie de paraíso de las formas autoritarias, y de los ordenamientos piramidales.
La justificación que nos interesa diseccionar, no obstante, es aquella que plantea que para mantener la independencia de la Nación, en un mundo que se unifica a pasos acelerados bajo la égida de las naciones occidentales, es imprescindible que el poder se concentre en manos de los pocos individuos conscientes de dicha amenaza: Solo gracias al control absoluto de la soberanía por estos individuos “extraordinarios”, la Nación podrá superar el peligro de desaparecer y ser absorbida por los Imperialismos occidentales.
Los sostenedores de esta última justificación tienen algo de razón: En el mundo actual no existe igualdad entre las diferentes naciones, ya que algunas tienen mucho más poder que otras. Mas al saltarse la explicación de dichas diferencias, al querer hacerlas desaparecer sin preocuparse por buscar sus causas, solo consiguen ahondarlas aún más.
Aunque es un proceso cuyo inicio no nos atrevemos a ubicar cronológicamente en ningún instante específico, es claramente discernible que ya desde finales del siglo XVII las sociedades occidentales han comenzado a organizarse de modos cada vez más complejos. Complejidad estructurada sobre una mayor participación de los individuos que componen dichas sociedades, sea a través de mecanismos o instituciones conscientes: el ágora (el voto, la libre expresión del pensamiento), o inconscientes: el mercado.
Es gracias a ese proceso automantenido y creciente de organización que las sociedades occidentales han logrado, por primera vez en la ya larga historia humana, concretar una civilización global. Es ese proceso automantenido de complejización total, que incluye desde las conciencias, pasando por las tecnologías y utillajes hasta las instituciones políticas, el que en definitiva le ha dado a las sociedades occidentales la ventaja que desde mediados del siglo XIX tienen sobre todas las demás civilizaciones.
O sea, dichas sociedades han logrado imponerse a todas las demás no porque, como pretenden muchos, la ética haya sido devorada en ellas por el individualismo y el egoísmo, creando sociedades de piratas, si no por que se han logrado articular de modo que las infinitas relaciones a su interior ganen cada vez mayor complejidad. Lo que las ha dotado para tener una infinitamente mayor capacidad de respuesta frente a situaciones nuevas e inesperadas; en muchos casos gracias a una también mayor habilidad para adoptar, con nunca antes experimentada facilidad, prácticas, instituciones, palabras… de otras civilizaciones, e incluso para darles un mucho mejor y más completo uso1.
Preguntémonos entonces: ¿No es una contradicción en sí querer enfrentar a sociedades que han logrado su ventaja actual gracias al aumento de la participación, y consiguiente expansión de la soberanía, mediante nada menos que el establecimiento de formas de soberanía exclusivista?
Querámoslo o no, vaya en contra de nuestros principios o no, tras ese proceso llamado modernidad las sociedades occidentales crecen en complejidad de modo exponencial, lo que las dota de una superior ventaja en la globalización que ellas mismas le han impuesto al resto del planeta. Y lo único que cabe hacerse para evitar vernos relegados en esa ya inexorable globalización es complejizar nuestras sociedades, y por consiguiente, extender el ejercicio de la soberanía en ellas.
O, si se es consecuente, a semejanza de los fundamentalistas islámicos, atarse una bomba de hidrógeno bajo la camisa y hacerla estallar en medio de ese mundo occidentalizado, para que todo quede igual que como estaba antes de aparecer esas satánicas formas de organización humana…